De cara al próximo pleno municipal, el PP de Rota ha presentado una moción en defensa del campo andaluz que pretende que cuente con el apoyo del resto de partidos políticos que forman el arco plenario.  Una moción que recoge las peticiones de diferentes organizaciones agrarias a favor de los agricultores y que se presenta por parte de este grupo tras una reunión mantenida entre las diferentes organizaciones agrarias, agricultores roteños, los delegados territoriales de la Junta de Andalucía Daniel Sánchez y Ana María  Bertón, y la portavoz del PP de Rota, Auxiliadora Izquierdo.

En este encuentro, se abordaron las "importantes pérdidas económicas que va a sufrir el campo andaluz, y en concreto, la provincia de Cádiz"  tras el decreto de transición de la Política Agraria Común (PAC) de 2021-2022 que el Gobierno de España ha aprobado sin consensuar y contra el que se han posicionado varias organizaciones agrarias.  Según los afectados, se trata de una reforma "muy agresiva", cuando la propia UE recomienda que esa reconversión se debe realizar poco a poco hasta 2026. La reforma de la PAC va a suponer, según el PP,  que la rentabilidad de las explotaciones agrarias se vea reducida de forma muy considerable. Además, añaden, esta decisión del Gobierno de España va a provocar que se  paralice la inversión, la innovación y la modernización del campo, así como la incorporación de los jóvenes al campo.

La moción que el PP elevará al pleno del Ayuntamiento de Rota pedirá, concretamente, y destacando la  importancia de la agricultura, la ganadería y la agroindustria en el municipio de Rota, que se muestre un posicionamiento de rechazo al Real Decreto de Transición de Ayudas Directas de la Política Agrícola Común (PAC) para los años 2021 y 2022, tal y como ha expresado el gobierno de la Junta de Andalucía y las organizaciones profesionales agrarias andaluzas Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía a través de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía. La moción pide rechazar la decisión unilateral del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de acelerar el proceso de convergencia de los derechos de pago básico, rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC.

La misma propuesta recoge que el pleno municipal defienda la necesidad de mantener el enfoque progresivo en relación a los derechos de ayuda, evitando impactos bruscos y permitiendo a agricultores y ganaderos una adaptación paulatina al nuevo nivel de ayudas, así como proporcionarles  seguridad jurídica, tal y como se recoge en la proposición no de ley relativa al futuro de la PAC aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado 8 de octubre, aspecto este que en su día fue apoyado con el voto favorable de los grupos parlamentarios popular, socialista, Ciudadanos y Vox.

El tercer punto de la moción solicita al Ayuntamiento de Rota a que inste al Gobierno de España a modificar el Real Decreto de Transición de Ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para los años 2021 y 2022, aprobado el pasado 26 de enero, de manera que se aplique durante estos dos años de transición el modelo de convergencia aplicado hasta ahora, según lo acordado en su día, entre el ministerio y las comunidades autónomas.

Y por último, que de lo acordado, se dé traslado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la Diputación provincial de Cádiz y a los grupos políticos constituidos en el Congreso de los Diputados, Parlamento de Andalucía y Diputación provincial.

La Junta de Andalucía, que se ha puesto de lado del sector agrario,  considera que con este Real Decreto, el Ejecutivo central está obviando que el sistema de ayudas directas español tuvo una profunda reforma en 2015, al pasar de un modelo de ayudas calculadas de forma individual a cada agricultor y ganadero en función de su historia productiva, a un modelo de ayudas regional, y que, dado el gran impacto que esta reforma tenía sobre las ayudas de muchos agricultores y ganaderos, ayudas que son fundamentales para la renta en muchos sectores y territorios, el ministerio y las comunidades autónomas acordaron un sistema de convergencia parcial y progresivo que permitiera a los productores agrarios una adaptación paulatina de sus explotaciones.

Sin embargo, las organizaciones y cooperativas  representativas del sector agrario consideran que este Real Decreto impone una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico, que es del todo "inoportuna, injusta y gratuita, sin obligación por parte de la UE", y que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues, según indican,  pretende plantear una tasa plana que primará la superficie sobre la producción. Organizaciones agrarias y cooperativas han reiterado su compromiso de luchar para que esta situación cambie y se respete el esfuerzo ejercido durante generaciones por este sector clave para el presente y futuro de la alimentación y de Andalucía, y han anunciado contundentes movilizaciones en cuanto el Covid-19 lo permita.

El PP y el sector agrario lamentan que el Gobierno de España no haya  atendido las peticiones de la Junta de Andalucía y de las organizaciones profesionales agrarias andaluzas Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, que consideran que el Real Decreto es "muy dañino para el modelo social y profesional de la agricultura", añadiendo que se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, con total falta de transparencia y sin dar a conocer un dato, y que supone un grave perjuicio para este modelo, que es clave para la economía andaluza, y va a generar un daño irreversible a un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario, gestiona el territorio y es el que fija población en la región.