A veces me cuestiono si nuestra Constitución se redactó para quedar bien con todo el mundo. Los monárquicos se garantizaban el continuismo borbónico, la derecha franquista se aseguraba la impunidad, los republicanos se conformaban con “mejor una monarquía parlamentaria que una dictadura”, al Pueblo le aseguraban el patrimonio de la Soberanía…

En el anteproyecto de la Constitución participaron personalidades de todas las ideologías. Los llamados “Padres de la Constitución” alcanzaron el consenso necesario para que su propuesta de la nueva Constitución democrática tras el franquismo fuera aceptada por la mayoría de los españoles. Nadie duda de la valía del acuerdo y del modo en que se alcanzó.

Hay que reconocer que nuestra Constitución es el marco legal suficiente para solucionar muchos de los problemas que sufre la ciudadanía española. No voy a mencionar el derecho a una vivienda digna y a un trabajo, dado que, dicen, estos son derechos al que no se les asigna un carácter vinculante sino que actúan como principios rectores para los poderes públicos. De no ser así, el estar en situación de paro laboral y el no disponer de una vivienda digna sería inconstitucional.

Pero la coyuntura que estamos viviendo sí que sería más “llevadera” si se aplicase, de verdad, la Constitución. Y no se trata de llevar a cabo ninguna iniciativa “revolucionaria”, simplemente se trata de poner en práctica el articulado de la misma.

La crisis que estamos sufriendo, con subida de precios desorbitadas, y descontroladas también, podría paliarse si se aplicase el articulo 128 de nuestra Constitución. Bastaría recordar que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”. ¿Quiénes se están beneficiando de la subida de la electricidad y de los combustibles? ¿Cuántos beneficios está cosechando las compañías eléctricas por la continua subida del precio de la luz?

En todas las crisis económicas siempre hay algunos que salen beneficiados, mientras la inmensa mayoría sufrimos sus consecuencias. Puesto que “la riqueza del país” no está siendo subordinada al interés general”, habría que seguir echando manos al artículo 128 de nuestra Constitución que continúa expresando que “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando sí lo exigiere el interés general”. La actual situación, ¿no exige que se acuerde la intervención de empresas por el interés general?

Va a ser que no. Es más, puede que algunos grupos económicos promulguen la derogación de este artículo no vaya a ser que algún gobierno progresista (ellos lo llaman social comunista) trate de aplicarlo. Ellos, “las élites españolas, que siempre andan preocupadas por los más débiles y por los derechos humanos”,  tacharían de medidas bolivarianas (les gusta usar este término últimamente) la aplicación del artículo 128 de la Constitución de 1978.  

Antes que eso tratarían por todos los medios de acallar cualquier reforma que el Gobierno de España pretenda en este sentido. De hecho, ya lo hacen. Voceros tienen para ello.