El PP se muestra en contra de que el Gobierno central elimine la modalidad de tributación conjunta de IRPF
El PP de Rota ha mostrado su desacuerdo con la decisión del Gobierno central de eliminar la modalidad de tributación conjunta de IRPF del que se benefician muchas familias y por ello, han decidido presentar una moción para debatir en el próximo pleno en el que pedirán el apoyo de la Corporación municipal para que se retire esta medida.
Según explican los populares en su propuesta, la ley del IRPF en su artículo 82.4 establece una reducción en la base imponible para los contribuyentes que opten por tributar de manera conjunta por las rentas de la unidad familiar. El motivo principal de este beneficio fiscal es adecuar el impuesto a la composición de rentas dentro del hogar y el fomento de la familia, por lo que los contribuyentes que elijan este modelo de tributación tienen derecho a reducir su base imponible en una determinada cantidad, que varía según el tipo de unidad familiar. Por ejemplo, en el caso de matrimonio, se tiene en cuenta la unidad familiar integrada por los cónyuges no separados legalmente y, en su caso, los hijos menores de edad que convivan con ellos, y los mayores de edad incapacitados sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, pudiendo aplicar una reducción en la base imponible de 3.400 euros anuales. Cuando hay ausencia de matrimonio o en caso de separación legal, se tiene como unidad familiar la formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro, ya sean menores o mayores incapacitados, pudiendo aplicar una reducción en la base imponible de 2.150 euros anuales.
Sin embargo, el Gobierno de España ha declarado su intención de eliminar este beneficio fiscal tal y como recoge en la página 341 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se remitió el pasado 30 de abril a la Comisión Europea, junto con otras medidas que como indica el PP; supondrán un aumento de los impuestos que pagan los españoles; en concreto y en relación a la tributación conjunta, se dice literalmente: “se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente a mujeres)”.
Desde el PP manifiestan que aunque ya ha habido voces en contra de esta medida, y que algunos representantes del Gobierno han indicado que es solo una propuesta que finalmente no se iba a llevar a cabo, lo cierto es que está incluida en el Plan de Reformas y de Recuperación presentado por España ante la Unión Europea, sin que se haya llevado a cabo ninguna rectificación material acreditada del cambio de criterio.
La portavoz del PP de Rota, Auxiliadora Izquierdo, ha apuntado que según las estadísticas de la Agencia Tributaria, en el año 2019 se presentaron en España 20.608.731 declaraciones, de las que 16.930.598 (un 82,1% del total) eran individuales mientras que 3.678.133 (un 17,8%) fueron conjuntas, que son las que se verían afectadas por esta medida. En el caso de Andalucía, se presentaron 3.516.214 declaraciones, de las que 2.721.820 (un 77,40% del total) eran individuales mientras que 794.393 (un 22,60%) fueron conjuntas, que son las que se verían afectadas por esta medida.
Según la propia AIREF, “los beneficiarios se concentran en mayor medida entre los contribuyentes de mediana y avanzada edad. En particular, los mayores de 55 años suponen un 48% del total de beneficiarios y absorben el 51% del coste total”, dejando en manos de los contribuyentes por IRPF 2.393 millones de euros. Estas declaraciones conjuntas en IRPF se corresponden en su mayoría con pensionistas, familias cercanas a la edad de jubilación, o familias en las que solo uno de los cónyuges tiene la opción de trabajar, así como padres o madres separados que viven con los hijos que tienen a su cargo.
Por tanto, la eliminación de esta modalidad de tributación conjunta en IRPF supondría una subida de impuestos a las rentas del trabajo de los más de 3,6 millones de declarantes (familias) que aplican en España esta modalidad afectando a más de 7 millones de personas en España, y con mayor intensidad en Andalucía donde aplica esta modalidad a 794.400 declaraciones (21,6% de las declaraciones conjuntas sobre el total de España) afectando a más de 1,5 millones de andaluces.
Para ser más claros y exponer a la opinión pública cómo afectaría en términos reales esta medida de llevarse a cabo por el Gobierno de la nación, el PP pone varios ejemplos: un matrimonio jubilado que vive con una pensión de 18.000 euros al año, es decir, una pensión de 1.285 euros brutos al mes, al eliminar la reducción por tributación conjunta le supone una subida de impuestos de 1.034 euros al año, o lo que es lo mismo, se reduce su pensión en 86 euros al mes.
En el caso de un matrimonio de 59 años, padres de hijos emancipados, en el que solo uno de los cónyuges logra llevar un sueldo a casa de 24.000 euros brutos, 1.350 euros netos al mes, con la eliminación de la tributación conjunta, van a perder por esta subida de impuestos 846 euros al año. Otro ejemplo sería el caso de una familia formada por un matrimonio de 42 años que tienen un hijo con discapacidad y en la que solo entra un sueldo bruto al año de 22.000 euros, aproximadamente 1.500 euros netos al mes. Si eliminan la reducción por tributación conjunta, esta familia sufriría una subida de impuestos de 1.498 euros al año.
