El PP de Rota quiere mostrar su apoyo al sector de la agricultura y la ganadería con una moción que elevará al pleno de este miércoles, pidiendo a la Corporación municipal qiue apoye una serie de medidas que instan al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que actúen defendiendo cada uno desde sus competencias, los derechos de los agricultores y ganaderos.

En una extensa explicación sobre los problemas que atraviesan los profesionales del campo, que llevan años sufriendo de forma continua, amenazas que ponen en riesgo la continuidad de su actividad de producir alimentos, los populares llaman al apoyo unánime de los concejales del Ayuntamiento de Rota.

Agricultores, ganaderos y restos de agentes de la cadena alimentaria vienen denunciando que hay demasiadas incertidumbres: no tener la seguridad de poder disponer de los recursos hídricos necesarios para sacar adelante las cosechas debido a una catástrofe climática como la actual sequía, o tener que soportar gran parte del incremento del coste de los insumos tales como los fertilizantes y los piensos; los carburantes como el gasóleo, la energía eléctrica,  entre otros, sin poder repercutirlos en el precio de sus producciones, llegando a en muchos casos a la venta a pérdidas, son parte de problema, pero no la única.

A ello, explica la moción del PP, hay que añadir el complejo marco normativo al que se enfrenta el sector agrario en los últimos años. Solo en 2022 el Gobierno de España aprobó más de 19 reales decretos, normativa que incrementa la burocracia, fomenta las imposiciones y repercute de forma negativa en el sector de forma directa y en el consumidor de forma indirecta generando mayor desánimo y frustración entre agricultores y ganaderos. Los marcos normativos tan exigentes, dicen desde el PP, en muchas ocasiones "carentes de justificación técnica o científica", redundan en una merma de la productividad y por tanto, de la rentabilidad, principio básico del equilibrio del mercado.

Desde este partido recuerdan que el sector agroalimentario es estratégico para Andalucía, y agricultores y ganaderos alimentan a más de 500 millones de ciudadanos europeos y otros mercados internacionales del resto del mundo con productos de alta calidad, siendo uno de los sectores productivos más importantes y estratégicos de Andalucía, al representar el 13% del Producto Interior Bruto de la Comunidad y generar el 10% del empleo en nuestra tierra.

Desde el punto de vista social, también este sector tiene su enorme importancia, porque evita la despoblación y asegura el relevo generacional, además desde el punto de vista medioambiental es el propio sector el primer interesado en el mantenimiento y conservación del medio ambiente, siendo líder en Europa en producción ecológica, aplicación de sistemas de producción integrada, ecosistemas productivos únicos en el mundo como la dehesa, la ganadería extensiva tradicional y trashumante. El PP añade que existe un compromiso del gobierno andaluz en materia de sostenibilidad, con la 'Revolución Verde' puesta en marcha en la comunidad.

Los populares, ante las movilizaciones de los ganaderos y agricultores, expresa que el gobierno de la Junta de Andalucía ha  mostrado su respeto y apoyo a las justas reivindicaciones del sector y ha reiterado su compromiso con el campo andaluz, con medidas como la aprobación en Consejos de Gobierno de mecanismos de auxilio y ayudas para afrontar los efectos derivados de situaciones extraordinarias y excepcionales como la pandemia de Covid, la guerra de Ucrania, con los incrementos de costes de producción asociados, o la sequía. En relación a esta última, por ejemplo, indican desde el PP, se han establecido medidas específicas para paliar los desastrosos efectos que una catástrofe climática como la actual y pertinaz sequía está generando en sus explotaciones, tales como las ayudas de mínimos o las relativas para poder invertir en material de transporte de agua para el ganado.

En la extensa moción que presenta este partido al pleno para su debate, se hace mención a algunas otras medidas adoptadas por la Junta como la convalidación del cuarto Decreto de sequía en cinco años de gobierno del Partido Popular, lo que significa poner en marcha medidas que superan los 500 millones de euros; además de impulsar ayudas fundamentales como las relativas a su modernización, sector agroindustrial, incorporación de jóvenes agricultores,  agroambientales, seguros agrarios, mejora de caminos rurales como el Plan Itínere o el impulso de la incorporación de la mujer en la actividad agraria mediante convocatorias específicas.

Las modificaciones de la PAC que no benefician a los agricultores y ganaderos o políticas del Gobierno central que entienden que asfixia a estos profesionales, son abordadas en una propuesta que básicamente, pide al pleno varios puntos.

