Cuando en el año 2015 el Partido Popular aprobó la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (conocida como la Ley Mordaza), contó con el desacuerdo del propio Consejo de Europa, que es la institución que vela por el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea. Ya la consideró como altamente problemática cuando era solo un proyecto de Ley. Dudaba de que las restricciones recogidas fueran necesarias en una sociedad democrática. Venía a decir que velar  por la seguridad no está reñido con interferir en la libertad de reunión. Expresaban desde el Consejo Europeo que las conductas ciudadanas en cualquier concentración ya estaban tipificadas en el código penal. Crear un Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas es inadmisible en un entorno europeo democrático, concluía.

Desde la ONU, el representante de la Naciones Unidas, el relator Maina Kiai instó a los legisladores españoles a derogar la Ley. También desde Amnistía Internacional se oponían a una Ley que traía recuerdos de los peores momentos del régimen franquista y que no procedía en una sociedad democrática.

Desde el Sindicato Unificado de Policía mostraban su preocupación respecto a algunos aspectos de la ley, pero sobre todo a la falta del necesario consenso político y social.

A pesar de todas las recomendaciones, el Partido Popular sacó adelante la Ley. Ningún otro partido lo apoyó. Es lo que tienen las mayorías absolutas.

Con la aprobación de la ley, la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas pasaron a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve. La cuantía de las mismas (las muy graves podrían llegar a los 600.000 euros), y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas provocaron una indefensión impropia de un estado democrático.

Recuerdo, por ejemplo, que en Rota, una concentración en las puertas del instituto Castillo de Luna, para protestar por la falta de un profesor en el centro educativo por mor de los recortes en Educación de la Junta de Andalucía, llevó aparejada una multa de 600 euros contra la representante del AMPA.

Unidas Podemos y el PSOE han cerrado ya un acuerdo para derogar, por fin, la Ley Mordaza. Se sacará de su articulado las “devoluciones en caliente” de migrantes, que serán tratadas en la Ley de Extranjería. Ya no serán sancionables las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos. Tampoco se sancionará la toma de imágenes en las protestas o en las intervenciones policiales, siempre y cuando no vulnere el derecho a la intimidad de los funcionarios. También se reducirán las multas que se consideren excesivas y se aplicarán criterios de proporcionalidad ajustadas a la capacidad de ingresos de los sancionados, así como a su edad en el caso de que sean menores de edad.

Se recupera, así, el pleno derecho a la reunión y manifestación como corresponde a un Estado democrático.