Antiguamente se encargaba auténticos juristas de prestigio los proyectos de ley. Eran obras magistrales, muy bien elaboradas y reflexionadas. Tardaban años en pulir los textos. Algunas de esas leyes han permanecido en pie más de cien años.

Véase por ejemplo el trabajo de Alonso Martínez con el código civil que se remonta y pervive desde 1889. Nada menos.

Que últimamente se legisla muy mal es un hecho poco discutible.

La producción de leyes es excesiva y al pelotón. Es tal la magnitud de normas que se producen que, si todos cumpliésemos todas las leyes, colapsaríamos, nos daría una apoplejía.

En estos últimos años hemos asistido a leyes que se preocupaban más de utilizar el lenguaje inclusivo que de lo verdaderamente importante. La cacareada reforma laboral está más pendiente de no usar la palabra empresario”, habla de “persona empresaria” o de no decir trabajador, dice “persona trabajadora” que de establecer un régimen inteligente que permita dinamizar la economía y el mercado laboral. Lo trascendental era no ser machista. ¡Qué cosa más absurda!

La famosa ley del sí es sí, es otro ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas. Poco reflexionada, obviando los dictámenes de los expertos y todo deprisa y corriendo.

No quiero ni pensar que alguno de los excarcelados antes de tiempo vuelva a cometer un delito sexual. Será culpa de los fascistas, tiempo al tiempo.

En estos días se ha intentado promulgar una ley (infame, por cierto), otra vez con las bullas, y saltándose los debates con los grupos parlamentarios y los dictámenes de los expertos. El Constitucional ha dicho que así no.

Ya salió Pablo Iglesias el segundo de su nombre del clan de los besugos, hablando de golpe de Estado y de tomar las calles.

Tampoco se quedó atrás Felipe Sicilia, el primero de su nombre del clan de los mendrugos, que compara un recurso ante el Tribunal Constitucional con el asalto de Tejero al congreso de los diputados.

El Tribunal Constitucional está para que todos cumplamos con la Constitución. Desde el Rey hasta el bedel de las Cortes. Nadie está por encima. Ni siquiera Sánchez, aunque le cueste entenderlo.

Es verdad que se tenía que haber renovado tanto el CGPJ como el Constitucional y que no se acaba de conseguir un acuerdo. Y es verdad que ambas partes tendrían que ceder en sus posturas y llegar a una solución intermedia. Depende de a quién pregunte, el culpable será uno u otro partido.

Como sugerencia, el Gobierno puede mandar a los mismos negociadores de la mesa de diálogo con Cataluña que ceden carros y carretas para conseguir el voto independentoide. Con que hubieran transigido una minúscula parte de lo que les han dado a los catalanes se hubiese renovado el órgano de los jueces sin mayores problemas. Pero la vara de medir cambia según a quién tengo delante de la mesa de acuerdos.

 Pagamos 350 diputados y 265 senadores, aparte, los asesores nombrados por este Gobierno no caben ni en el techo de un tren indio.

¿Es mucho pedir que hagan su trabajo?