Miembros del grupo 'La Plazoleta - Ecologistas en Acción Rota' estuvieron presentes hace un par de semanas en la concentración convocada en Sevilla como inicio de las movilizaciones contra la reapertura de las minas de Aznalcóllar.

Esta concentración estuvo convocada por la plataforma en contra de esta reapertura de la que forma parte Ecologistas en Acción, Greenpeace y 50 colectivos más, además de algunos de los ayuntamientos afectados por ella.

La fecha de 25 de abril no fue casual, ya que hace 26 años se produjo la trágica y devastadora rotura de la balsa de la mina propiedad de la multinacional sueca Boliden, en la localidad sevillana de Aznalcóllar.

Este desastre se había estado denunciando años antes, pero las administraciones públicas no quisieron actuar para evitarlo.

Como resultado, la madrugada del 25 de abril, se abrió una brecha de más de 50 metros en el muro de la balsa que provocó un vertido en la cuenca del río Guadiamar de 6 millones de m3 de lodos contaminantes y la muerte de la población animal y vegetal de la zona. También se vio afectado el espacio natural de Doñana, convirtiéndose en el mayor desastre ecológico producido en España.

La mayor parte de estos lodos tóxicos se recogieron y se almacenaron en la llamada corta de Aznalcóllar -CAZ-; un hueco minero donde siguen depositados junto con agua, también, tóxica y cargada de metales pesados. La calidad de las aguas subterráneas está amenazada desde entonces.

Debido a la gran toxicidad de la zona, la administración se vio obligada a actuar, creando el llamado Corredor Verde del Guadiamar, donde se prohibió la agricultura, la caza y el pastoreo para evitar la transmisión contaminante a la cadena alimentaria.

No obstante, y esto es lo que denuncian los colectivos, "parece que el paso del tiempo ha borrado la huella del desastre porque la Junta de Andalucía está ultimando autorizaciones para que la empresa Minera Los Frailes pueda reiniciar la activad minera". Es de destacar que esta empresa, que es también propietaria de la española Magtel y la mexicana Grupo México, es responsable de un vertido contaminante en el río Sonora, en México, en agosto de 2014.

Los grupos ecologistas no entiende cómo se siguen tramitando las autorizaciones, ya que está previsto que entre marzo y julio del 2025 sean juzgados en la Audiencia Provincial de Sevilla 14 funcionarios y funcionarias y responsables políticos de la Junta de Andalucía, así como los propietarios de Magtel por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación ambiental.
Lo lógico, según los grupos manifestantes, es que por principios de precaución y seguridad jurídica se paralizaran las autorizaciones; pero temen que se vaya a volver a repetir la catástrofe de 1998 en todos los sentidos ya que en esa ocasión Boliden se ha librado de toda responsabilidad judicial y económica.

Este proyecto de reapertura de las minas de Aznalcóllar  incluye la construcción de una tubería 30 km. desde el recinto minero de Aznalcóllar, pasando por Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce hasta el Estuario del Guadalquivir, en Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla ciudad, frente al estadio de La Cartuja. Por esta tubería se verterán 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados durante más de 18 años. Inicialmente se pretende verter 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses, de los cuales 15.000 millones proceden del vaciado de la Corta de los Frailes y 2.520 millones de la Corta de Aznalcóllar, lugar donde están almacenados los lodos tóxicos desde 1998. Posteriormente se verterían 4.000 millones de litros anuales durante 17 años.

Se presupone un proceso de depuración, pero desde la plataforma recuerdan que la carga contaminante acumulada tiene un alto contenido en arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales; e indican que este vertido envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda y a las puertas del Parque Doñana poniendo en cuestión la seguridad alimentaria de los arrozales de la zona y la cría de alevines del golfo de Cádiz.

Desde la Junta de Andalucía se esgrimen argumentos como la carga de trabajo directo e indirecto que proporcionará esta reapertura. Sin embargo, no se especifican los puestos de trabajo que se perderán, las zonas que se degradarán, las especies de flora y fauna que desaparecerán, la contaminación que provocará y la afección grave de la seguridad alimentaria, señalan los grupos ecologistas.

Por eso, unas 300 personas se congregaron en este primer llamamiento en el llamado Muelle de la Sal, donde se leyó un manifiesto e intervino un miembro de Ecologistas en Acción y otro de Greenpeace, además del alcalde de Coria por ser una de las zonas que a buen seguro, se vea afectada si se sigue adelante con el proyecto de reapertura planificado por la Junta de Andalucía.  

Se ha iniciado una recogida de firmas para intentar paralizar lo que los ecologistas señalana como un  "nuevo desastre medioambiental".