En el año 2020, una vez concluida la legislatura 2015-2019,  publiqué la obra “Prometo por imperativo legal y bajo mi convicción republicana... (memorias de un concejal)”. Debido a la medida de confinamiento que nos obligaba la pandemia que estábamos sufriendo en aquellos momentos, no pude presentar mi libro públicamente. No llegó por tanto a demasiadas personas. Solo los más allegados adquirieron algún ejemplar. Pasado ya algunos años, he sopesado la idea de hacer llegar algunos capítulos de mis memorias políticas. De modo que iré intercalando mis artículos de opinión semanales con fragmentos de esas memorias. Ahí va el primero de ellos.

MEMORIAS POLÍTICAS DE UN CONCEJAL ( I )

"Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"

Una de las dificultades que se encontraron los ayuntamientos de aquella época fue la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad Financiera aprobada por el gobierno de la Nación. Esta Ley, aplicada a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, era consecuencia de la modificación del artículo 135 de la Constitución, por la que el pago de la deuda financiera estaba por encima de cualquier gasto, por social que éste fuera. Una de las medidas que acarreó esta Ley fue la implantación del Plan de Pago a Proveedores, por el cual el gobierno de la Nación obligaba a todos los ayuntamientos a convertir la deuda que mantenían con sus proveedores en deuda financiera. Esto es, se facilitaba el acceso a prestamos bancarios a los ayuntamientos con el fin de que satisficieran las deudas contraídas con los proveedores. Y, además, era de obligado cumplimiento. Para hacer frente a estos préstamos, los ayuntamientos tenían que elaborar un Plan de Ajuste con el que hacer frente a esta deuda. Se trataba, como he mencionado,  de convertir la deuda comercial en deuda financiera.

En el caso de nuestro ayuntamiento las dificultades aumentaron. Nos encontramos con una sentencia firme que condenaba a nuestro ayuntamiento a devolver a la Hacienda Estatal aquellos importes que se habían cobrado, vía compensación tributaria, por el impuesto de bienes inmuebles no afectos directamente a la defensa nacional y que se encontraban en el recinto militar de la Base Naval, y que una modificación de la Ley ( a instancia del grupo popular en el Senado) había “echado por tierra” y que nos obligaba a devolver las cantidades compensadas con carácter retroactivo. La enmienda presentada por el PP venía a expresar que todos los inmuebles dentro de un recinto militar están afectos directamente a la Defensa Nacional. Si nuestro Ayuntamiento había venido consignando en los presupuestos municipales una cantidad que rondaba el millón y medio de euros por los inmuebles del recinto militar que no tenían nada que ver con la Defensa Nacional (boleras,comercios, entidades bancarias...), ahora esa cantidad era reclamada con carácter retroactivo por mor de la modificación presentada por el Partido Popular en el Senado. Si el plan de ajuste que nos encontramos a la llegada al gobierno local era de 20 millones de euros ( que era la cantidad que sumaba la deuda con los proveedores), ahora teníamos que sumar otros tres millones merced a la sentencia antes citada ya que Hacienda nos reclamaba la devolución de dos ejercicios económicos.  A estas cantidades había que sumar además la deuda que nuestro Ayuntamiento tenía que asumir como integrante de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y que, tras la disolución de ésta por quiebra económica, superaba los cinco millones de euros. Todas esas cantidades, sumadas a los préstamos ya contraídos con la Banca, sumaban más de cuarenta millones de deuda viva o financiera. Esa era “la herencia” que recibimos. Sin contar con la deuda no financiera, que venía a sumar también una cantidad importante.

    De vez en cuando aparecía un nuevo gasto originado por la pésima gestión llevada acabo por los anteriores gobernantes. Gastos sobrevenidos, le denominábamos, que se sumaban a la deuda. Eran gastos que no estaban consignados presupuestariamente. De ahí lo de "sobrevenido".  Recuerdo un caso muy significativo por la cuantía que recogía. Se trataba de una denuncia interpuesta por el propietario de un terreno  que el Ayuntamiento le había expropiado para llevar a cabo en él la construcción de un parque. Concretamente, el parque “San Fernando”. Al parecer, la valoración llevada a cabo por los técnicos municipales era de poco más de 100.000 euros ( exactamente, 17 millones en pesetas, la moneda de la época). Pues bien, el propietario del terreno expropiado denunció ante la Justicia el precio de valoración dado por los servicios técnicos del Ayuntamiento y ésta le dio la razón. Así que, al cabo del tiempo, el Ayuntamiento negoció un pago fraccionado de la cantidad real dada a dicho terreno. El precio era más de tres veces el valor dado por los técnicos municipales. Eran más de 300.000 euros ( unos cincuenta millones de pesetas).    

    Este hecho ocurrió sobre 1997. Se empezó a pagar, tal como acordaron las partes, pero unos años después, en el año 2006, no se sabe porque razón se dejó de efectuar estos pagos.

    Once años después, en 2017, la cantidad adeudada pendiente, más los intereses de demora acumulados, ponían la deuda en 370.000 euros. La notificación del Juzgado para hacer efectivo el pago era inmediata. Se intentaron nuevas negociaciones con el propietario, pero éste no atendió a razones y reclamó la deuda al completo. Sobre el alcalde pesó la amenaza de ser embargada su nómina si no se atendía al requerimiento de pago. Recuerdo que fue un varapalo para el presupuesto municipal.

    Otro caso de los "gastos sobrevenidos" fue la reclamación del pago de los intereses que Hacienda nos reclamaba por las compensaciones que nuestro Ayuntamiento había efectuado por el  IBI de la Base (que ya he comentado anteriormente) y que ascendía a cerca de ochocientos mil euros. Hubo más casos, pero estos los destaco por lo significativo. (Continuará)