La fosa común que estaría dentro de la Base Naval de Rota y por la que el parlamentario de Izquierda Unida, José Luis Bueno, preguntó por escrito en el Congreso de los Diputados hace un mes  para saber si el Gobierno  se tenía constancia de su existencia y, por tanto, se iba a proceder a los trabajos de geolocalización y exhumación de la misma, no figura en el Mapa de Fosas estatal.

Esto quiere decir que, pese a los testimonios orales que aseguran que en esos terrenos, que hasta la llegada de la Base Naval eran agrícolas, hubo fusilamientos de ciudadanos especialmente de Rota y Chipiona,  el Estado desconoce su existencia y por tanto, no hay previsión de actuar teniendo en cuenta además, que actualmente la fosa que estaría en una zona conocida como "El Pinar del Cura Vargas" está dentro de un perímetro militar vigilado y con acceso restringido como la Base Naval. 

Sin embargo, la citada fosa sí consta en el  Mapa de Fosas de Andalucía, aunque se hace mención en él a que “no ha sido posible llegar hasta las inmediaciones de la fosa ni del lugar que nos han  referido nuestros testimonios orales”, ya que hay que tener en cuenta que estos terrenos del término municipal de Rota están ocupados por la base militar desde 1953, mientras que los fusilamientos se produjeron en 1936.

Esto es lo que se desprende de la respuesta que el Ministerio de la Presidencia ha respondido a la pregunta del parlamentario de Izquierda Unida que ya expuso en su día que hay familiares que llevan 86 años esperando poder dar digna sepultura a sus familiares.

Pese a mostrar su desconocimiento, desde el Ejecutivo se matiza que el Mapa de Fosas estatal "está en proceso de actualización, donde sí aparecen otras dos en los antiguos cementerios de Rota". Uno de ellos estaba situado en el parque "El Mayeto", donde en 2019 se llevaron a cabo  trabajos de geolocalización de los que no se obtuvieron frutos.

La misma respuesta indica que desde el ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se está desarrollando el Plan Cuatrienal de Exhumaciones y que en ese marco, entre otras actuaciones, se ha destinado a las comunidades autónomas, 6 millones de euros en cada uno de los dos últimos ejercicios. En concreto, a Andalucía se han transferido por acuerdo de reparto en las Conferencias Sectoriales celebradas en 2021 y 2022 las cantidades de 507.813,45 euros y 469.201,62 euros, respectivamente, para actuaciones de localización, exhumación e identificación de víctimas.

Por otro lado, explica que para los ayuntamientos, a través de subvenciones a la FEMP en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, se transfirió un importe global de 2.750.000 euros, para trabajos técnicos de investigación,  localización,  exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas de la Guerra Civil y el franquismo, pero que no consta solicitud alguna presentada por el Ayuntamiento de Rota en ninguna de las tres convocatorias.

Tampoco consta en ninguna de las mencionadas vías implementadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la inclusión del proyecto a que se refiere la pregunta del diputado de IU, por lo que la fosa común que estaría dentro de la Base Naval de Rota se convierte en una especie de enigma en la que de momento, no se actuará.

El Gobierno, que en su respuesta sobre esta fosa común reproduce una parte de la Ley de Memoria Democrática donde reconoce que el Estado puede  iniciar "la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la  dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad", apunta a que las tareas se llevarán a cabo "de forma gradual" y se apoyarán en "mapas de localización de personas desaparecidas, para cuyo desarrollo se elaborarán planes plurianuales de búsqueda, localización, exhumación e identificación de los mismos".

El diputado de IU que elevó esta pregunta al Congreso recordó que las personas que estarían en esa fosa común fueron fusiladas por motivos ideológicos y que precisamente enterrarlos en fosas comunes dificulta las exhumaciones para que no puedan ser recordados por su lucha por la libertad y la democracia. Sus familiares llevan 86 años reclamando poder darles digna sepultura.