El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha aprobado la distribución de un crédito de más de 11 millones de euros en Andalucía de los que 1.512.440,68 euros corresponden a la provincia de Cádiz, con cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias en materia de dependencia. Esta dotación, que se amplía por primera vez desde 2012, supone un incremento de 710.070 euros en Andalucía, de los cuales 109.884,68 euros se distribuirán en la provincia de Cádiz y de esos, casi 40.000 euros recibirá el Ayuntamiento de Rota.

Para su distribución se han establecido criterios relativos a población potencialmente dependiente, personas pendientes de la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), personas beneficiarias de prestaciones de dependencia y número de Zonas Básicas de  Servicios Sociales de cada entidad.  En todos los casos, se ha garantizado, al menos, los créditos consignados en el año 2020 para cada entidad  local. En concreto, con respecto a la distribución de los créditos en la provincia de Cádiz, 177.762,41 euros se destinan al Ayuntamiento de Cádi;  a la Diputación de Cádiz le corresponden 284.685,37 euros; 130.040,42 euros a Algeciras; 45.509 euros a Arcos de la Frontera; Barbate 40.452,00 euros; Los Barrios 32.919,00 euros; Chiclana de la Frontera 73.786,43 euros; Conil de la Frontera 33.758,00 euros; Jerez de la Frontera 209.085,69 euros; La Línea de la Concepción 90.489,42 euros; El Puerto de Santa María 87.353,72 euros; Puerto Real 42.427,00 euros; Rota 39.887,00 euros; San Fernando 101.422,89 euros; San Roque 41.569,00 euros y Sanlúcar de Barrameda 81.293,34 euros.

Según la Junta de Andalucía, con este refuerzo de personal, será posible la atención más rápida a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Así se hace necesario para el ejercicio 2021 con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las corporaciones locales del ámbito de la comunidad autónoma en materia de dependencia. Esta distribución de créditos se realiza entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales y los gastos que se financian son relativos al personal encargado de la gestión de solicitudes de inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión. Para ello, este personal deberá contar con la titulación de Asistente Social o diplomatura en Trabajo Social. Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social y previa conformidad de la ASSDA, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.