El acceso a la vivienda se ha convertido en un verdadero problema  al que urge encontrar solución, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este derecho constitucional.

Y es que en el artículo 47 de la Constitución española de 1978 se expone que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Con una primera lectura de este artículo se hacen evidentes varias cuestiones que no se cumplen en nuestra sociedad, por mucho que la Constitución así lo mande.

La vivienda, que es de facto, un bien de primera necesidad, en las zonas que se han denominado como “tensionadas” ha pasado a convertirse en un bien para su especulación y maximización de beneficios. Pero es que el derecho de la propiedad privada también queda recogido en la misma Constitución, prevaleciendo este derecho, según sentencia del Tribunal Constitucional, al de derecho a la vivienda.

El gobierno ha planteado limitar los precios del alquiler para evitar la especulación, una medida, que ya ha sido revocada por el Consejo General de Poder Judicial. Tampoco queda claro que esa medida sea la idónea para dar solución definitiva a este problema.

Pero veamos  los sectores implicados en este asunto, ya que si tenemos en cuenta a todos los afectados, todas y cada una de las partes tienen su parte de razón.

Las “zonas tensionadas” tal y como se han definido, serían aquellas cuya demanda de vivienda supera la oferta, lo que da pie a una subida de precios a los que mucha parte de la población no puede acceder. Se centran en las grandes capitales y el litoral.

Como primeros afectados estarían las personas que se encuentran en búsqueda de vivienda para residir, bien por emanciparse o por traslado de localidad. La precariedad laboral, la inestabilidad en los empleos y los ajustados sueldos, limitan poder acceder a una vivienda.

Los propietarios de vivienda, ejerciendo la libertad de poner el precio que consideren oportuno a su propiedad, se esfuerzan, legítimamente, en sacar el máximo rendimiento al inmueble y corriendo con los mínimos riesgos posibles. Se alude en este sector, al miedo que genera alquilar una vivienda a largo plazo, por el riesgo de impago, destrozos en la vivienda, etc., sumado que en las zonas turísticas, se puede sacar un beneficio similar al que se obtendría por alquilar anualmente que por alquilar los dos meses de verano. Este sector se siente desprotegido por la legislación que, según ellos, protege al inquilino en caso de impago.

Los inquilinos en viviendas de alquiler, ven cómo los precios son demasiado altos, por lo que no les queda más remedio que dedicar un porcentaje elevado de sus ingresos al pago de la renta. Estos se sienten desprotegidos porque la ley no haga cumplir el artículo 47 de la Constitución que he citado anteriormente.

Otros de los afectados y parte del problema, son las personas que al no poder acceder a una vivienda “okupan” una que se encuentra vacía, provocando miedo e inseguridad en el entorno donde llevan a cabo su acción.

La limitación de precios de una propiedad privada confronta con los principios ideológicos del capitalismo en los que se fundamenta nuestro sistema, sin embargo, durante la pandemia, se han limitado el precio de mascarillas y test de antígenos sin que haya supuesto un mayor problema, además ha sido una medida aplaudida por una amplísima mayoría de la población (supongo que los fabricantes de mascarillas y test no habrán quedado muy contentos).

Sin embargo, la limitación de precios, en mi opinión, no pondría solución al problema, sino que por el contrario abriría otro frente de “batalla” para la oposición y gobierno, además de que no equilibraría la oferta y la demanda. Del mismo modo la ayuda económica a jóvenes para el pago del alquiler, es aún más ineficaz.

El problema no es nuevo, y ya se han puesto en marcha estrategias para darle solución en otros tiempos. Ya en 1887, Friedrich Engels, publicó un pequeño libro titulado “Contribución al problema de la vivienda” donde, tras analizar el problema de una forma más profunda de la que yo acabo de hacer, propone varias alternativas:

La primera es la expropiación de las viviendas de los acaparadores y su reparto a las personas que necesitan una vivienda. Evidentemente en los tiempos que corren, esa solución, aunque estaría protegida por la Constitución en su artículo 128, no dispone de los mecanismos para poder llevarse a cabo.

La segunda es que sea el Estado el que construya un parque de viviendas suficiente para poder alojar a su población, por un precio justo. Esta segunda medida, fue puesta en práctica en Gran Bretaña tras la segunda guerra mundial, y desmantelada por el Gobierno de Margaret Thatcher hasta hoy. Esta propuesta también es el germen de las viviendas de protección oficial, o las viviendas públicas en régimen de alquiler.

Las ayudas del plan de reconstrucción que provienen de Europa tras la pandemia, son la inyección económica necesaria para llevarla a cabo. Solo hay que tener el valor de hacerlo.

“El Estado se preocupará todo lo más de conseguir que las medidas de uso corriente, con las que se obtiene un paliativo superficial, sean aplicadas en todas partes de manera uniforme” F. Engels.

Manuel Carmona Curtido