Ecologistas en Acción ha anunciado que ha concluido el procedimiento judicial que se inició en 2022 contra la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y cuatro ayuntamientos de la provincia de Cádiz, entre los que está Rota, Jerez, El Puerto de Santa María y Arcos, por la falta de implantación de un sistema de recogida separada de residuos.

Tramitado el procedimiento judicial ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Cádiz, ha quedado visto  para sentencia tras la práctica de las últimas pruebas, especialmente de informe pericial y de diversa documentación administrativa donde se evidencia, según este colectivo, algo conocido por todos los ciudadanos como la ausencia permanente por estos ayuntamientos de realizar la recogida separada de todos los residuos de  material plástico y metálicos (y no solo, como hasta ahora, de los envases de plástico y metal que realiza la  entidad Ecoembes), así como de los residuos orgánicos domésticos (biorresiduos).

Desde el año 2015 estos ayuntamientos están obligados a la implantación y gestión de los todos residuos plásticos y metálicos de forma separada por contenedores específicos o de forma puerta a puerta, y desde el año  2021 a la recogida separada de los biorresiduos, exigencias estas establecidas por las directivas europeas específicas de residuos, y desde la anterior Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados, y la actual Ley 7/2022.

Estas fechas límites para la implantación de los sistemas de recogida separada de estos residuos son de carácter obligatorio y de directa aplicación para los ayuntamientos, y no tienen carácter de recomendación o de medidas a promover voluntariamente como pretenden justificar la Consejería de Sostenibilidad y los ayuntamientos, argumentan los ecologistas.

Hasta la fecha, indica el colectivo denunciante, los cuatro ayuntamientos recogen estos tipos de residuos junto con los demás genéricos en los contenedores de la fracción resto y son llevados a la planta de tratamiento de  Las Calandrias, ubicada en el término de Jerez, donde, desde hace años se realiza una ínfima separación de los diferentes tipos de estos residuos, con porcentajes casi inexistentes de reciclaje de los mismos, lo que queda reconocido en los propios informes anuales que realiza la Consejería de Medio Ambiente sobre la gestión de esta planta de tratamiento, y que constan en los autos judiciales.

Ecologistas en Acción espera que por el Juzgado de lo Contencioso se dicte pronta sentencia que haga cumplir las exigencias legales vigentes, de carácter nacional y europea, ignoradas todos estos años, y que se están vulnerando de forma generalizada por los ayuntamientos de la provincia, concluyen.