Con motivo del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se celebró ayer, 26 de junio, ENLACE, Red de Atención a las Adicciones de Andalucía, y la Asociación Local de Ayuda al Toxicómano (ALAT) de Rota, han querido dejar constancia de algunas de las necesidades que siguen teniendo para ayudar a personas con adicciones, trasladando a las administraciones algunas de sus peticiones y reivindicaciones con el fin de que sean tenidas en cuenta. 

En el ámbito de la atención integral y coordinación de recursos, demandan la creación de protocolos de coordinación y derivación con servicios sociales y otros recursos, como centros de salud, centros de tratamiento ambulatorio y unidades de salud mental, para ofrecer una atención integral a las personas con problemas de drogodependencias. Además, solicitan una mayor coordinación con el ámbito social, educativo y comunitario para asegurar una respuesta comprensiva y eficaz, facilitando el acceso a todos los recursos disponibles.

De igual forma, reclaman una formación continua y especializada en áreas como adicciones, género, salud mental, justicia restaurativa, programas de reducción del daño y prevención, para todas las personas involucradas. Esto incluye formación para el personal de prisiones, administración, jueces y juezas, fiscales y  demás miembros de la judicatura, así como para profesionales de salud y del ámbito educativo. La formación  debe incluir la importancia de la reducción del estigma y la incorporación de la perspectiva de género,  asegurando que estén equipados con las competencias necesarias para mejorar la calidad de la atención  ofrecida y abordar estas problemáticas de manera efectiva. Solicitan también que sean incluidas en las ofertas de formación que realiza la administración para profesionales, garantizando que cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para brindar una atención de calidad y efectiva en sus intervenciones; y piden financiación adecuada y sostenible para los programas de atención a personas con problemas de drogodependencias y de prevención, permitiendo la implementación de programas más extensos y continuos, con objetivos y finalidades claras.

Por otro lado, reivindican que las convocatorias de subvenciones deben tener una definición clara y anticipada de  las fechas, lo que permitirá una buena planificación laboral y familiar, así como evitar los retrasos en los pagos; piden la simplificación de la carga burocrática en las convocatorias de subvenciones, equilibrando el  dinero otorgado por las subvenciones y las exigencias en las justificaciones, reduciendo los trámites  administrativos y facilitando la gestión de los programas y la utilización eficiente de los recursos; que se establezcan mecanismos que aseguren una distribución equitativa de los recursos, garantizando que todas las  entidades, independientemente de su tamaño, tengan acceso a la financiación necesaria para llevar a cabo su  labor de manera efectiva.

Por otro lado, piden que se tengan presentes las especificidades de género en todos los programas relacionados  con las adicciones, incluyendo los de tratamiento, inserción laboral, reducción de daños,  prevención, y atención en prisión. Es fundamental dignificar los trabajos feminizados y asegurar la igualdad de  oportunidades para todas las personas, independientemente de su género. Además, es crucial reducir el estigma específico que enfrentan las mujeres que usan drogas y visibilizar sus necesidades específicas en todos los programas y recursos de la red de adicciones.

ENLACE y ALAT solicitan además una mayor participación de las entidades sociales, especialmente las más pequeñas, sus trabajadoras y las personas voluntarias, en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas relacionadas con las adicciones y la prevención, asegurando que sus experiencias y necesidades sean tenidas en cuenta.

A este conjunto de reivindicaciones se le suma las demandas específicas para la mejora de la atención a personas en prisión para lo que demandan el traspaso de competencias en materia de sanidad penitenciaria a la comunidad autónoma andaluza, para mejorar la atención sanitaria en los centros penitenciarios, garantizando un acceso adecuado y equitativo a servicios de salud y rehabilitación para todas las personas en prisión, incluyendo atención médica, psicológica y programas de desintoxicación.

Reclaman también, una financiación directa y estable de las Instituciones Penitenciarias (IIPP) para los programas como PRIA, TASEVAL, Justicia Restaurativa, y otros, garantizando así su sostenibilidad y efectividad.

