En la España de la dictadura era impensable expresar libremente las opiniones. Sobre todo si estas atentaban contra la moralidad implantada por el régimen. Te podía caer una multa. Por supuesto, nada de cuestionar al régimen. En esos casos la estancia en la cárcel, acompañada de algún que otro maltrato físico,  estaba asegurada. Uno de los derechos constitucionales, la libertad de expresión (artículo 20), ha hecho olvidar aquella infausta etapa de la vida de este país nuestro. La locución, atribuida al filósofo francés Voltaire, que expresa: “no estoy de acuerdo con lo que dice pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo”; viene a recoger el espíritu democrático de la libertad de expresión.

“Expresar y difundir libremente  los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción”, forma parte del texto recogido en el artículo veinte. Cuando alguien publica un artículo está haciendo uso de este derecho. Cuando alguien replica alguna opinión, también. El derecho a expresarse inunda la sociedad. No sólo a través de los medios tradicionales como la prensa, la radio o la televisión, sino a través de los nuevos espacios que ofrecen las llamadas redes sociales. En toda la Historia de la Humanidad, nunca como hasta ahora, la libertad de expresión ha logrado tanto alcance y diversidad.

Ya sea a “pecho descubierto” o escondido tras un seudónimo (ahora se le llama nick) todos hacen uso de la libertad de expresión. Ya se trate de algún secretario de un juzgado ya retirado, del jubilado que gusta verter sus opiniones sobre otras, del que comparte las ideas expuestas... muchos gustan de opinar.

Incluso aquellos que formaron parte del pensamiento único de la dictadura fascista del Generalísimo, hacen uso de este derecho. Estos, la mayoría de las veces,  bajo tras un seudónimo (ahora le llaman nick), por miedo a que le señalen, tal como hacía él y los de su calaña con los que discrepaban y a los que perseguían años ha. Miedo, por otra parte, injustificado en un Estado de Derecho.

Hasta el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, se atreve a opinar sobre el sexo, el matrimonio, la homosexualidad... Está en su derecho. Aunque en el tema de la fornicación, no pueda dar lecciones prácticas por falta de experiencias propias. Vamos, digo yo.

Todavía existen grupúsculos que se resisten a que los demás puedan (podamos) ejercer el derecho a la libertad de expresión. Hay que recordar que la  libertad de expresión no solo se refiere a la manifestación verbal o escrita, también a la que, podíamos denominar, gráfica o plástica. Así, la asociación de Abogados Cristianos interpusieron una demanda contra el alcalde Cádiz, José María González, por haber permitido que se izase en la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBI, durante la celebración del Día del Orgullo. La Fiscalía y el Juzgado han archivado la denuncia por entender que “defender la libertad y la igualdad no puede jamás ser un delito”.
Parafraseando a Manuel Azaña, hay personajes a los que les gusta tener libertad de expresión (como el obispo de San Sebastián) y decir y pensar lo que se le antoja, pero tolera difícilmente que otros (como José María González) goce de la misma libertad y piense y diga lo contrario de lo que él opina.