Continuando con más casos prácticos, Auxiliadora Izquierdo ha explicado que en el caso de un matrimonio de 40 años, con dos hijos de 7 y 10 años, y en el que solo trabaja uno de los cónyuges obteniendo un salario bruto de 23.000 euros, 1.425 euros al mes neto, en caso de eliminación de la reducción por tributación conjunta, esta familia pagaría 1.300 euros más al año por el impuesto del IRPF. En el caso de una familia monoparental formada por una madre de 40 años y una hija de 6 años que cobra brutos 22.000 euros al mes, es decir, percibe 1.290 euros netos, le supondría una subida de impuestos de 516 euros al año.
En definitiva, según el PP, la pretendida eliminación por parte del Gobierno socialista de la nación de esta modalidad de tributación supone una subida de impuestos a las familias de aproximadamente de 1.100 millones de euros de media, castigando especialmente a jubilados y a rentas medias.
Por otro lado, Auxiliadora Izquierdo se refiere a la excusa "poco creíble" que alega el Gobierno socialista para la supresión de esta modalidad cuando argumenta que esta supone "un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente a mujeres)”. Según el PP, es dudoso que en una familia uno de los cónyuges decida no trabajar por aplicarse un ahorro fiscal de 1.100 euros, "cuestión que ni siquiera es válida en el caso de jubilados o de las familias monoparentales que aún trabajando aplica esta modalidad. Por todo ello, la pretensión de eliminar la tributación conjunta atiende más a un elemento de voracidad tributaria".
Para el PP, esta medida, junto con el resto de las subidas de impuestos (al diésel, matriculación, peajes, patrimonio y sucesiones y donaciones, entre otras) planteadas en el Plan de Recuperación que el Gobierno de la nación ha elaborado de manera unilateral, sin tener en consideración al resto de fuerzas políticas con mayor representación, ni a comunidades y ciudades autónomas, ni a entidades locales, "son claramente perjudiciales para el proceso de recuperación y creación de empleo, y contrarias a las políticas fiscales que están siendo desplegadas por el resto de socios europeos".
Por todo ello, en el pleno del próximo 27 de mayo, el PP elevará esta propuesta para su debate instando a apoyar un acuerdo en el que el Ayuntamiento de Rota afirme que considera muy lesivo para las familias de trabajadores, pensionistas y autónomos, y especialmente para pensionistas y familias monoparentales de clase media, la supresión de la modalidad de tributación conjunta por suponer una subida de impuestos en IRPF de más de 1.100 euros por familia al año de media, y por tanto, se pida al Gobierno que retire la propuesta de subida generalizada de impuestos por ser contraproducente al proceso de recuperación económica y de creación de empleo. En la misma moción, se pedirá que el Ayuntamiento muestre su rechazo a la forma en la que el Gobierno de España está llevando a cabo la formación del Plan de Reformas y de Recuperación que ha de aprobarse ante la Unión Europea y se instará a que trabaje en propuestas en colaboración con el resto de administraciones y los agentes sociales y económicos, encaminadas a mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público que posibiliten incentivar la generación de riqueza, empleo y bienestar en el conjunto del Estado.

































MANUEL | Viernes, 21 de Mayo de 2021 a las 17:06:57 horas
Todo eso está muy bien pero hay que tener en cuenta que se tiene que pagar los VENTIDOS Ministerios, con sus respectivos cargos (Secretarios Subsecretarios, Asesores, Delegados, Subdelegados...) elegidos "dedocraticamente".
También hay que pagar DIECISIETE Comunidades Autónomas con sus respectivas Consejerías y sus cargos (Secretarios Subsecretarios, Asesores, Delegados...) también elegidos "dedocraticamente".
Y por si no hubiera bastante tenemos CUARENTA Y UNA DIPUTACIONES, también con sus cargos y asesores con la misma elección, "dedocraticamente".
Para finalizar están los Ayuntamientos, mas de ocho mil, la mayoría de ellos cobrando todos los concejales, gobiernen o sea oposición.
Todos los que componen esa nutrida composición que forma parte del entramado político tienen un sueldo que en la mayoría de los casos son bastantes elevado en comparación con los que gana cualquier persona que se presente y gane una una oposición, por ejemplo.
Quizás haya que plantearse que no todo ese entramado político de gobierno es necesario. Se podría reducir las Comunidades Autónomas y agrupar las uniprovinciales, bien entre ellas o entrando a formar parte de otras. Las diputaciones provinciales serían innecesarias y podrían hacerse cargo de sus funciones las Comunidades o los Ayuntamientos.
Es necesario regular todo ese entramado y que cualquier dirigente político pueda disponer “dedocraticamente” de que entre, con un buen sueldo por supuesto, a trabajar esos que llaman “asesores” y que en la mayoría de los caso son los que han perdido elecciones y no podrñan gobernar.
Quizás por ahí pueda ir algunos recortes y no “sangrarnos” a los ciudadanos con impuestos para pagar a gente que no han demostrado su valía con un examen sino solo con su carné del partido.
Salud y Libertad.
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