Las mujeres de la Plataforma Roteña en Defensa de lo Público, antes plataforma de pensionistas, han querido aprovechar la inminente conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde se reivindican derechos de igualdad, para recordar que las mujeres siguen cobrando pensiones un 34% menos que los hombres, pese a la revalorización del IPC, estando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 950 euros.

Según la Comisión Mujer Andaluza, en defensa del Sistema Público de Pensiones COESPE, esta situación se debe a que todavía existe una sociedad patriarcal en la que los cuidados recaen principalmente sobre la mujer, no reconociendo el trabajo que realiza en este ámbito. Por ello, desde Rota se unen a la denuncia que deja al descubierto que todavía hay diferentes salarios por el mismo trabajo en detrimento de la mujer; que las reducciones de jornada laboral son más solicitadas por las mujeres para poder conciliar su vida laboral y familiar; que los empleos feminizados tienden a estar peor pagados y tiene menor proyección, además del conocido como techo de cristal; que existen muchas trabajadoras del campo que nunca han cotizado y se tienen que acoger a pensiones no contributivas; que las empleadas de hogar, en su mayoría, aún no están dadas de alta en la Seguridad Social y las que están no tienen derecho a la prestación por desempleo, con salarios y horarios ilegales, teniéndose en cuenta para la jubilación los periodos realmente cotizados.

Además denuncian que el Covid ha empeorado la situación y que la crisis económica ha hecho desaparecer las políticas de inserción laboral a favor de la igualdad. Por otro lado, indican que los recortes en el sector público, con una elevada proporción de mujeres en el sistema sanitario, educativo y servicios sociales, ha incrementado más el desempleo lo que agrava la situación de la mujer mayor.

En cuanto a otros datos a destacar en esta denuncia pública sobre desigualdades de mujeres pensionistas con respecto a los hombres, indican que 65.191 mujeres en Andalucía  cobran una pensión no contributiva fijada en 5.638,09 euros la máxima (14 pagas de 402,72 euros) y en 1.409,52 euros la mínima (14 pagas de 100,68 euros).

Con respecto a las pensiones de viudedad, el 92,37% son mujeres frente al 3,8% de hombres, mientras que el 98% de los mismos compatibiliza dicha pensión con la suya propia, para el 90% de las mujeres con pensiones de viudedad es su único ingreso. La recomendación 13 del Pacto de Toledo pretende dejar desprotegidas a más de 295.600 perceptoras de la pensión de viudedad, en la mayoría mujeres en edad de trabajar, imposibilitando el cuidado de los hijos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pretende ampliar a 35 años el cálculo de la pensión, lo que  según la plataforma de mujeres pensionistas, perjudica enormemente a las mujeres con carreras laborales más precarias, sin olvidar que para conciliar trabajo con vida familiar las mujeres piden reducción de jornada laboral e incluso excedencia, más que los hombres.

La mayor longevidad de las mujeres provoca además mayor riesgo de pobreza debido a que tienden a vivir más años, pero con menos recursos. Una de cada dos mujeres en esta situación está en riesgo de pobreza, 30% de las mujeres pensionistas necesita la ayuda de los complementos a mínimos.

En el escrito que presenta la Comisión Mujer Andaluza, en defensa del Sistema Público de Pensiones COESPE, las condiciones de vida de  muchas mujeres se ven limitadas por ingresos inferiores a 500 euros al mes, lo que las lleva a una precariedad extrema reflejada en su mala calidad de vida. A todo ello, habría que añadir, según indican, el empeoramiento de la situación a raíz de esta crisis sanitaria donde la tasa de actividad femenina baja hasta el 50,05%, frente al 61,35% de los hombres.

Por otro lado, el  teletrabajo multiplica las responsabilidades de las mujeres en el hogar y dificulta la conciliación de su vida profesional y familiar.

En España, el 71% de las residencias de mayores están en manos de multinacionales y fondos de inversión internacionales privados y el 29% son públicas,  consecuencia de la política llevada a cabo por la administración donde se han aumentado las residencias privadas y externalizado la gestión de las residencias públicas.

Por ello, y otras razones, las mujeres pensionistas exigen en este 8M que se establezcan políticas para la desaparición de la brecha salarial y de inserción laboral a favor de la igualdad; que se amplíe la tasa de empleo en las mujeres; que se avance en la compensación de las lagunas de cotización que presentan las mujeres; que se establezcan políticas públicas en el sistema de dependencia con perspectiva feminista; que se impulsen políticas de empleo con el fin de potenciar la inserción laboral de las mujeres con diversidad funcional; que se reconozca y protejan los derechos laborales de las mujeres inmigrantes; y que se reduzca la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres. Por otro lado, exigen que las pensiones mínimas y no contributivas sean igual al 60% de la media salarial, que es lo que establece la Carta Social Europea; que las pensiones de viudedad cobren el 100% de la base reguladora; que se mejore y monitoricen las residencias de ancianos, dotándolas de recursos y más inspecciones para tranquilidad de los mayores; no a las residencias privadas en las que priman los beneficios económicos a costa del bienestar de las personas residentes; y exigen al Ministerio de Asuntos Sociales que elabore una Ley General de Asistencia Socio Sanitaria, con el objetivo de regular la gestión, funcionamiento y seguimiento de las residencias de mayores.

Por último, esta sección de mujeres recuerda a las asesinadas por sus parejas o exparejas para que también se dé solución a la violencia machista, porque la "mujer pensionista también es feminista".