Izquierda Unida y Podemos Rota han querido mostrar su satisfacción por la aprobación, tras más de un año de trabajos el Congreso de los Diputados, de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En este sentido, han querido recordar las mejoras notables que ello supondrá para la movilidad sostenible, la protección de ecosistemas o la reducción de emisiones. Y es que la Ley de Cambio Climático era una de las grandes urgencias de la legislatura según Unidas Podemos que han resumido los objetivos más ambiciosos  y mayores responsabilidades con el medio ambiente y el planeta en varias claves: se fija la neutralidad climática de emisiones y un sistema eléctrico 100% renovable para 2050; se establece de forma obligatoria zonas de bajas emisiones y planes de calidad del aire en ciudades; y se prohíbe el fracking y la minería del uranio.

Desde Podemos Rota destacan que con esta ley se acercan los objetivos a 2030, a las necesidades de la emergencia climática y a lo planteado por Unidas Podemos ya en 2018. Entre esos objetivos está la reducción de CO2, que pasa del 20% al 23%; la producción de electricidad renovable aumenta del 70% al 74%; y la eficiencia energética sube de un 35% al 39,5%.

Esta nueva Ley del Cambio Climático incluye nuevas obligaciones de las administraciones públicas en la lucha contra el cambio climático, como la promoción de la movilidad sostenible, la mejora de la capacidad de los sumideros de carbono y la protección de los ecosistemas naturales. De hecho, para el partido, el futuro del país debe basarse necesariamente en la transición ecológica y la construcción de un país más sostenible como pilar fundamental de la reconstrucción tras la pandemia. Por ello, se revisarán estos objetivos cada dos años para adecuarlos a los distintos planes que se vayan ejecutando dentro de la recuperación post Covid-19.

Entre algunos de las medidas que recoge la nueva ley, se prohíbe la minería de uranio en todo el territorio, y se procede al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas para su procesamiento; se introducen nuevas mejoras respecto a la promoción de la movilidad sostenible, como la obligación del Gobierno de presentar un Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte o promover el uso del ferrocarril para el transporte de viajeros y mercancías; se establecen planes de calidad del aire para las ciudades, adicionales a las zonas de bajas emisiones centrales que ya establecía al texto del anteproyecto de ley que salió del Consejo de Ministros. Esta medida permite extender a los barrios de periferia la obligación de cuidar la salud pública y luchar contra la contaminación atmosférica; se fomenta además, la rehabilitación de viviendas, la renovación urbana y el autoconsumo eléctrico y el compromiso de reforma del sistema eléctrico a través del compromiso gubernamental de elaborar un plan en la materia.

Por otro lado, se reconoce la importancia de los sumideros de carbono y el deber de las administraciones públicas de realizar todas las labores necesarias (identificación, clasificación, aumento, etc.) para mejorar su capacidad de absorción; se enfatiza, con obligaciones concretas, la protección de la biodiversidad frente al cambio climático. En este apartado por ejemplo, la administración general del Estado y las comunidades autónomas deberán recoger en los planes e instrumentos de gestión de espacios naturales un apartado sobre adaptación al cambio climático que contenga, al menos, el listado de especies y hábitats especialmente vulnerables, los objetivos, acciones e indicadores de progreso y cumplimiento y un plan de conectividad con otros espacios protegidos; se establece la obligación de actualizar en un máximo de 5 años en todos los atlas nacionales para incluir en ellos un análisis específico del impacto del cambio climático sobre las especies, incluyendo los principales escenarios climáticos; en esa línea, la ley favorece las renovables respetando la riqueza natural; se habilita a la administración general del Estado y sus organismos o entidades a incluir en los contratos condiciones que primen los alimentos frescos o de temporada y con ciclo corto de distribución, logrando así una menor huella de carbono; por último, se reconoce el papel fundamental que la lucha contra el cambio climático tiene en la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la necesidad de que la lucha contra la emergencia climática sea un principio clave en la cooperación española.