La detención del rapero Pablo Hasél, en virtud de una sentencia judicial ajustada a derecho según las leyes actuales, pone de manifiesto la necesidad de cambios en nuestro ordenamiento jurídico, ya que hechos como este son un claro atentado contra la libertad de expresión.

Han sido varias las personas de reconocida relevancia que han expresado con rotundidad su oposición a la detención del cantante, por lo que significa como atentado a la libre expresión enunciada en nuestra Carta Magna. Pero también ha sido denominador común las opiniones contrarias a las letras y a las declaraciones de su autor, mostrando claramente el disgusto que provocan y el rechazo a las mismas.

En un país democrático el derecho manifestación está reconocido y convocar una protesta ante situaciones que se consideran injustas debe ser aceptado como algo normal. Quienes decidan que existen motivos para plantear una movilización en estos términos ejercen un derecho ciudadano.

En cambio, es inadmisible que, aprovechando la indignación que ha producido la sentencia, se desate una virulenta ola de violencia que pone en peligro la seguridad de otras personas, que destroza mobiliario urbano, que vandaliza establecimientos comerciales, que hace arder vehículos y que busca con vehemencia el enfrentamiento con los cuerpos de seguridad. Si la manifestación es un derecho, lo que se convierte en agresión es un delito y como tal hay que tratarlo. Ni lo justifica la sentencia, ni tampoco la respuesta policial.

Tratar de buscar alguna explicación a esta vorágine de salvajismo no resulta cosa fácil. No parece suficiente el hecho del encarcelamiento de Hasél para que tantas movilizaciones tan intensas, tan agresivas, con tanta rabia y durante tanto tiempo, expliquen las razones que mueven a esta gente; tiene que haber algo más. Desde ciertos sectores de la izquierda se está tratando de relacionarlo con la situación desesperada, sin trabajo, sin horizontes, sin esperanza, que vive una gran parte de nuestra juventud. Si este es el caso, sería bueno que alguien les dijera a esta gente que no van a solucionar nada por este camino, que lo único que pueden encontrar es tener problemas con la justicia por los desmanes provocados y alguna desgracia como la de la muchacha que ha perdido el ojo. La violencia no trae más que violencia.

Desde el Ejecutivo, mientras el sector socialista del gobierno ha manifestado contundentemente su rechazo a los actos violentos, el sector de UnidasPodemos se niega a condenarlos. La esperada reacción de la oposición política y mediática ha sido cargar contra el gobierno y tratar de hacer cuanto más daño mejor. Solo alguien con la cabeza bien amueblada como Ada Colau ha manifestado claramente su rechazo a las actitudes salvajes de quienes protagonizan los disturbios.

Parece que no lo tienen claro en Unidas Podemos. Pues con esa negativa a condenar la violencia y a responsabilizar a las fuerzas del orden no permite augurar futuro alguno a su permanencia en el gobierno.

¿Se podrá esperar coherencia?

Manuel García Mata