El PSC, la marca catalana del PSOE, ha pactado un concierto económico para Cataluña con ERC con el fin de facilitar la investidura de Salvador Illa como Presidente de la Generalitat. El resto de los gobiernos autonómicos han erguido las antenas ante la amenaza que puede suponer un privilegio económico para Cataluña en detrimento de sus territorios. No todos. Tanto el País Vasco como Navarra tiene ya su propios cupos. Entre cupos, conciertos económicos, financiación económica... el personal puede perderse. Entre ese personal, me incluyo.
Trato de entenderlo con la ayuda de una metáfora, a través de una figura.

España es una familia numerosa cuyos componentes viven en un gran recinto. No en vano son diecinueve los miembros que forman parte de esta gran familia, además de las suites correspondientes para los padres y el representante oficial (léase gobierno y monarca).

Cada uno tiene asignado su espacio, sus habitaciones, y la mansión tiene, ¡cómo no!, zonas comunes.
Los padres, el gobierno de esta gran vivienda, la administran lo más equitativamente que pueden, de tal modo que ninguno de sus hijos pasen penurias económicas.

Todos los hijos están trabajando. Unos ganan más que otros según su empleo.

El sueldo que percibe cada hijo es entregado a los padres para que éstos, tras pagar los gastos comunes (ya saben: comida, suministro eléctrico, gas, agua...) distribuya el dinero sobrante a partes iguales entre todos ellos.
Surgen los problemas. Los hijos que más dinero ganan, proponen a los padres otra fórmula para contribuir a pagar los gastos de la casa. Ellos se harán cargo completo de su sueldo  y pagarán los gastos que les correspondan. A cambio, le entregan a los padres un dinero cada mes. Es decir, no quieren recibir dinero; desean, más bien, administrar sus propios ingresos y pagar la parte que le corresponda de los gastos de la casa común.

Los que menos ganan no pueden permitirse el lujo de copiar el invento de sus hermanos ricos. Entre otras cosas porque lo harían más pobres. Prefieren que sean los padres quienes les reparta su parte todas las mensualidades antes que pagar ellos proporcionalmente los gastos y quedarse con el resto, porque el saldo resultante sería ínfimo.

Soy consciente de que el ejemplo que he expuesto es muy simplón. La situación es más ardua, por supuesto. Pero puede servir para entender los entresijos de la financiación del sistema autonómico.

Dejando a un lado los cupos del País Vasco y Navarra, recogidos en sus correspondientes Estatutos de Autonomía por cuestiones históricas y aprobados en su día por todos los partidos políticos por unanimidad, nuestra Constitución recoge en su artículo 138 que: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.
Y añade: "Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.

El debate está servido.