El conflicto con la empresa concesionaria del servicio de aeropuerto de la Base Naval de Rota continúa y las relaciones con la plantilla siguen generando puntos de desencuentro sumando ya un enfrentamiento demasiado largo, iniciado en octubre de 2016.

En esta ocasión, el comité de empresa de Louis Berger Aircraft Services (Inc) ha informado de un nuevo despido que se habría formalizado durante el mes de enero, parece que por causas objetivas, pero del que no se informó a los representantes legales de los trabajadores -ya que la empresa dejó de reconocerlos como tal-. Pero dado que hay una sentencia que los legitima para este cargo representativo, es por lo que el comité, con fecha de 18 de febrero, solicitó  a Louis Berger que cumpliera con el requisito formal de informar sobre estos hechos, recogido en el artículo 53 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, debiendo entregar la concesionaria del servicio de aeropuerto de la Base copia de la carta  de  despido  que  le  fue  entregada  el  pasado  mes  de  enero  a  la  trabajadora despedida,  en  la  que  consten  las razones del señalado despido.

Dado que la empresa ha mostrado su negativa a hacerlo, es por lo que desde el comité de empresa se va a presentar denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz para que se puedan adoptar las providencias oportunas. Y es que según explican los representantes legales de la plantilla, en el supuesto de que haya sido un despido objetivo, se podría haber incurrido  en un fraude de ley teniendo en cuenta el historial  reciente de nuevos contratos de trabajo que ha realizado la empresa.

Dos nuevas actas de infracción por vulnerar derechos fundamentales, sumando en total 21

Por otro lado, según informa a este medio el comité de empresa de Louis Berger, la Inspección  Provincial  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  de  Cádiz ha vuelto a levantar dos actas de infracción a la empresa durante el mes de febrero por haber vulnerado derechos fundamentales. 

La primera de ellas, es por falta muy grave por vulnerar el derecho  básico  a  la intimidad  y  a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores recogido en el art. 4.2 e) del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, el acta de infracción hace referencia a las acciones llevadas a cabo contra los miembros del comité de empresa Isabel  Pérez Moreno  y Edgard  Schmidt  Rio  Valle, además  de  otro  trabajador después  de  que  se reincorporasen a su puesto de trabajo tras ser declarados nulos  sus despidos disciplinarios.

Según explica el comité, la  empresa  aisló individualmente  a  estos  trabajadores  del  resto  de  sus  compañeros  y  los  privó  de  ocupación efectiva  durante  tres meses  de  noviembre  2019  a  febrero  de  2020,  "permaneciendo  en  una  habitación  aparte durante la  jornada  laboral,  teniendo  prohibido  hablar  con  el  resto  de  los  compañeros. Allí se les entregó  una montaña de papeles y se les ordenó que los estudiasen sin más explicaciones, intentando LBAS camuflar la táctica de acoso laboral como supuesta formación". Hay que señalar que ambos trabajadores cuentan con sobrada experiencia al tener una antigüedad de al menos 20 años.

Por otro lado, la segunda acta de infracción se ha levantado por no haber facilitado  al comité de huelga la información, documentación y el nombre de los trabajadores que son designados como servicios mínimos durante las jornadas de huelga, para que el comité pueda ejercer las competencias y obligaciones que tiene atribuidas durante el desarrollo de la misma, "quedando el desarrollo de la huelga a la manipulación interesada de la empresa".

Dado que la situación no mejora, desde el comité de empresa y desde las centrales sindicales de CCOO y UGT, han pedido a Louis Berger que se ajusten al derecho de normativas españolas y que "abandonen de una vez por todas las malas prácticas a las que por desgracia nos tienen acostumbrados".