El PP de Rota, tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o  conocida como Ley Celaá”, ha presentado una moción al pleno para instar al Gobierno de España a que modifique esta nueva ley que consideran que ha sido tramitada a espaldas de la comunidad educativa, sin diálogo, sin consenso y con falta de transparencia aprovechando la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios. De hecho, los grupos parlamentarios  han tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas.

Con todas estas premisas, además, de entender desde la banca popular que la LOMLOE representa la imposición de "un modelo caduco, anticuado y superado" de educación, el PP de Rota se suma a la moción que su grupo está elevando en los diferentes plenos municipales y la presentará en el Ayuntamiento de Rota para debate y aprobación.

Haciendo un análisis de la Ley Celaá, el PP concluye que esta suprime las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos; ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos; y elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.

Desde el Partido Popular consideran la LOMLOE un "ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad   propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores", por ello, a través de esta moción que presenta la concejal del PP, Nazaret Herrera, se pedirá en el pleno varios puntos. El primero de ellos, instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad.

En segundo lugar, piden que se respete y cumpla el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

El tercer punto pide que se adopten las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. En cuarto lugar, piden extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.

La misma moción recoge como punto quinto que se garantice la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. Le sigue la propuesta con la petición de que se incorporen las medidas de calidad y excelencia referentes en los países del entorno de España con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.

Por último, la moción para modificar la Ley Celaá pide que se respete los cuerpos nacionales del profesorado con la aprobación de un sistema de selección, formación y carrera profesional  para los docentes que permita situarles en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo; e implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades.  En este sentido, se indica que se cree un Fondo de Cohesión Territorial  que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y  permia actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas; se refuerce la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española; se implante una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad; se implante un  Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo; y que se diseñe un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.

El sentido de esta moción no es otro, según el PP, que avanzar hacia la "modernización y transformación del sistema educativo" y para ello, habría que desarrollar un plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales; incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera; reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias de nuestro modelo productivo; e incorporar a la legislación básica de un plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.

El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en la Constitución como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución, por lo que pide apoyos y que de lo debatido en el pleno municipal, se dé traslado al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos representados en el Congreso.