Recordaba hace unas semanas la abogada sudafricana Umunyana Rugege las palabras que pronunció Nelson Mandela en 2003 durante su discurso con motivo del Día Mundial del Sida: “la salud no puede depender de cuánto ganas; es un derecho fundamental”.

Umunyana Rugege dirige una organización en defensa de los derechos humanos y la justicia social en su país.  La organización en cuestión se denomina “Section27” y, a través de ella se ha respaldado la propuesta de la suspensión de la propiedad intelectual sobre la vacuna contra la Covid-19, que han presentado ante la Organización Mundial de la Salud los gobiernos de Sudáfrica y de la India.

Mucho se ha venido comentando sobre “la solidaridad obligada” para erradicar la pandemia. Pero el posicionamiento de la industria farmacéutica no comulga con liberar la patente de la vacuna. Sobre todo porque va en perjuicio de sus beneficios económicos. Y, no cabe duda, de que la industria farmacéutica ha encontrado en la pandemia una gran fuente de ganancias.

Por si alguien aún no se había percatado de ello, esta circunstancia ha destapado ante el mundo el negocio que supone la Salud.

Ha sido Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, el primero en posicionarse a favor de suspender temporalmente la patente. A renglón seguido lo ha hecho la Unión Europea. A pesar de la insistencia de los partidos de izquierda en el Parlamento Europeo para que la propiedad intelectual de las vacunas del Covid-19 quedaran suspendidas para hacerla llegar a los países pobres, no ha sido hasta el pronunciamiento de Joe Biden cuando los distintos gobierno europeos han compartido la idea.

Recordaba Umunyana Rugege que “no basta con que los países ricos donen vacunas a África. Una emergencia de salud pública no se soluciona con caridad. Se soluciona si cambias tu percepción del mundo, si examinas las desigualdades que persisten desde hace décadas y entiendes como funcionan. El sistema que tenemos no funciona en tiempos normales. Mucho menos en una pandemia”.

Los gobiernos neoliberales trabajan desde hace tiempo para imponer un modelo de salud privada. No es una acción que se vaya a llevar a cabo de un día para otro. La idea la van introduciendo poco a poco en nuestra sociedad. Recortar cada vez más las asignaciones presupuestarias dedicadas a la Sanidad Pública es un hecho constatable en muchas comunidades autónomas de este país nuestro. La aparición de la pandemia ha frenado esta tendencia. Pero mucho me temo que sólo la haya aparcado de momento.

Basta recordar que en una buena parte del mundo las personas, cuando están enfermas, tienen que elegir entre comprar medicinas o dar de comer a sus familias. Para los gobiernos de esos países la salud pública es una gran carga.

Si ese es el modelo que se pretende imponer en nuestras vidas, contemplaremos situaciones parecidas en nuestro entorno en un futuro no muy lejano.