Alcaldes y representantes de gobierno de la provincia de Cádiz, a excepción de los del PP, y entre los que estaba Rota, representada por la teniente de alcalde Encarna Niño, pidieron ayer a la Junta de Andalucía que aumente en un 20% la partida destinada al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) para poder hacer frente a la subida de precios de materiales en las obras.

Fue el secretario general del PSOE de Cádiz y presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, el que llevó la voz cantante pidiendo al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que intervenga en el conflicto creado en torno a la subida de precios y la ejecución del PFEA, dada la "insensibilidad" mostrada la semana pasada por el consejero de Justicia, Administración local y Función Pública, José Antonio Nieto.

En un manifiesto leído por alcaldes portavoces del PSOE, IU y Andalucía por Sí en representación de la mayoría de los regidores de la provincia, reclamaron al Gobierno andaluz que incremente en un 20 por ciento, es decir en un millón de euros, la partida destinada al PFEA 2022 para poder afrontar la adquisición de los materiales, de la misma manera que la Diputación de Cádiz ya ha reasignado ese aumento del 20 por ciento de su presupuesto para garantizar la ejecución del PFEA. Piden a la Junta que “recapacite y sea capaz de contribuir con la parte que le corresponde en un proyecto que vertebra nuestra comunidad autónoma”.

Los alcaldes y representantes de los gobiernos de la provincia presentes, lamentaron que un programa que siempre ha sido un ejemplo de cooperación administrativa termine siendo "una fuente de conflicto" y pueda quedar en riesgo ante la negativa de la administración regional a aportar el aumento de los costes de los materiales ocasionado por las consecuencias de la pandemia y la guerra en el Este de Europa.  

El presidente de la Diputación hizo ayer un anuncio importante en este acto informando que ha dado orden ya para que la institución provincial asuma el sobrecoste para aquellos municipios (Alcalá del Valle, Ubrique, Villamartín, Trebujena y Setenil de las Bodegas) que gestionan autónomamente el programa, “aquellos que no son gestionados directamente por la Diputación pero donde esta sí coopera”, y pedía a la Junta que tenga ese mismo gesto.

Los concentrados en la protesta lamentan que “la Junta no quiera reconocer la realidad que desgraciadamente sufre el conjunto de Europa, también nuestro país, por la elevación de los precios” y subrayan que “las obras no son solo calles o infraestructuras deportivas de competencia local, también centros de salud que luego pasan a formar parte del patrimonio de la Junta pese a estar construidos con el esfuerzo de los empleados del mundo rural y con los materiales aportados por parte de la Diputación Provincial de Cádiz y de los ayuntamientos”.

Según los alcaldes que acudieron al acto, con el rechazo de la Junta, se ponen en riesgo más de 214.000 jornales y más de cien obras en los 41 municipios de la provincia, que justifica la subida de la partida en un millón de euros “para aliviar la economía de los municipios, asegurar la continuidad de las obras para que puedan llegar a término”. De lo contrario, asegura el presidente de la Diputación, que no se entendería “la discriminación y el castigo” que realiza el gobierno de Juanma Moreno del Partido Popular hacia el ámbito rural “con este programa al que quieren introducir cambios notables en la gestión del programa, según han dicho”.