En primer lugar, que el Ayuntamiento de Rota inste al Gobierno de España a que éste promueva ante los correspondientes organismos de la Unión Europea la reforma, rebaja y modulación razonable de las exigencias de la nueva PAC en materia agroambiental que al imponer determinadas medidas, supone entre otras consecuencias, la pérdida de competitividad, la reducción de la producción e incluso la inviabilidad de muchas explotaciones agrarias, que amenaza el relevo generacional.

En segundo  lugar, que se inste a la Junta de Andalucía a que en el marco de sus competencias continúe adoptando medidas para la reducción de la burocracia en el sector agrario y  que se inste al Gobierno de España a que este haga lo propio sobre dicha materia y promueva la necesaria reforma en el seno de la UE que consiga la simplificación administrativa deseable y una mayor implicación del funcionariado en la gestión de los respectivos expedientes.

En tercer lugar, la moción pide al Gobierno de España que promueva ante la Unión Europea la reforma, la formulación y la nueva regulación de la Agenda 2030, en el sentido de acompasar los objetivos de la misma con el crecimiento económico y la producción del sector primario, para una mejora del estado del bienestar.

En cuarto lugar, que se inste al Gobierno de España a que, dado el incremento del 67% del gasóleo agrícola en los últimos cuatro años, se proceda a modificar el RD-ley 5/2023 en el sentido de mejorar la insuficiencia de las ayudas previstas en sus respectivos periodos, así como a que se cree un gasóleo profesional agrario de consumo en los usos profesionales de las explotaciones, con un tipo impositivo de IVA rebajado al 10% y a que se fije el mínimo establecido para el Impuesto Especial de Hidrocarburos en el 0,021 €/l y a que el Gobierno central modifique la bonificación del IEH, de cara a situarlo de nuevo en los niveles permitidos por la UE, es decir 75,71 €/1000 litros.

En quinto lugar, la moción suma que se inste al Gobierno de España a que este promueva en el seno de la Unión Europea acabar con la competencia desleal de terceros países especialmente con medidas referidas a; la exigencia de cumplimiento de control fitosanitario de la normativa europea para todos los productos que entran de países extracomunitarios; claridad en el etiquetado; más controles e inspecciones a la importación y los respectivos cupos autorizados;  idénticas exigencias legales a la producción, exportación y comercialización; y subsidiariamente la imposición de aranceles a productos extracomunitarios.

El sexto punto, se centra en instar igualmente al Gobierno de España a que lleve a cabo una modificación legal, entre otras, de la Ley 7/2023 de 28 de marzo y a que reforme su normativa y promueva en el seno de la Unión Europea la mejora de las exigencias europeas en esta materia, y en especial las medioambientales y de protección de especies, que atenten contra la agricultura, la ganadería, la pesca y la zonas rurales ya que suponen muchas veces inversiones inasumibles para el sector, elaboradas desde el desconocimiento y el sectarismo ideológico.

El punto siete, pedirá que se adopten las acciones necesarias para el cumplimiento de la ley de precios, adoptando entre medidas, las destinadas a combatir las prácticas comerciales desleales, a mejorar en materia de transparencia,  al uso del doble etiquetado y a la creación de un organismo oficial de seguimiento de los costes medios de producción, de forma que el agricultor no se vea obligado a vender a pérdidas y se cubran sus costes de producción.

Los puntos 8 y 9 de la moción se centran en instar al Gobierno central por un lado, a que asuma una política de compromiso y soluciones en la gestión del agua con las necesidades del territorio, en las que haya una planificación inversora en infraestructuras hídricas en la comunidad; y que se reconozca y promueva en el seno de la Unión Europea la singularidad andaluza debido a su déficit hídrico y trace una estrategia a corto y medio plazo que facilite la cohesión y la convergencia como mecanismos que permitan a Andalucía dotarse de los recursos necesarios para adaptarse a esta situación climática.

Para terminar, el PP propone desde el Ayuntamiento de Rota instar al Gobierno de España a que promueva en su acción de gobierno y en la Unión Europea el cese de las políticas y prácticas de geoingeniería climática que perjudican al sector agrario; y que se lleve a cabo una reforma del seguro agrario en el sentido de mejorar el tratamiento del descenso de la renta agraria, la negociación de las condiciones a determinadas nuevas explotaciones para su aseguramiento y todo ello al objeto que se evite que un alto porcentaje de la producción no pueda ser aseguradas.