Rocío Jiménez es una vecina de Rota que vive una situación muy complicada ya que pese a tener una vivienda, esta se encuentra okupada desde hace tres años, lo que le impide alojarse en su propia casa.

La situación se ha vuelto para esta ciudadana muy grave, y aunque desde la Plataforma  de Afectados por la Okupación Ley Antiocupa, con quien ha hablado este medio, están intentando ayudarla desde hace un año, no han encontrado la solución.

La triste historia de Rocío empezó hace tres años cuando decidió por necesidad, ya que se encontraba en paro, alquilar su vivienda e irse a vivir con su pareja. La familia a la que alquiló su propiedad le pagó solo los dos primeros meses y a partir de ahí, nunca más la propietaria recibió un euro de la renta. Al tiempo, Rocío rompió con su pareja, este vendió la casa en la que vivían y esta vecina de Rota, se quedó de repente sin tener dónde ir. A sus 60 años, está desempadronada de oficio del domicilio en el que vivía con su pareja y no puede volver a empadronarse en su propiedad porque al estar la familia okupa, asegura la plataforma que le da cobertura, que el Ayuntamiento no se lo permite.  Este hecho, no tener un domicilio, le impide cuestiones tan básicas como tener un médico asignado para atención primaria, ejercer su derecho al voto, no optar a ayudas, etc.

Durante tres años, la mujer, que tiene 60 años, ha vivido alternando entre su trastero convertido en su único techo, y la ayuda de una amiga que durante año y medio la ha venido apoyando, pero es una situación que Rocío no quiere alargar más. Necesita volver a su casa, pero para ello, alguien tiene que echar a los okupas de su vivienda. Dado que hay un decreto ley que impide los alzamientos a personas vulnerables, como se suponen que son los okupas, nadie actúa. La cuestión es que Rocío, propietaria de su vivienda, está en una situación aún peor que los okupas de su casa, y es aparte de injusto, desesperante.

Desde la Plataforma de Afectados contra la Okupación aseguran que se han puesto en contacto con los Servicios Sociales de Rota y que la delegada municipal solo le ofreció la posibilidad de acogerse a una ayuda de 300 euros mensuales para un alquiler que debía buscarse la afectada. El mercado de la vivienda en esta localidad es bastante complicado pero lo es aún más si la persona está en paro, no puede optar a ayudas "porque las administraciones la han convertido en un paria" y por tanto, buscarse una vivienda es casi una utopía. 

Según reivindica la plataforma acogiéndose a la ley, serían los Servicios Sociales lo que deberían buscar una alternativa habitacional para los okupas de la vivienda de Rocío, compuesta por una pareja y dos hijos, y que su legítima propietaria pueda volver a su casa. Pero algo que parece lógico, no se está llevando a cabo. La situación se ha denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz y aunque han recurrido al Ayuntamiento de Rota, de hecho hace un año por registro solicitaron una cita, insiste la plataforma en que los Servicios Sociales están haciendo dejación de su obligación perjudicando a una ciudadana que se ha visto totalmente desprotegida por la "incompetencia" de las administraciones públicas.

Rocío quiere trabajar y tiene una casa a la que volver para poder vivir dignamente, pero parece que no es suficiente y se ha visto abocada a un túnel del que hace tiempo le cuesta ver la luz quedándose en una situación de total vulnerabilidad y exclusión social.  Los pocos metros de su trastero están llenos de cajas, cuenta con un colchón en el suelo y un mínimo espacio para moverse, pero es lo único que tiene.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación recuerda que por ley, las administraciones públicas tienen que encargarse de buscar una alternativa habitacional a las personas en situación vulnerable, que en este caso, serían los okupas, para que Rocío pueda volver a su casa.  Este extremo no se está cumpliendo, según denuncian, y dado que el decreto ley del Gobierno impide los alzamientos hasta el 31 de diciembre de 2024, tampoco se puede iniciar un proceso de desahucio a los okupas.

Según la plataforma, "el Ayuntamiento de Rota utiliza a una persona vulnerable como escudo social, obviando sus obligaciones".

Hasta ayer, Rocío contaba con su trastero donde tenía una cama y sus pertenencias como único espacio donde cobijarse, pero desde ayer ya no puede hacerlo porque al parecer, un aviso a Policía Local hizo que agentes se personaran y le dijeran que allí no podía estar.

La situación no puede ser peor para esta vecina,  que vive de la caridad de sus amigos, desesperada y  que se ha convertido "en una ciudadana sin derechos" pese a tener su casa "porque el Ayuntamiento no hace su trabajo", concluyen desde la plataforma.