El ex coordinador de la escuela municipal de hípica de Rota que fue denunciado por un delito continuo de malversación de caudales públicos, no será juzgado finalmente por un jurado de la Audiencia Provincial de Cádiz, ya que el acusado en el transcurso del juicio oral reconocía los hechos. El proceso judicial por tanto, se ha acelerado y se ha llegado a un acuerdo una vez que el ex trabajador de la empresa municipal Aremsa, que entonces gestionaba esta escuela municipal, ha admitido que durante dos años y medio, desde enero de 2014 a agosto de 2016, se apropió de las cuotas que pagaban los alumnos que daban clases de equitación en este equipamiento municipal así como de la que pagaban los dueños de caballos por distintos servicios recibidos entre los que estaba el alojamiento de los equinos en régimen de pupilaje. En total, se estima que se embolsara la cantidad de 45.732,40 euros. 

Admitidos los hechos, y tras un acto de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por la ahora desaparecida empresa municipal Aremsa, se le ha condenado en firme a dos años de cárcel, lo que le hubiera privado de libertad, pero su defensa alegó que su cliente carecía de antecedentes penales y por tanto, pedía la suspensión de la pena durante tres años. El presidente del Tribunal le ha concedido este beneficio a condición de no volver a delinquir y ser condenado por ello durante dicho período, así como que participe en todo momento al Tribunal su paradero. Gracias a ello, y con la aceptación del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, el ex coordinador estará en libertad aunque inhabilitado para cualquier cargo o empleo púbico en una administración local, autonómica o estatal por periodo de seis años.

La sentencia recoge expresamente que el incumplimiento de alguna de estas condiciones podría dar lugar a la revocación del beneficio suspensorio y al ingreso en centro penitenciario para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta.

Por otro lado, en cuanto a los hechos denunciados, queda probado que los alumnos de la escuela municipal de hípica pagaban su mensualidad en mano a este trabajador que como coordinador del equipamiento asumía esas funciones, y este les extendía un recibo como comprobante del pago. Dado que nadie a excepción de este trabajador controlaba ese dinero abonado, ya que él era también el que custodiaba la copia que quedaba en los talonarios por cada recibido de cobro emitido, acababa apropiándoselo.  Durante ese periodo, cuando él no estaba presente en las instalaciones,  el mecanismo establecido era que se dejara el dinero por parte de los monitores en un cajón de la oficina de la escuela de hípica de donde él posteriormente lo cogía.  El condenado era el que después destruía o hacía desaparecer la documentación y los talonarios que justificaban algunos de los cobros realizados que se guardaban en la oficina de la escuela municipal.

Ocurría lo mismo con los pagos que realizaban los propietarios de los caballos que se encontraban en las  instalaciones de la escuela de  hípica en régimen de pupilaje, que abonaban las cuotas mensuales al acusado, entregándole los clientes al mismo las correspondientes cantidades dinerarias en mano, sin recibir a cambio por parte de este ningún justificante de pago ni recibo alguno. De esta forma, desde 2014 a 2016, se estuvo lucrando de forma ilícita hasta pasar a su patrimonio personal un total de 45.732,40 euros.

La sentencia es firme, pero recoge que Aremsa, como parte perjudicada, ha hecho expresa reserva para emprender acciones civiles y poder acudir a los tribunales a reclamar los daños y perjuicios que estime convenientes derivados de la conducta de este ex trabajador municipal.

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