Por primera vez en mucho tiempo, creo que no voy a votar al PSOE en las elecciones generales. ¿Por qué? Pues porque la estupidez y la intromisión me irritan más que cualquier otra cosa.
  

El gobierno ha actuado de forma admirable en la mayoría de los graves asuntos que han surgido en esta legislatura. La lucha contra el COVID, que comenzó de forma dubitativa, ha terminado siendo un modelo para el mundo. Con respecto a la guerra de Ucrania, es el nuestro el país europeo que menos está sufriendo sus efectos. Uno de los que mejor gestiona la inflación, y tal vez el que la ha controlado con mayor rapidez y efectividad. Somos -además - seguramente la nación que ha afrontado la crisis energética con más alta eficacia. Por otro lado, las políticas de empleo están siendo sumamente benéficas, con un balance de creación de puestos de trabajo que, según las estadísticas (y las estadísticas no saben de partidos), ha batido numerosos records positivos. El gobierno ha implantado medidas tan necesarias como la subida del salario mínimo. Toda la derecha, como una sola voz, decía que la dicha subida iba a ser una catástrofe y que iba a destruir empleo. Vemos que no ha ocurrido así. En fin, podría seguir largo rato refiriendo los numerosos actos de gobierno realizados favorables para la clase trabajadora. O sea, que en los asuntos más importantes la gestión ha sido excelente. Hasta ahí bien.
    

La pena es que todas estas cuestiones han sido acompañadas de una catarata, de una lluvia, de un bombardeo de leyes que en ocasiones son estúpidas y en otras demenciales. Juro que no he visto en mi vida tal cantidad de gilipolleces legislativas como las promulgadas por el actual ejecutivo. Todos sabemos la inmensa chapuza de la ley del “sí es sí”, o la toronjada sobre la sedición o la malversación de fondos. Sin embargo, todas estas leyes casi parecen buenas comparadas con el disparate de la ley trans.
  

La ley trans es absurda desde el mismo planteamiento. De entrada, santifica lo que es una opinión (a mi juicio poco respetable), la de la ideología de género, y la eleva a hecho inapelable. Leyendo los resúmenes de la ley no daba crédito. Cada párrafo era más increíble que el anterior. De hecho, aún ahora me temo no haber entendido bien ciertos puntos, porque la irracionalidad, incluso la irracionalidad de Irene Montero, tiene sus límites.
    

Según la ley, cada uno podrá elegir ser hombre o mujer con tan solo presentarse en una comisaría de policía y gestionar su DNI. Tal derecho ha irritado profundamente incluso a las feministas, porque las consecuencias son obvias. Un violador o un acosador puede pedir, en caso de ser detenido, que lo internen en una cárcel de mujeres. Es más, no es que pueda, es que muy probablemente sea esto lo que va a ocurrir de aquí en adelante, porque entre que te enchironen con un montón de tipos malcarados que posiblemente te empotren en los baños como correctivo carcelero, y que te encierren entre mujeres, donde las duchas son la fantasía de un violador, no hay color, vamos, ni mijita de color.
    

Otro punto que me dejó turulato (aunque si quiero puedo decir que me dejó turulata, que para eso lo valgo), es el deportivo. Según la ley, las personas participarán en las competiciones deportivas “según su sexo registral”, con lo cual, un señor con barba cerrada y testículos gordos como cantimploras bien puede competir en un equipo femenino de gimnasia rítmica si le apetece (y si no se golpea las cantimploras con las mazas).
    

No obstante, donde más brilla la inconsecuencia es en la prohibición de las terapias de conversión. Esta parte de la ley me parece (y no suelo utilizar la palabra a la ligera) que tiene un puntito fascistoide. Porque resulta que lo importante para la ley (o eso se nos dice) es lo que cada cual se considera, y que se pretende respetar la voluntad sexual de la persona. Sin embargo, alguien que es gay y que no quiere ser gay lo tiene severamente prohibido, y las multas a quienes impartan terapias de este tipo pueden llegar a ser cuantiosas. Kafka, Buñuel y André Breton se dan la mano  en este lugar, porque la lógica no puede caer más abajo, ni siquiera en el Mar Muerto. Lo que se nos viene a decir es que se respeta la voluntad de la persona… siempre que sea la misma que la del legislador.
    

Y, por supuesto, el leñazo doctrinario. La ley prevé que esta perspectiva ha de ser impartida en los centros escolares, a despecho de la libertad de pensamiento de los profesores, de los alumnos, y de los padres de los alumnos. Confieso que la tendencia actual de la izquierda de dar un sentido docente a todo me crispa los nervios. Ningún gobierno es más listo que yo. Ni que usted. Ni que el propio gobierno. Nadie me tiene que decir lo que tengo que pensar. Lo voy a repetir, pero en plan bravo: NADIE ME TIENE QUE DECIR LO QUE TENGO QUE PENSAR. Ni el gobierno ni la Iglesia ni Florentino Pérez ni don Miguel de Unamuno; nessuno, personne, no one… A esto se añade una tendencia insoportable a entrometerse en la vida privada. Resulta asfixiante que no solo nos quieran obligar a respetar las normas de tráfico o las tablas impositivas, sino que quieran decirnos cómo tenemos que vivir. Estamos experimentando una intromisión tan violenta en el ámbito personal que no sé cómo la soportamos... En fin, no sigo porque me enciendo.
    

Repito lo dicho al principio. En muchas materias el gobierno se ha comportado admirablemente. Sin embargo, no puedo votar a quienes viven en la aberración intelectual permanente. Una aberración que, además, no sé a santo de qué. Sospecho que la mayoría de los votantes del PSOE tiene sobre la ley trans ideas semejantes a las que expongo. Incluso buena parte de los podemitas coincidirían con este texto (excluyendo a la familia de Irene Montero). Por lo cual no dejo de preguntarme si toda esta pachanga obedece a una pulsión suicida del ejecutivo. Cualquiera sabe.
    

Ceterum censeo Monterum esse delendam (políticamente, claro está, que cualquier violencia es muy fea).