El alcalde de Rota, Javier Ruiz, ha mostrado esta tarde, en una convocatoria de urgencia a raíz de los acontecimientos que se han sucedido esta mañana en torno a la vaqueriza de la avenida de la Matea, su predisposición y la del Ayuntamiento de Rota a establecer unos plazos más amplios pero definitivos que permitan el desalojo de esta explotación ganadera.

De esta forma, el dueño de la instalación tendría un tiempo de varios meses, podrían ser incluso seis, para trasladar a sus más de 400 vacas y hasta la fecha final que se acuerde, continuar con su actividad económica, pero todo dependerá de la reunión que la próxima semana está prevista que se celebre entre las partes y donde el ganadero debe presentar por escrito y formalmente unos plazos a los que se compromete cumplir.  Es la solución que se ha puesto sobre la mesa por parte de sindicatos ganaderos en apoyo al vaquerizo de Rota y algo que el alcalde ve factible, pero insiste, con plazos y fechas concretos sin que el desalojo se pueda demorar más en el tiempo.

Es más, para que haya la mayor transparencia posible al respecto en la actuación de las dos partes, la intención de Javier Ruiz es que esa reunión se celebre de forma pública, "con luz y taquígrafos" para que no exista la posibilidad de tergiversar las palabras de uno y otro y los ciudadanos también conozcan cómo se ha actuado en todo momento. Y es que la rueda de prensa ofrecida esta tarde por el edil tenía en parte, como intención, hacer una cronología de cómo han sucedido los hechos y los motivos que han llevado a esta situación donde el 16 de diciembre se decretó el precinto de la actividad económica de la vaqueriza y el levantamiento cautelar de la medida hasta la reunión de la próxima semana. A decir verdad, esa reunión tendría que estar celebrándose esta tarde pero algunos casos positivos por Covid-19 en personas que tienen que estar presentes en la misma lo han impedido y obliga a su aplazamiento. Precisamente por esa demora, es por lo que hoy se ha tomado la decisión de levantar el precinto de forma temporal para velar por el bienestar del ganado.

En cualquier caso, y lejos de toda paja en este asunto, Javier Ruiz ha querido dejar claro que la intención del Ayuntamiento de Rota siempre ha sido llegar a acuerdo con el dueño de la vaqueriza, algo que ha sido imposible desde 2015, cuando este asunto empezó a pelearse en los tribunales y donde, ha indicado el alcalde, el Ayuntamiento siempre ha conseguido sentencia favorable para proceder al desalojo de la vaqueriza por la situación de insalubridad que genera a 2.000 vecinos que viven en la zona, como indica la sentencia firme del Tribunal Supremo.

El dueño de la vaqueriza conocía la decisión del precinto desde el mes de junio

Por partes, Javier Ruiz ha querido en primer lugar, manifestar que entiende la postura de la familia afectada, pero ha querido matizar varias cuestiones, la principal, es que el precinto de la actividad económica que se produjo la semana pasada no es nuevo y el vaquerizo tenía conocimiento del acuerdo desde el pasado mes de junio. Por lo tanto, ha contado con varios meses para poder actuar y moverse, pero según el alcalde, no lo ha hecho "por el motivo que sea". Por eso, indica, se llega a este punto, defendiéndose así las críticas que lo acusan de ser antianimalista o de querer acabar con la actividad económica de una persona sin más. Es más, ha recordado que esta vaqueriza es ilegal y no legalizable por lo que su fin estaba cantado porque hay una sentencia firme que indica que no puede continuar. Lo que no entiende el alcalde es el agotamiento de plazos que ha habido en todo este tiempo de negociaciones. Y es que el edil también ha querido recordar que el problema de la vaqueriza no es nuevo.

Lo primero que se debería haber hecho por el gobierno anterior en 2006 es haber acordado el traslado de esta explotación antes de permitir que se desarrollara urbanísticamente este sector, pero no se hizo por parte de PP y Roteños Unidos, se permitieron las viviendas con una explotación ganadera funcionando a pocos metros. Y es cuando con 2.000 vecinos viviendo en el entorno, comienzan las quejas, las denuncias por el olor insoportable, los insectos, etc. Es ahí cuando el gobierno local de PP y Roteños Unidos en marzo de 2015 acuerdan en Junta Local de Gobierno la inmediata suspensión de la actividad ganadera y el desalojo de la vaqueriza, pero llegaron las elecciones y cambió el gobierno. Entró a gobernar el PSOE que comparte la decisión tomada por los anteriores gobernantes y por tanto,  comienzan las reuniones para poder llevar a cabo el traslado de la instalación. Por el motivo que sea, ha dicho hoy el alcalde, no se llega a acuerdo, el tiempo pasa y no se avanza y mientras los trámites administrativos van por un lado, el ganadero se va a los tribunales  donde desde hace seis años, se han ido resolviendo las diferentes demandas hasta llegar a junio de 2021 cuando el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de que la vaqueriza debe cerrar en esa ubicación.

