El pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el salón capitular del Palacio Municipal Castillo de Luna para someter a votación la propuesta del gobierno local para que el Ayuntamiento de Rota se acoja al nuevo plan de pago a proveedores que el Gobierno central ha aprobado para inyectar liquidez a las administraciones locales, ha dado luz verde a los dos puntos del orden del día que estaban relacionados con este asunto.

Pese a la unanimidad, la oposición ha querido dejar claro, algunos de forma más contundente que otros, que si dan el voto a favor es exclusivamente para que los proveedores que prestan servicios o venden productos al Ayuntamiento de Rota, y que llevan meses, en algunos casos hasta un año para cobrar, puedan recibir el pago de sus facturas pendientes.  Es la motivación que ha unido a todos los grupos municipales de la oposición en su posicionamiento, y en el fondo, también al partido que gobierna cuyo principal objetivo es ponerse al día con los proveedores.

Acogerse al mecanismo extraordinario de financiación que pone en marcha el Gobierno central, permitirá un adelanto de 13,5 millones de euros a las arcas municipales para pagar su deuda comercial y aquellas operaciones pendientes de aplicación (OPAS). El Ayuntamiento de Rota, como ya explicó ayer el delegado de Hacienda, Daniel Manrique, y ha vuelto a hacer hoy en la sesión plenaria, tendrá 12 años para devolverlos, con un plazo previo de cuatro años de carencia. Es decir, que este montante se empezará a devolver en el año 2028.  Dado que toda esa deuda comercial pasará a ser deuda financiera, según las estimaciones del gobierno socialista, solo los años 2028 y 2029 experimentarán una subida superior en la amortización anual de la deuda, pero Manrique ha asegurado que siempre estará por debajo de los cuatro millones de euros que se han venido pagando cada año de deuda desde que gobiernan en 2015. Por tanto, entienden desde el grupo del PSOE que no se está poniendo en riesgo la situación económica municipal, sino que este plan de pago a proveedores servirá por un lado para pagar las facturas pendientes a empresas, pero también, para bajar la media de pago actual del Ayuntamiento, que en 2022 estaba en 151 días.

En ese dato se han centrado todos los portavoces de la oposición, que han recriminado la incapacidad del gobierno de haber bajado hasta los 60 días que estima la ley que debe tardar un ayuntamiento en pagar a un proveedor. La duda común surge cuando plantean que si bien estos 13,5 millones de euros servirán para pagar la deuda comercial, cuánto tiempo se tardará en estar en las mismas circunstancias, recordando los partidos, que el año pasado ya se acogieron a otro plan de pago a proveedores por valor de 5 millones de euros y que en poco tiempo, la deuda ha vuelto a subir.

Para el concejal Moisés Rodríguez y el portavoz de IU, Pedro Pablo Santamaría, que han coincidido en su exposición durante el pleno, está claro que este nuevo plan de pago a proveedores ayudará a bajar el pago medio a empresas y  también a reducir el remanente negativo de tesorería que se refleja en la liquidación de todos los presupuestos municipales. Dos magnitudes negativas a las que ambos han pedido prestar más atención, intentando arrancar un compromiso general para poder atajarlas, trabajar por convertirlas en negativa y con ello, que se reduzca el número de empresas que se niegan a trabajar con el Ayuntamiento por falta de agilidad en los pagos. Moisés Rodríguez pidió compromiso real, como  pedía su compañero de IU, teniendo claro cuáles han sido los errores del pasado para no repetirlos en el futuro.  Ambos han pedido implantar verdaderos mecanismos de control para conseguir que el periodo medio de pago a proveedores se pueda posicionar alguna vez en los 60 días que marca la ley.

Lo decía también la concejal Esther Ceballos-Zúñiga que recordaba al respecto que por unanimidad se aprobó en un pleno el reglamento de compra para reducir situaciones de este tipo, y no se ha hecho nada. La portavoz, que reconoció que las OPAS no son siempre fruto de una mala gestión económica sino que a veces influye una excesiva burocracia, no quiso desviar el punto de debate, manifestando que el gobierno socialista no ha hecho nada por controlar el aumento de deuda comercial. Al hilo de ello, preguntó cuánto podría ahorrarse el Ayuntamiento si pagara en tiempo y forma a sus proveedores y no estuviera obligado a acogerse a planes de este tipo.

Mucho más crítico fue el concejal de Ciudadanos, Gilberto Bernal, que vio en esta operación un tono electoralista indiscutible, poniendo sobre la mesa que era mucha casualidad que las fechas de pago establecidas para este plan sea justo 7 días antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. A su juicio, si no existiera esta convocatoria electoral, el gobierno socialista no se acogería de forma voluntaria a este mecanismo para pagar a proveedores, concluyendo que con este tipo de acciones, lo que quieren es influir en los resultados electorales, pagando a empresas a las que deben dinero desde hace meses, justo antes de las votaciones. Gilberto Bernal aseguró que su partido ha intentado en esta legislatura que el periodo medio de pago a proveedores disminuyera, pero la realidad, ha dicho, es que termina la legislatura y no lo han conseguido, viendo como el periodo ha pasado de los  212 días, bajando en alguna ocasión a 150 pero nunca por debajo de los 100 días para pagar facturas a las empresas.  Desde Ciudadanos ha lamentado que no se le haya dado nunca prioridad a esta deuda que ahora se verá saldada con una inyección de 13,5 millones de euros que aumentará el nivel de endeudamiento financiero para las arcas municipales.

Esa fue la línea también del PP y que expuso la concejal Nazaret Herrera, poniendo una vez más sobre la mesa, la mala gestión económica que a su juicio ha llevado a cabo el PSOE en estos ocho años de gobierno, por más que, indicaba la popular, el delegado de Hacienda quiera hacer ver lo contrario.

Desde el grupo popular han destacado que es para que las empresas cobren, por lo único que votan a favor, como han indicado desde el resto de partidos, pero no ha querido dejar pasar por alto que estas "son deudas del gobierno de Javier Ruiz Arana" al que ha achacado que no haya sido capaz de bajar la deuda comercial, tras haber pedido el pasado mes de marzo acogerse a otro plan de pago a proveedores por valor de 5 millones de euros,  y ahora tenga que hacerlo a este nuevo, por 13, 5 millones. Nazaret Herrera ha indicado que su compañera Auxiliadora Izquierdo, ya lo vaticinó en aquel pleno de hace un año y que así se ha cumplido.

Para el PP, queda "patente" que el PSOE ha llevado a cabo "una mala gestión económica" que ahora deja más endeudamiento y por un periodo más largo, hasta 2035, cuando se cumpliría el plazo de 12 años que el Gobierno central da para la devolución de la cantidad ahora otorgada.

En defensa de estas intervenciones, el delegado de Hacienda ha indicado, además de otras puntualizaciones, que la deuda comercial no hubiera aumentado si no hubieran tenido que pagar de "deuda heredada" más de cuatro millones al año de deuda financiera, ni no hubiera habido una pandemia que durante dos años mermó los ingresos del Ayuntamiento, si se hubieran subido impuestos o si se hubieran limitado a pagar deudas y no a hacer inversiones.  Para Daniel Manrique, solo hay unos números que hablan por sí solos, y es que a fecha de 2015 había un total de 60,5 millones de deuda total en las arcas municipales, y en 2023 hay 30,4 millones.

El pleno pese a las críticas, acabó con el voto por unanimidad a la propuesta de adhesión al nuevo plan de pago a proveedores del Gobierno de España.