Según la concejal de Vox Rota, Esther Ceballos-Zúñiga, el gobierno local quiere justificar "lo injustificable" con unas declaraciones que considera "desacertadas" en lo que respecta al proceso de licitación y adjudicación de una parcela de propiedad municipal del SUNP R2  a una cooperativa de viviendas que este partido relaciona directamente con un ex concejal del PSOE al que le atribuye un trato de favor.

Tras la denuncia inicial de los hechos y la posterior respuesta del portavoz del gobierno, Daniel Manrique de Lara, Vox Rota ha salido de nuevo a la palestra lamentando el "enfoque personal" que le ha dado al asunto el socialista sintiéndose atacada e incluso amenazada cuando lo que ha hecho, manifiesta, es dar voz a una denuncia sobre posibles irregularidades que el gobierno se ha tomado como amenaza lo que Vox ha querido lanzar como advertencia pidiéndole que rectifique y anule el proceso tomándose así la  vía administrativa -y no la penal-, para solucionar las irregularidades que el partido insiste en ver en este proceso de licitación.

Pero como en sus declaraciones el portavoz municipal ya indicó que no había nada que rectificar "a sabiendas de que hay irregularidades", dice Esther Ceballos-Zúñiga, es por lo que han decidido llevar a Fiscalía el caso por considerar que pudiera haber infracciones penales e iniciar así finalmente, acciones legales.

A partir de ahí, la concejal de Vox ha querido explicar el proceso de licitación esperando que sea la última vez que se hable del asunto en público y que este se dilucide en los tribunales.

Esther Ceballos-Zúñiga explica que para empezar, la adjudicación de la parcela a una sociedad cooperativa de viviendas relacionada con el ex delegado de Urbanismo del PSOE y padre de una concejal actual, nada tiene que ver con la cesión de un solar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer "El Arenal", a la que Daniel Manrique se refirió en su rueda de prensa, donde Vox votó a favor. "Es  ruin, y es mezclar churras con merinas”, puesto que el fin público de la cesión en nada tiene que ver con la venta de una parcela patrimonial, y además se trata de una adjudicación directa a una asociación sin ánimo de lucro, con una finalidad pública y de interés general, por lo que cree que la comparación fue del todo "desacertada".

Por otro lado, y por partes, Vox Rota aclara que en lo que a términos jurídicos o técnicos se refiere, Daniel Manrique aseguró haber cumplido al 100% el ordenamiento jurídico, con informes que lo avalan y no es del todo así, dice la concejal. Le cuesta creer que el portavoz municipal faltara a la verdad de forma consciente rozando la "manipulación" al  indicar que los contratos patrimoniales están excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público en su totalidad, "haciendo una distinción espuria entre la definición de contrato administrativo y patrimonial".

Según Vox, el argumento del gobierno local de que los contratos administrativos son distintos a los contratos patrimoniales, justificación en la que basó la defensa de que la adjudicación de la parcela se hizo en base a la ley, no es cierto. "Los contratos se definen por el objeto de los mismos, y por el fin que persiguen, independientemente de quien pague o cobre, o de si se es particular o empresa", asegura Esther Ceballos, que aclara que "un contrato  administrativo viene determinado por la presencia en la causa de un fin público como elemento esencial o, lo que es lo mismo, la celebración del contrato administrativo estaría dirigida a satisfacer dicho fin incorporándolo para ello como causa del propio contrato.  Por el contrario, si el objeto principal del negocio jurídico no es más que la mera explotación de un bien de la administración, sin que se dé en dicha prestación la nota propia de un servicio finalista, nos encontraremos ante un negocio patrimonial. Además, otra nota a tener en cuenta para dicha distinción, a su vez, será la calificación del bien ante el que nos encontremos".

Aclarado este término, Vox indica que también es falso que en la enajenación de las parcelas de titularidad municipal al tratarse de un contrato patrimonial, no es obligatoria la tramitación electrónica,  cuando lo cierto, según Vox,  es que "la propia legislación patrimonial andaluza (Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su Reglamento de desarrollo) establece expresamente que “las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas”.

Según el partido, al tratarse de la enajenación de las parcelas de titularidad municipal resultantes del Proyecto de Reparcelación del Sector R2 del P.G.O.U. de Rota, resultaba de aplicación la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas, esto es, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es decir,  que las ofertas debieron presentarse de forma electrónica y no en papel como se hizo.  Además, según la concejal, tampoco existe dentro del expediente aportado los informes a los que se refiere el delegado de Patrimonio y portavoz del gobierno,  que avalen la posibilidad de presentación de las ofertas de los licitadores en papel y no en archivo electrónico.

En resumen, indican desde Vox,  la preparación y la adjudicación de los contratos patrimoniales se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, y en consecuencia, se le aplican las normas dispuestas en dicho texto legal, por lo que, a juicio del partido denunciante, "no se pueden eludir los principios que rigen en el mismo: tramitación electrónica, concurrencia competitiva, prohibiciones de contratar con la administración, publicidad, transparencia...etc.".

Por otro lado, Esther Ceballos ha manifestado su "estupefacción" cuando el portavoz  Daniel Manrique quiere hacer ver en su rueda de prensa que la denuncia va contra la prohibición de un ex concejal del PSOE de contratar con la administración, incluso preguntándose "cuánto tiempo tiene que transcurrir para que un concejal pueda contratar tras su cese en el cargo”, cuando en realidad, Vox lo que denuncia es su relación directa con la concejal del actual gobierno  Laura Almisas, y de ahí la prohibición de poder contratar con el Ayuntamiento de Rota al ser su padre. "Es una total manipulación", dice la concejal lamentando "los malabares" que el portavoz del gobierno ha tenido que hacer para "justificar lo injustificable".

