Tras conocerse a principios del pasado mes de noviembre de 2023 la ratificación de la sentencia dictada tres años antes por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz  sobre el caso 'convenios urbanísticos' de Rota, quedó pendiente saber cuál era la cantidad que la concejal del PSOE, entonces secretaria general del partido que presentó la querella, Encarna Niño, debía pagar. Y es que la socialista fue condenada por el Tribunal Supremo al pago de las costas del juicio y del gasto ocasionado al promotor Felipe Castellano que al igual que el resto de investigados, resultó absuelto.  La sentencia era clara contra la concejal del PSOE, acusándola de haber actuado "con temeridad" y "mala fe" en la acusación popular ejercida.

Aunque la cantidad exacta a pagar aún no se sabe, ya que debe ser la Audiencia Provincial de Cádiz la que lo determine, sí ha trascendido que el empresario Felipe Castellano, reclama el pago de 117.230,80 euros a la concejal socialista de Rota. Es la petición que al poco de salir la sentencia del Tribunal Supremo trasladó a la Audiencia de Cádiz, y que ahora se ha hecho púbica.

Sería una cantidad que vendría a compensar, según los cálculos del empresario roteño, los gastos de su defensa (abogados y procuradores) y las facturas de los peritos de parte que declararon y que tuvo que desembolsar desde que en 2012 se iniciara el litigio en los tribunales para defender su inocencia. Felipe Castellano tuvo que defenderse  delitos de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

La petición de los 117.000 euros no significa que sea la cantidad final que tenga que pagar la concejal Encarna Niño, ya que, según ha sabido este medio, será el letrado de la Administración de Justicia el que teniendo en cuenta esa reclamación de Felipe Castellano, que debe acreditar que efectivamente tuvo gastos que ascienden a ese montante,  deberá hacer llegar a las partes la propuesta económica para que se pronuncien, y en base a ello, dictaminar la cuantía final a pagar.

De momento, a las 14.00 horas de este miércoles, el PSOE de Rota, formación que impulsó la denuncia que generó la investigación del caso 'convenios urbanísticos' no ha recibido notificación alguna, ya que aunque la firmante de la querella era Encarna Niño, siempre se ha defendido que era una acción de partido. Precisamente por eso, antes de conocer la petición de los 117.000 euros del empresario, el portavoz socialista, Daniel Manrique, ya aseguró en rueda de prensa en noviembre de 2023, que sería el partido el que asumiría el gasto. Cuestión que ha ratificado hoy a este medio.

Por tanto, de momento, lo que se conoce es la cifra que reclama Felipe Castellano pero no la que definitivamente, tendrá que asumir la concejal del PSOE en concepto de costas del juicio y de costas al empresario local.

Caso 'convenios urbanísticos'

Hay que recordar que la sentencia que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz dictó en noviembre de 2020 sobre el conocido como caso de los 'convenios urbanísticos' del Ayuntamiento de Rota, que implicaba al que fuera alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos), a la entonces delegada de Planteamiento, Eva Corrales (PP), y al constructor Felipe Castellano, además de un técnico municipal y el secretario municipal, fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2023 y los acusados quedaron absueltos finalizando de este modo, un largo proceso judicial que ha durado algo más de diez años.

El noviembre de 2023 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación que tras conocer el PSOE la sentencia de la Audiencia Provincial hace tres años, presentó la entonces secretaria general socialista de Rota, Encarna Niño, que durante este tiempo ha ejercido la representación de la acusación popular. Con aquella desestimación, contra la que no cabía recurso, se dio por zanjado este litigio judicial iniciado por los socialistas por ver en los tres convenios urbanísticos firmados entre 2009 y 2010 entre el Ayuntamiento de Rota y la empresa constructora de Castellano varias irregularidades y motivos para pensar que el entonces alcalde se lucraba a través de ellos.  Como ya disponía la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, y en contra de lo que en su día mantenían el PSOE y el Ministerio Fiscal que sí veían indicios de delito, los hechos no fueron probados y quedaron absueltos los acusados.

En la sentencia, firmada el 18 de noviembre de 2020, la Audiencia Provincial y ratificada or el Tribunal Supremo, se recogía que Lorenzo Sánchez "no adjudicó a dedo obras públicas ni obtuvo suculentos beneficios" con estos convenios urbanísticos. Es más, añadía que el volumen de contratación entre las empresas de Lorenzo Sánchez y las de Felipe Castellano en el periodo comprendido entre 2007 y 2011 "sufrió un decremento continuado hasta acumular una disminución total del negocio de más del 28%".

También destacaba la sentencia que estos convenios se suscribieron conforme a las normas administrativas y legales de contratación pública, apostillando incluso que la propia querellante, Encarnación Niño, "facilitó que los convenios se tramitaran y se aprobaran sin ninguna objeción al respecto".  La misma sentencia recogía que la concejal socialista actuó con "mala fe" y "temeridad" en su acusación.