Según el alcalde, como las negociaciones estaban estancadas, es por lo que se decide iniciar el desalojo de forma subsidiaria, y se tomó la decisión de cortar suministro de agua y luz en 2018, que el ganadero llevó a los tribunales y lo ganó por la Ley de Bienestar Animal, obligando al Ayuntamiento a que es cierto que debe desalojar la explotación ganadera, pero sin que las vacas sufran. Es en junio de 2021 cuando el gobierno local, para dar cumplimiento a la sentencia,  acuerda suspender la actividad económica con un precinto que le prohíbe comercializar la leche, pero permite al vaquerizo seguir atendiendo a su ganado. Se da así respuesta a dos sentencias, la del desalojo obligatorio y la de cuidar el bienestar animal.

Lo que ha ocurrido es que ese precinto se ha hecho efectivo en este mes de diciembre, el día 16, y parece, ha indicado el alcalde, que se ha hecho de un día para otro pero no, ha asegurado que esta información, como otras tantas acciones, se trasladaban al dueño de la vaqueriza, por tanto, no puede venderse que le ha cogido por sorpresa porque al menos hace seis meses que sabía que esto podía ocurrir. Es más, el 24 de noviembre, la Policía Local se personó en la instalación para hacer comprobaciones y en vista de que es una actividad ilegal no legalizable, se acordó el precinto que se hizo efectivo semanas después. Por lo tanto, insiste el edil, el dueño lo sabía.

Lo que no entiende el alcalde de Rota, según ha indicado hoy en su rueda de prensa, es que cómo sabiendo que se le iba a precintar su instalación y con ello, el cese de su actividad, el afectado no hizo ningún movimiento para llegar a un acuerdo de plazos con el Ayuntamiento de Rota. Según Javier Ruiz, presentó alegaciones en el juzgado, que fueron desestimadas porque se basaban en cuestiones en las que los tribunales ya le habían quitado la razón previamente, por lo que ha agotado hasta el límite la situación cuando, ha insistido el regidor, el Ayuntamiento siempre ha estado abierto a consensuar plazos para el desalojo.

"Por enésima vez, pido que nos sentemos a hablar"

Javier Ruiz ha dejado claro hoy que por "enésima vez" su petición es la de sentarse a hablar pero para concretar fechas,  y si hay que dar cinco o seis meses de plazo para que el desalojo se lleve a cabo de la mejor manera posible, el Ayuntamiento aceptará, pero para ello, tiene que haber un compromiso del dueño de la vaqueriza de que los cumplirá y no demorar más en el tiempo esta situación.  Por eso, tiene especial interés y es una condición, que la reunión de la próxima semana se haga de forma pública, algo que la otra parte también habría aceptado.

Para terminar, el alcalde de Rota ha querido dejar claro en todo este asunto lleva 15 años de batalla y seis de ellos en los tribunales, por lo que ha pedido que opiniones del tipo que es antianimalista o quiere matar a las vacas, le sobran. Como alcalde, entiende que los ciudadanos empaticen con la situación del ganadero, pero por otro lado, llama a conocer el histórico de los hechos y ver, según ha afirmado, que siempre ha habido predisposición a llegar a acuerdosn y no los ha habido. Es más, ha indicado que en este tiempo se le han dado facilidades para el traslado, incluso se acordó un calendario de evacuación de los animales, pero no se cumplió. El Ayuntamiento, ha señalado el alcalde, puede colaborar en trámites administrativos y facilitar el desalojo y el traslado, pero no pagar  una instalación nueva de estas características.

Su sensación, preguntado por la prensa, es que en este asunto solo se está avanzando cuando se ha llegado al límite pese a la predisposición de negociación de estos años. En cuanto al bienestar de las vacas a raíz del precinto de la actividad, Javier Ruiz ha dejado claro que, dado que hay una sentencia firme que hay que cumplir y que indica que estos animales no podían sufrir, el Ayuntamiento hubiera velado por el ganado en todo momento si finalmente, no estuviera sobre la mesa la posibilidad de concretar los plazos definitivos del desalojo.