La resolución judicial íntegra de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre el caso "Convenios urbanísticos" ha salido a la luz tras haberse publicado un avance de la misma el pasado mes de octubre en el que quedaban absueltos al ex alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, la que entonces era delegada de Planeamiento, la también ex alcaldesa roteña Eva Corrales, el constructor Felipe Castellano, el secretario municipal  y  un técnico del Ayuntamiento de Rota.

De este modo, se conoce con detalle cuáles son los argumentos del tribunal para sentenciar que Lorenzo Sánchez Alonso no firmó los tres convenios urbanísticos entre 2007 y 2011 con la empresa constructora Felipe Castellano para lucrar al empresario ni a sí mismo. Lo que viene a decir la sentencia es que lo hizo para impulsar un sector que era importante para los intereses de la localidad con la única finalidad de desarrollar suelo industrial ante la falta de este tipo de suelos en la ciudad y la alta demanda existente. Es más, apunta el tribunal en la sentencia, este era un objetivo común de todos los grupos políticos, incluido el PSOE que se presentó como querellante y que incluso la socialista Encarnación Niño, que firmaba la denuncian, "facilitó que los convenios se tramitaran y se aprobaran sin ninguna objeción al respecto".

En la sentencia se recoge que  "no ha resultado acreditado que el que fue alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, y el constructor Felipe Castellano, idearan, prepararan y desarrollaran un plan entre los años 2007 y 2011 en virtud del cual Sánchez, aprovechando la situación que le confería ser alcalde de la localidad, adjudicara de manera arbitraria a las empresas de Castellano diversas obras públicas a cambio de que el promotor, en concepto de pago por dichas adjudicaciones ilegales, aumentara la contratación que sus empresas mantenían con las de Lorenzo Sánchez". Un argumento que siempre mantuvo la parte denunciante que insistía que con "adjudicaciones arbitrarias", que tampoco según la sentencia han quedado acreditadas, se lucraban Sánchez y Castellano.

El tribunal especifica además en la sentencia que tampoco existe prueba de que las empresas de Felipe Castellano aumentaran la contratación con las del ex alcalde Lorenzo Sánchez Alonso, es más, indica que el volumen entre ambos sufrió un "decremento continuado" en los años en los que se firmaron los tres convenios urbanísticos que han sido objetivo de investigación y que derivaron  este caso a los tribunales. 

La "estimable colaboración" de la ex delegada de Planeamiento, Eva Corrales,  para la supuesta adjudicación arbitraria de las licitaciones públicas tampoco ha quedado acreditado, es más, la sentencia recoge que no tenía conocimiento de que se realizaran adjudicaciones a favor de las empresas de Felipe Castellano para que como contraprestación este comprase material de trabajo en las empresas de Lorenzo Sánchez.

El argumento que sigue el tribunal viene a desmontar el planteamiento no solo del PSOE sino del fiscal durante todo el proceso, aunque la sentencia no es firme y cabe recurrirla ante el Tribunal Supremo.  En definitiva, concluye que la firma de los tres convenios urbanísticos se hicieron ajustándose a la norma atendiendo a las directrices e informes técnicos, "al margen de algunas irregularidades", sin perjuicio del interés general.

Encarnación Niño, condenada a pagar las costas del proceso a Felipe Castellano

En la misma sentencia se recoge que la querellante, la concejal del PSOE, Encarnación Niño Rico, actuó "de mala fe y con temeridad" y la condena a pagar las costas del proceso al constructor Felipe Castellano al que le pedía 4 millones de euros por responsabilidad civil y que ha tenido que defenderse de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. La cantidad no se ha especificado, aunque según fuentes del PSOE; es una condena que no llegará a materializarse ya que la denuncia de los socialistas no generó gasto extra al constructor ya que este también estaba acusado en los mismos términos por el Ministerio Fiscal.

Habrá que esperar a un proceso posterior en el que se cuantificará la cantidad, para saber si esta se hará efectiva, será elevada o quedará en nada como espera el PSOE.