La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, durante el discurso del debate de investidura se dirigió al diputado de Unidas Podemos Serigne Mbayé, acusándolo de haber entrado de forma ilegal en España.
Monasterio afirmó que su partido no es racista (¿?), sino que distingue entre “los que se salta la ley y los que no”.
Brotan en mi mente una serie de interrogantes a partir de estas palabras.

¿No fue esta señora la que firmó planos y certificaciones de obras como arquitecta antes de conseguir la titulación correspondiente? ¿Se saltó la ley la susodicha diputada voxista?

Tengo entendido que la Fiscalía de Madrid se querelló contra la preclara diputada por falsedad documental este mismo año.

Para estos y estas de Vox, ¿la ley debe solo cumplirla la ciudadanía de a pie  mientras los pijo flautas como ellos pueden hacer lo que les da la gana? ¿Se creen que España es propiedad de ellos y de ellas? ¿Creen en el sistema político que defiende la soberanía del Pueblo para elegir y controlar a sus gobernantes? Esto es, ¿creen en la democracia?

Otra duda: cuando no gobierna la derecha (y esto va también por los del PP), ¿admiten los resultados o consideran que solo ellos (la derecha) debe gobernar este país nuestro?

Otro asunto.

Los empresarios catalanes han defendido públicamente los indultos de los presos del procés. A esas voces se ha unido además la Iglesia catalana. La réplica del líder del PP, Pablo Casado, ha sido en los términos de que los empresarios dejen a los políticos hacer Política y que se dediquen a sus empresas. Que no opinen, vamos. Y si lo hacen que, al menos, no hagan públicas sus opiniones.

Si fuese al contrario, si hubiesen condenado los indultos los empresarios, ¿hubiesen dicho las ilustres voces de la derecha de este país nuestro lo que han expresado? El suyo es un posicionamiento legítimo, pero ¿se creen en posesión de la Verdad los que han defendido hasta hace dos telediarios a sus compañeros de partido implicados en casos de corrupción? ¿Creen que España les pertenece porque sí?  

Otro  tema.

En la Comisión de Consumo del Congreso de los Diputados, la diputada del PP acusó al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, de ser un  “vendido” a las multinacionales francesas y un “traidor” a los intereses de nuestra industria agroalimentaria por querer implantar el sistema de etiquetado en los productos denominado Nutriscone. Carmen Riolobos, la diputada del PP en dicha Comisión, no estaba al tanto que su partido había pedido al Gobierno de la Nación que pusiese en marcha el etiquetado Nutriscone el pasado año para lo cual presentaron una moción al Congreso de los Diputados. Algo que le recordó el Ministro. Menos mal que la señora Riolobos llevaba la mascarilla prescriptiva, que le sirvió esta vez también para tapar los colores de su cara.
No más preguntas Señoría. De momento, claro.