Junto a la campaña de recogida de firmas que se está llevando a cabo en Rota durante toda esta semana, aunque es una iniciativa del PP a nivel nacional, el grupo popular va a reforzar su postura  contra la decisión del Gobierno central elevando al pleno municipal del Ayuntamiento de Rota una moción en la que se exigirá al presidente de España, Pedro Sánchez, que no conceda el indulto a los independentistas catalanes que están condenados por sedición, de esta forma, piden que se respete la decisión del Tribunal Supremo.

La moción del PP recuerda que en octubre  de  2017,  diversos  partidos  y  miembros  del  gobierno  de  Cataluña  organizaron  un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto de España "y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna". Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana. Por ello, dos años después, los impulsores de estos actos fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión así como a penas de inhabilitación.

En un recordatorio de los hechos para enmarcar la propuesta que llevan a pleno, el PP recuerda que el alto tribunal consideró probado que los condenados habían cometido delitos de sedición y/o malversación y que ahora, el Gobierno del PSOE, necesitado de los votos de los independentistas, plantea el indulto. Anteriormente, ya planteó una modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplia del Código Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O. 

Contra los indultos el PP se está movilizando apoyándose en lo manifestado por la Fiscalía y por el Tribunal Supremo al considerar que los condenados no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como  en declaraciones posteriores)  que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.

Según la moción del PP, basada en el "demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad" por los miembros del Tribunal Supremo, lo que pretenden el presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional". Es decir, el gobierno "está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento  de  la justicia  española,  con  lo  que ello  significa  de ataque  a una  institución  que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia".

Por ello, el grupo popular pedirá en el pleno del Ayuntamiento de Rota que la Corporación exprese "su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación, del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país"; que el Ayuntamiento de Rota  manifieste "sin fisuras" su apoyo a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece el artículo 117 de la Constitución Española.  La misma moción recoge que el Ayuntamiento de Rota inste al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado "como ha declarado probado el Tribunal Supremo", no solo a la Constitución sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

En la misma línea, pedirán que se inste al presidente del Gobierno de España a comparecer en el Congreso de los Diputados en un pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto a los condenados por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, por la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente, y  por último, que de este acuerdo de pleno, se dé traslado al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia y a los portavoces de los grupos políticos del Congreso y  del Senado.