La existencia de un parque público de viviendas suficiente en España ha sido siempre un problema. Con el paso del tiempo, este se ha agudizado por diferentes factores.

Nuestra ciudad no queda al margen.

Rota ha sido una de las avanzadillas en eso que se viene denominando alquiler vacacional. No solo por nuestra situación privilegiada desde el punto de vista geográfico y por las bondades climáticas de las que gozamos prácticamente todo el año, sino por el establecimiento de la Base Militar en nuestro término municipal. No descubro nada al afirmar que en torno a esta gira la mayoría de la economía local, en la que se incluye los alquileres al personal militar norteamericano.

En Rota, los que han podido, han invertido sus ahorros en la adquisición de una segunda vivienda. Los más pudientes en más de una. Pero lejos de que esto pueda parecer una solución a la falta de viviendas para los más jóvenes por aquello de ofertar viviendas en régimen de alquiler por parte de sus propietarios, se convierte en todo lo contrario. Los propietarios prefieren alquilar sus viviendas al personal militar norteamericano o, en su defecto, ofertarlas a los que deciden elegir nuestra ciudad como lugar para pasar sus vacaciones veraniegas. En estos últimos casos procurando que la Agencia Tributaria desconozca estos ingresos, dicho sea de paso. Si unimos a “esta cartera de clientes” la tendencia actual del alquiler vacacional regulado (los pisos turísticos), cualquier familia que lo precise se encuentra con un verdadero problema a la hora de encontrar una vivienda para arrendar.

Otra situación  que se une a las mencionadas es la existencia de las segundas viviendas. Según el informe elaborado por el Jefe de Servicio Municipal de Aguas de la empresa FCC Aqualia y por el Director Técnico  de la empresa municipal MODUS (a petición del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana) en el núcleo urbano de Rota el parque de segundas viviendas supera las nueve mil, de un conjunto total de viviendas de cerca de veintiocho mil.

Ignoro la situación actual de los demandantes de viviendas locales, aunque seguro que habrá aumentado en los últimos años. Aumentar el parque de viviendas públicas es ya una prioridad en el conjunto del Estado. También en Rota.

Cuando en cualquier charla coloquial sale a relucir la problemática de la falta de viviendas y el encarecimiento de los alquileres en nuestra localidad, siempre recuerdo el caso del solar donde se levantaban las denominadas “viviendas de los maestros” en la barriada de El Molino. Rememoro el enfrentamiento por parte de los representantes políticos y la oposición de los vecinos de la propias barriada. “Aparcamientos sí; viviendas no”, rezaba la reivindicación en aquella pancarta que los vecinos de la barriada portaban en el pleno en que se debatía la propuesta de construir viviendas de Protección Pública en aquel solar. Enmendar el artículo 47 de la Constitución en el que se proclama que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, por “todos los ciudadanos que posean coche tienen derecho a un aparcamiento”, resulta nada progresista, muy poco social y preocupante desde el punto de vista medio ambientalista. Lo chocante es que esa medida contó con la oposición de ciudadanos de la izquierda ideológica. “Cosas veredes amigo Sancho”.