Si el Partido Popular, que le ha cogido el gusto a la democrática medida de coger firmas, decidiese en cualquier momento una recogida de firmas a lo largo de toda la geografía de este país nuestro para que el Gobierno de la Nación interviniera a las compañías energéticas con el fin de abaratar el precio del consumo eléctrico, yo firmaría sin  dudarlo. Pero esto no va a suceder. Sobre todo porque sería inconstitucional. El artículo 38 de la Constitución expresa con claridad que somos una economía de mercado. “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”, se puede leer en el primer párrafo del mencionado artículo. Que traducido resulta que las empresas pueden gestionar sus márgenes de beneficios y poner el precio que quieran a sus productos, incluido el precio del kilovatio, sin que el Estado pueda interferir en ello.

Para abaratar el coste del recibo de la luz se puede bajar el Impuesto del Valor Añadido (IVA) como así lo ha hecho el Gobierno. Al tratarse de un impuesto, este no forma parte del beneficio empresarial y, por consiguiente, a los empresarios del sector energético ni les va ni les viene. Sí repercute, y mucho, en el bolsillo del ciudadano.
También se pueden gestionar y negociar bonificaciones dirigidas a las familias más vulnerables para abaratar el coste del recibo. Esta medida, a las empresas del sector también les da lo mismo, mientras que no comprometa sus beneficios. De hecho, desde los servicios sociales de los ayuntamientos se llevan a cabo diariamente.

Y esta incapacidad de intervención que tiene el Gobierno conduce al desencanto. Ni los gobiernos de la derecha ni los de la izquierda son capaces de influir en las políticas comerciales de las empresas para reducir el recibo de la luz. Ese desencanto provoca que la abstención vaya creciendo sobre todo en los votantes de izquierda. La ilusión se desinfla (como apuntan algunos analistas políticos) no solo por este motivo sino por la “suavidad” con que el Gobierno trata algunos temas para no molestar en demasía a los que manejan todo este cotarro.

La derecha ideológica que critica cualquier acción del Gobierno sea cual sea el ámbito en que esta se produzca, no se ha atrevido a reprocharle las causas del aumento del precio del kilovatio/hora. Mutis. Sin embargo, si desde una parte del Gobierno se nombrara, aunque fuese de manera sutil, la nacionalización de las empresas del sector energético, ya tenían las huestes de Abascal y los primos hermanos de este,  materia para atacar e incluso sugerir un Golpe de Estado para derrocar al Gobierno.

Si se pudiera aplicar en estos casos el artículo 116, a lo mejor las empresas del sector energético podrían renunciar a una parte de sus beneficios a favor del bolsillo de la ciudadanía y aplicarían unos precios más reducidos.  Pero ni el estado de alarma ni el de excepción se redactaron para casos como este.

La tendencia de los países de la Unión Europea sobre esta cuestión es la de generar energía con fuentes renovables y que estas sean gestionadas por los propios ciudadanos. Las renovables son más baratas y competitivas pero en los mercados energéticos del mundo está muy regulada y controlada por las empresas tradicionales del sector. El Mercado (con mayúsculas) siempre encuentra mecanismos para sostenerse. Que la gente pueda producir su propia energía y vender el sobrante energético a la compañía que considere es solo un primer paso. El objetivo sería lograr que los núcleos de población  se organizaran y construyeran sus propias redes eléctricas. No se trata de ninguna utopía. En algunos lugares ya se está llevando a cabo.