El Gobierno ha aprobado el proyecto inicial de la nueva Ley  Estatal por el Derecho a la Vivienda y desde Podemos Rota han querido valorar positivamente este paso en el que han destacado que ha sido fundamental la aportación de Unidas Podemos como socios de gobierno, sin cuya contribución, dicen, no hubiese sido posible.

Desde el partido a nivel local han mostrado su compromiso con el derecho a una vivienda digna y asequible para todos, haciendo especial hincapié en que en pleno siglo XXI sigue existiendo una sociedad en la que hay personas que no pueden acceder a una vivienda debido a los precios abusivos y a la especulación inmobiliaria. Podemos Rota recuerda que además de ser un derecho constitucional, "las casas son hogares, no mercancía con la que especular".

Por ello, esta nueva Ley de Vivienda, que contó con el apoyo de Bildu y ERC para esta fase inicial, es calificada como un "logro histórico" por los socios de Gobierno en España ya que incluirá topes al alquiler, modifica la definición de grandes tenedores, castigará las viviendas vacías, fomentará la creación de vivienda social y protegerá a las personas vulnerables frente a los desahucios.

Desde Podemos Rota se han comprometido a trabajar para que esta futura ley se implemente de manera efectiva en la localidad de modo que se cuente con un mercado inmobiliario extenso y variado  que permita el asentamiento de jóvenes familias y evite la marcha de otras. Parte de estos fundamentos, dicen desde este partido, no podrán ser realidad sin una perspectiva que englobe a la Bahía de Cádiz.

Lo más destacado de la nueva norma para esta formación radica en la ampliación de las zonas tensionadas en el mercado del alquiler; la nueva definición para grandes tenedores; el límite  que se establecerá de la actualización anual del alquiler eliminando el IPC; permitirá la regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas en nuevos alquileres; se recoge la obligación del casero de pagar la comisión de la inmobiliaria; la prohibición de aumentar el precio del alquiler con gastos extras; la prohibición de "acuerdo entre las partes" contrarias a la Ley de Vivienda; y medidas de protección frente a los desahucios.