Solicitan la actualización de los contenidos de los programas penitenciarios por parte de IIPP, incluyendo en ellos como ejes transversales las temáticas de adicciones y género, por su importancia en el proceso de rehabilitación, y flexibilizándolos en función de los perfiles de las personas participantes, con la colaboración y el asesoramiento de las entidades que los ejecutan.

Piden mejoras en la situación de las mujeres en prisión, asegurando un acceso igualitario a destinos, actividades y atención por parte de IIPP, eliminando cualquier forma de discriminación; así como que se implemente un sistema de cruce de bases de datos entre las distintas administraciones (CPD) para mejorar la coordinación y la atención integral de las personas privadas de libertad.

Demandas específicas para la mejora de los programas de prevención selectiva

Por otro lado, demandan financiación estable adecuada y sostenible para los programas de prevención de drogas, permitiendo la implementación de programas más extensos y continuos, con objetivos y finalidades claras; que se fomente la participación activa de todos los agentes clave (familias, contextos sociales y  educativos) desde el inicio hasta el final de los programas de prevención, así como una mayor colaboración y  coordinación entre las distintas administraciones y entidades sociales, asegurando una respuesta integral y coherente a la problemática de las adicciones; reclaman la unificación de criterios y metodologías en materia de prevención, promoviendo un trabajo coherente y coordinado entre todas las entidades y administraciones implicadas; solicitan el apoyo a programas integrales e innovadores que aborden las diversas dimensiones del consumo de drogas, incluyendo factores individuales, familiares y comunitarios, con la adopción de nuevas estrategias y tecnologías que puedan aumentar su efectividad.

Demandas específicas para la mejora de los programas de tratamiento, incorporación sociolaboral y reducción del daño

En este apartado, se demanda el refuerzo integral de la red pública de atención a las adicciones. Esto incluye establecer un servicio permanente de Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH), aumentar la dotación de personal e infraestructuras en los centros de tratamiento ambulatorio, incrementar el número de plazas en comunidades terapéuticas y viviendas de supervisión a la reinserción. Además, es crucial crear recursos específicos para personas con patología dual, tanto de carácter ambulatorio (centros de día) como residencial, destinados a aquellas personas que no cuentan con apoyo social. Es fundamental que la financiación de la atención jurídica se gestione directamente desde la administración pública para asegurar su adecuación y continuidad.

Por otro lado, solicitan una mayor dotación económica para el programa Arquímedes y la reanudación de la Red de Artesanos, asegurando su sostenibilidad y efectividad en la inserción sociolaboral de las personas usuarias de drogas, así como la creación de nuevos programas de este ámbito con requisitos más flexibles y adaptados a las realidades de personas con baja exigencia, que incluyan la posibilidad de recaídas puntuales.

Reclaman un mayor énfasis en el trabajo de intervención psicosocial, de carácter individual y grupal, para facilitar la incorporación laboral de las personas usuarias de drogas, proporcionando apoyo personalizado; que se establezcan cauces y estrategias para reducir el estigma sociolaboral de las personas con adicciones, promoviendo su integración y aceptación en el entorno laboral y social; y que se amplíen recursos y servicios dedicados a la reducción del daño y que los programas desarrollados en este sentido se doten al mismo nivel que los programas de prevención e inserción sociolaboral, reconociendo su importancia en la estrategia global de atención a las personas usuarias de drogas.

Demandas respecto a la gestión de personal de las entidades sociales

Por último, en esta larga lista de reivindicaciones, ALAT y ENLACE exigen estabilidad financiera para los programas desarrollados por las entidades sociales del ámbito de las adicciones, a través de una definición clara y anticipada de las fechas de las convocatorias de subvenciones, que permita una buena planificación laboral y familiar, para reducir la incertidumbre constante y asegurar la continuidad de dichos programas y la seguridad laboral de las personas trabajadoras.

Reclaman la posibilidad de imputar las bajas laborales del personal contratado en las subvenciones, garantizando así la estabilidad y el bienestar de las personas trabajadoras; y que haya un mayor reconocimiento y apoyo institucional a la labor de las entidades sociales y su personal laboral, facilitando su formación y desarrollo profesional y reconociendo su contribución crucial a la sociedad.