Para que quede claro, insiste Ceballos, la Ley de Contratos del Sector Público dispone que no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias recogidas en dicha ley, y que de celebrarse el contrato, cuando concurre una prohibición para contratar, como entienden que es este caso, se incurre en causa de nulidad de derecho administrativo, como solicita Vox.

En cuanto a que el adjudicatario de la parcela no es el ex concejal del PSOE y padre de la actual concejal, sino que lo es una cooperativa con entidad jurídica propia, Vox recuerda que los gestores y administradores de las empresas también están afectados por el régimen de prohibición de contratar y en este caso, les consta que hay  motivos para que la prohibición se mantenga.

Vox quiere aclarar que su partido no alega prohibición de contratar por el mero hecho de tratarse el adjudicatario del padre de una concejal miembro del equipo de gobierno "que ya de por sí debería serlo", sino que además, "existen múltiples indicios que llevan a esa conclusión, a hablar de un conflicto de intereses, de obtención de información privilegiada y de trato de favor", aseguran.

En cuanto al apoyo que Daniel Manrique hace de la legalidad del proceso basándose en informes técnicos para dar fuerza a su defensa, Esther Ceballos le recuerda que también los había en el "caso uniformes" que el PSOE llevó a los tribunales. En cualquier caso, quieren insistir en que "no existe en el expediente aportado a Vox Rota ningún informe técnico que declare en modo alguno que no había incompatibilidad a la hora de que Enrique Almisas fuera el adjudicatario de las parcelas como asevera el delegado de Patrimonio públicamente".

Lo que sí es "evidente y notorio", ha dicho Vox Rota,  "es que el antiguo delegado de Urbanismo del PSOE y padre de una concejal actual en el momento de la licitación y en la actualidad, tuvo información más que privilegiada sobre la futura intención del Ayuntamiento de licitar dicha parcela, constando por escrito en el anuncio publicitario de captación de socios, llegando incluso a comercializar (hace más de tres años) una promoción de viviendas en régimen de cooperativa sobre la parcela hoy en cuestión, en base a un proyecto técnico arquitectónico elaborado al efecto, y publicando un anuncio para tal fin, sin que en dicho momento nadie pudiera conocer que el Ayuntamiento iba a proceder a sacar a licitación dicha parcela, solo él, pues en el citado anuncio publicitario se decía expresamente que la parcela saldría a licitación por parte del Ayuntamiento gobernado por el PSOE, excluyendo cualquier otra forma por parte del Ayuntamiento, como por ejemplo, realizando la construcción de viviendas sociales, tal como ha hecho en la conocida como 'parcela de los maestros".

Por todo ello, Vox tiene serias dudas de que el proceso se haya basado exclusivamente en adjudicar la parcela a la oferta económica más ventajosa, como defendía Manrique,  insistiendo en que ha habido "información privilegiada" al adjudicatario final "obtenida cuando ostentaba el cargo de delegado de Urbanismo, procediendo a la captación de socios para la constitución de una Cooperativa de Viviendas a promover en una finca que no era ni siquiera de su titularidad, y quedando constituida la Cooperativa en 2018, mucho antes de la salida a licitación pública de la parcela, resultando finalmente adjudicataria de dicha parcela la cooperativa por él constituida, casualmente".

Para terminar, Vox ha tildado de cinismo cuando Daniel Manrique les acusa de haber sido poco diligentes en la tramitación de esta denuncia, asegurando que durante un año, ha sido el gobierno local "el que ha estado mareando la perdiz, impidiendo con subterfugios y burdas tretas la obtención de los documentos requeridos, insistiendo en limitarse a que se procediera a la “vista” del expediente (cosa que en ningún momento pidió el concejal), cuando lo que Vox Rota reclamaba era copia del mismo, para su estudio detallado , y no echarle un mero vistazo en una oficina municipal". El partido quería el expediente para estudiarlo porque "algo no le suena bien" y de hecho, han avanzado que también solicitarán la documentación de la finca propiedad del Ayuntamiento en la plaza del Triunfo.

En definitiva, la concejal Esther Ceballos espera que todo se aclare y que de verdad, el procedimiento se haya realizado en base a la legalidad por el bien de los cooperativistas, pero para tenerlo claro, están estudiando profundamente la documentación en la que aseguran ver otras irregularidades en la licitación "que serán objeto de una ampliación del recurso ya presentado" y de futuras acciones legales.

Así, manifiesta la concejal, “no existe ninguna denuncia falsa, sino una serie de hechos absolutamente contrastables por quien tenga interés en ello”. En esta línea, asegura no entender la actitud del gobierno local cuando Vox está intentando que antes de llegar a los tribunales, las irregularidades que ven se subsanen revisando de oficio el expediente y anulando el proceso. Afirmar contundentemente, "como ha hecho el Sr. Manrique, que hemos amedrentado a empleados públicos, sí que es un acusación muy grave, además de falsa, pero no pretendo hacer de esto ninguna pugna, ni política ni personal, es una pugna jurídica y así será tratada por nuestra parte”, ha finalizado Ceballos.