El estado de los vehículos municipales del Ayuntamiento de Rota ha llevado al PP a salir públicamente a preguntar lo que ya han hecho por escrito e incluso en alguna sesión de pleno, alertado por la posibilidad de que haya parte de la flota que esté operando sin ITV pasada o incluso, vehículos con alguna deficiencia que pondrían en riesgo la seguridad de los trabajadores y ciudadanos.

El PP ha pedido al alcalde de Rota, Javier Ruiz, "mayor diligencia, control y supervisión" respecto a ciertos vehículos de titularidad municipal. En concreto, se ha referido a las dos grúas para retirada de vehículos, al camión grúa para montaje y desmontaje de instalaciones, así como a vehículos que se usan en servicios municipales, como los camiones de recogida de basura de la empresa concesionaria.

Según los populares, la denuncia viene como consecuencia de "multitud de  quejas recibidas de muchos ciudadanos", y por eso, desde este partido de la oposición se han presentado varios escritos al respecto sobre los que lamentan que todavía no hayan recibido respuestas. 

Por un lado, el PP ha preguntado sobre las dos grúas municipales en un escrito presentado  el 29 de septiembre de 2022, debido a que durante todo el verano, según manifiestan, habían tenido quejas porque el servicio de grúa brilló por su ausencia, no por falta de infracciones, sino porque los vehículos no acudían al reclamo ciudadano por un coche mal aparcado o que estorbar.  El PP reconoce que desconoce los motivos y no saben si era por averías, por falta de conductores o por otros motivos, la realidad, apuntan, es que no había servicio, por lo que pidieron por escrito tener acceso a la ITV y al seguro obligatorio de las dos grúas municipales; preguntaron sobre las horas efectivas de servicio que se habían realizado con las dos grúas durante el verano; cuántas retiradas de la vía pública se habían producido en la temporada estival; cuál era el tiempo de respuesta; o cuál era el plan alternativo en caso de que las dos grúas estuvieran fuera de servicio.

Por otro lado, en estos días, el PP ha vuelto a preguntar por otros vehículos municipales o de uso municipal, como el camión grúa y uno de los camiones de retirada de basura. Respecto al camión grúa, un camión que se usa para las instalaciones y desmontajes de estructuras grandes, existe la sospecha de que estuviera trabajando en momentos como el montaje del escenario del acto de coronación de la dama mayor del Rosario, en la plaza Bartolomé Pérez, sin la ITV pasada o al menos sin la correspondiente pegatina visible.  Cuestión que han preguntado al gobierno local.

Por último, los populares de Rota han presentado un escrito pidiendo la documentación e información sobre uno de los camiones de recogidas de basuras de la empresa FCC. Según este partido, el vehículo, que está en funcionamiento diariamente, no lo estaría haciendo de forma correcta ya que aseguran que los brazos hidráulicos de sujeción están rotos desde hace meses, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y las normas de Prevención de Riesgos Laborales, "obligando a los trabajadores a tener que meterse prácticamente dentro del camión para volcar los bombos de basura, a recibir golpes de esos brazos que van sin ton ni son, y que además por este motivo también los convierte en peligrosos para los vehículos que circulan o están estacionados cerca de él".

Desde el Partido Popular de Rota indican ser conscientes que este y todos los camiones de basura son de la empresa concesionaria de un servicio municipal, pero también entienden que al tratarse de una concesión administrativa del Ayuntamiento, el gobierno local debería actuar "con responsabilidad y velar por el cumplimiento de lo acordado en la concesión y el convenio, y exigir que se cumpla la normativa".

A su juicio, el alcalde de Rota debe dar ejemplo y cumplir las normas, ya que "no se les puede exigir constantemente a los ciudadanos que cumplan con unas normas, que paguen sus impuestos, y después que sea el propio Ayuntamiento el que las incumple". A este respecto,  los populares piden despejar dudas y que el gobierno local les facilite la información que han pedido o lo aclare públicamente.