El pleno extraordinario y urgente celebrado esta mañana en el Castillo de Luna, dado que los plazos para acogerse al plan de pago a proveedores del Gobierno de la nación apremian y no podía esperarse a la sesión plenaria de este jueves, ha aprobado por mayoría la decisión del Ayuntamiento de Rota de beneficiarse de este mecanismo incluido en la ley de presupuestos generales, que le permitirá afrontar el pago de 4,9 millones de euros que se deben a proveedores.

Aunque los partidos políticos de la Corporación municipal han coincidido en poner sobre la mesa la importancia de que los proveedores, pequeñas y medianas empresas o autónomos que suministran al Ayuntamiento de Rota o les prestan servicios, cobren cuanto antes, Podemos e Izquierda Unida han preferido abstenerse ante esta medida.

Como ha explicado el delegado de Hacienda, Daniel Manrique, primero en el pleno y después en rueda de prensa, la medida permite que a través de una operación de crédito a largo plazo amparada por el Gobierno de España, se inyecte liquidez a las cuentas públicas municipales y con ello, pagar deuda pendiente.  Dado que el periodo medio de pago a proveedores desde el Ayuntamiento de Rota está en 230 días, muy por encima de los 30 días que marca la ley, el gobierno local cumple con los requisitos para acogerse a este plan de pago a proveedores que permitirá contar con 5 millones de euros que se tendrán que devolver en un plazo de 12 años, con cuatro de carencia. Un mecanismo que según Daniel Manrique, ayuda a inyectar oxígeno a las arcas locales y continuar la línea del saneamiento de las cuentas municipales.

En los turnos de intervención de los portavoces de los grupos municipales, han sido los concejales de Izquierda Unida y Podemos, Pedro Pablo Santamaría y Moisés Rodríguez, los que han coincidido en una abstención por entender que la medida es buena para las empresas y autónomos a los que el Ayuntamiento adeuda facturas, y es necesaria por tanto esa liquidez que dará el citado plan de pago, pero no comparten del todo la gestión económica del gobierno local al entender que existen medidas que se podrían poner en marcha para ir rebajando ese periodo medio de pago tan elevado.  Moisés Rodríguez indicaba que sí reconocían la necesidad de acogerse a la medida, pero no la gestión de los socialistas para reducir el tiempo que se tarda en pagar facturas a proveedores del Ayuntamiento. La misma línea argumental tomaba el concejal Pedro Pablo Santamaría, que también cree que la medida debería estar acompañada por una serie de decisiones que ayuden a la reducción del gasto accesorio para dedicarlo a lo verdaderamente importante, los pagos y el fortalecimiento de los servicios sociales. El concejal de IU además, lamentaba que la documentación se le haya hecho llegar de forma tan urgente en la que no se les ha permitido aportar su visión o propuestas para mejorar la gestión económica en este sentido. Por eso, echando en falta la participación, también decidía la abstención.

Ambos partidos se han quedado fuera del consenso que sí ha venido de la mano de Vox, Ciudadanos y el PP. Por un lado, el portavoz de la formación naranja, Gilberto Bernal, ha destacado la importancia de pagar las facturas y se ha referido al acuerdo de presupuestos al que se llegó con el PSOE donde pedían que se implementaran mecanismos para pagar a los proveedores y por coherencia, votaban a favor de este; en el caso de Esther Ceballos-Zúñiga, puso el foco en lo perjudicial que es para una empresa no cobrar a tiempo, ralentizando su crecimiento, por lo que era lógico que ante este plan de pago a proveedores, Vox vote a favor pensando en esas empresas y autónomos. Aún así, pidió esfuerzos para en el futuro, reducir ese periodo medio de pago y que se agilicen trabas burocráticas que impiden una gestión económica más óptima.

En el caso del PP, aunque expuso su voto a favor de la medida por responsabilidad, fue el que atacó de forma más directa y contundente al gobierno local por su gestión económica. Como han venido haciendo en sucesivas ruedas de prensa, la portavoz popular, Auxiliadora Izquierdo, volvió a referirse a la gestión económica del PSOE como un desastre que además, indicaba, venía avalado por la amplia deuda acumulada a proveedores.

Auxiliadora Izquierdo confiaba en que el gobierno local no haga una subida de impuestos encubierta en el futuro y se preguntaba dónde va a parar el dinero que el Ayuntamiento ingresa por la venta de parcelas y patrimonio si, refería, no han hecho nada nuevo en lo que a proyectos se refiere con recursos propios. Según el PP, los números hablan por sí solos y el gobierno del PSOE está llevando a cabo una pésima gestión económica, un argumento que el delegado de Hacienda intentó echar por tierra trayendo del pasado otras muchas deudas y actuaciones que en lo económico, también dejarían mucho que desear cuando gobernaba el PP.

Para los populares son demasiadas las facturas que el Ayuntamiento debe a empresas como FCC, Modus Rota o Energy, entre otras, y muy alto el grado de morosidad de este gobierno con sus proveedores. La portavoz popular insistió en esa pésima gestión de los recursos económicos  desglosando algunas cifras que el delegado de Hacienda, Daniel Manrique de Lara, intentó desmontar haciendo hincapié en que en 2015 cuando llegaron al gobierno encontraron 49,5 millones de euros de deuda financiera y a otras entidades públicas, y a fecha de 31 de diciembre de 2021, es de 19 millones.

Al margen del enfrentamiento político habitual entre PSOE y PP, el pleno terminaba con la aprobación por mayoría para acogerse a este plan de pago a proveedores que contempla el pago de facturas emitidas antes del 31 de mayo de 2021, por un montante de 4,9 millones de euros que el gobierno local deberá devolver en 12 años a través de una operación de crédito que cuenta con cuatro años de carencia.  Los proveedores que cobrarán a través de este mecanismo han tenido que aceptar la medida ya que con ello, renunciaban a pedir el pago de intereses por la demora. Por otro lado, se ha tenido que actualizar el plan de ajuste en función de esta nueva operación de crédito, pero sin incluir ninguna medida que afecte al bolsillo del ciudadano.