Desde el pasado mes de septiembre, los vecinos de la avenida Príncipes de España, número 21, viven desde la distancia una enorme preocupación desde que una pareja okupara una de las viviendas de este edificio de once vecinos. El problema radica en que todos los dueños, a excepción de dos inmuebles que están alquilados, viven fuera de la localidad, en las provincias de Sevilla y Cádiz, con lo que el confinamiento y el cierre perimetral de los municipios y provincias no les permite venir hasta Rota para asegurar sus viviendas. Mientras tanto, a través del administrador de fincas, conocen los destrozos que según el presidente de este edificio, están realizando los okupas.

Aunque ya han denunciado en varias ocasiones a la comisaría de la Policía Nacional,  hasta cuatro denuncias han interpuesto por destrozos siendo una de ellas a título personal del presidente por amenazas, hasta ahora no tienen ni respuesta ni visos de que nadie vaya a actuar para echar a esta pareja. Unos okupas que entraron en la vivienda 3ºA, propiedad de un grupo de inversores, y que estaba a punto de venderse y escriturarse a unos compradores pero que, según el presidente del edificio, días antes fue objeto de la okupación. A partir de ahí, antes de que se decretara el cierre perimetral de municipios andaluces por el coronavirus,  los dueños del resto de viviendas han podido comprobar con sus propios ojos cómo los okupas forzaron la puerta de entrada de la vivienda y el cuarto de contadores para obtener luz, ya que la vivienda, que estaba desocupada desde hacía un año y medio, no cuenta con los suministros básicos contratados. Los vecinos mandaron a reforzar las puertas del cuarto de contadores para evitar su manipulación pero según denuncian, los okupas han repetido la misma acción en varias ocasiones hasta que, por último, han decidido engancharse a la luz de la comunidad.

Estos destrozos están costando dinero a la comunidad de vecinos que ya no solo teme por los desperfectos que estos dos individuos, una pareja que podría rondar los 35-40 años, sino que en una de las manipulaciones que hacen de la instalación eléctrica comunitaria para obtener luz, provoquen cualquier incidencia que desate un incendio. Estar lejos de sus viviendas, que son de segunda residencia en su mayoría, les preocupa enormemente por la imposibilidad de acudir a asegurarlas, por eso, la mayoría ha decidido en la distancia colocar alarmas de seguridad, de hecho, en alguna ocasión, cuenta el presidente de la comunidad de vecinos, la suya en particular ha saltado varias ocasiones de madrugada, no sabe muy bien por qué motivos, pero temiendo que haya habido otro intento de okupación en el edificio.

Viven preocupados y temerosos ante la inseguridad de sus viviendas, principalmente, por los destrozos que ya han provocado los dos okupas en las zonas comunes y que les ha generado una serie de gastos que no están dispuestos a seguir tolerando.

En el puente del 12 de octubre, cuando algunos propietarios pasaron esos días festivos en sus casas de Príncipes de España, 21, pudieron hablar con ellos, y según la versión del presidente, no piensan irse.  Ante esta situación, están desesperados porque no saben cuál es la situación a la que se enfrentan ni por cuánto tiempo. De momento, lamentan que ni Policía Nacional ni el juzgado hayan actuado pese a que a los primeros se les ha requerido en varias ocasiones para que comprobaran en persona los destrozos que está sufriendo el edificio.  Es eso principalmente lo que les tiene en vilo al margen de la okupación de una vivienda aunque esta, dejan claro, no es propiedad de un banco sino de un inversor madrileño. Temen que pase algo grave y piden soluciones que desde hace tres meses no les llegan.