Tras la información publicada ayer por este medio en referencia a un escrito del partido Vox Rota que pedía al Ayuntamiento anular un proceso de licitación para la enajenación de unas parcelas del SUNP R2 por considerar que había irregularidades en el expediente, y tras la explicación del delegado de Patrimonio, Daniel Manrique, la empresa a la que el partido señala como beneficiaria de un supuesto "trato de favor" también ha querido salir a la palestra.

Tras una reunión del consejo rector de la cooperativa de viviendas, han enviado a este medio  un comunicado para defender la legalidad del proceso, aclarando algunos términos que quedaban en tela de juicio por parte de Vox Rota. 

En primer lugar, han querido señalar que Nereida Residencial, S. Coop. Andaluza de Viviendas, se constituyó el 3 de octubre de  2018,  para  cumplir  su  objeto, que  era  la  promoción  y  construcción  de  viviendas para sus socios, y que la gestión de la cooperativa fue contratada con la empresa Enalben Gestión y Proyectos Inmobiliarios, S.L., del que es administrador Enrique  Almisas Albéndiz, ex concejal del PSOE al que Vox señala en su escrito como beneficiario del proceso.

En ese mismo comunicado, explican que a través de la plataforma electrónica “Perfil del contratante” del Ayuntamiento de  Rota, que  es  de acceso  público, se  tuvo  conocimiento en  agosto  de  2019, del expediente de contratación pública por el que el Ayuntamiento sacaba a subasta varias parcelas de titularidad municipal en el sector SUNP-R2 del Plan General de Ordenación Urbana. Ese expediente   de   contratación   incluía siete parcelas   (solares)   de   titularidad municipal que se agrupan en siete lotes a efectos de la licitación, presentándose a la misma tres sociedades promotoras, una de ellas la cooperativa señalada por Vox, y dos particulares, es decir, personas físicas.

De los licitadores que presentaron propuestas,  todas  fueron  admitidas,  y ninguna excluida, asistiendo todos a la mesa de apertura de plicas, y en nombre de la cooperativa,  convenientemente  apoderado  a  tal  fin,  el representante de  la  gestora, Enrique Almisas. Nereida  Residencial,  S.  Coop.  Andaluza  de Viviendas presentó  oferta  para  uno solo  de  los lotes, el siete, resultando  adjudicataria  de  la  misma por, como ya explicó ayer el delegado de Patrimonio, haber presentado la mejor oferta económica. 

En el comunicado aclaratorio, apuntan a que la cooperativa  siempre tuvo  conocimiento,  y  por  tanto  sus  socios, del  riesgo que  suponía  presentarse a  una  licitación  pública  para la  adquisición  del  solar donde poder  desarrollar su objeto  social, al  depender de  que  fuera su oferta la mejor frente a la de otros licitadores. "Siempre fuimos conscientes de la posibilidad de que no resultáramos adjudicatarios, por lo que se barajaron otras alternativas", han explicado en un escrito en el que indican además que en toda la información del proyecto cooperativo y en la publicidad desarrollada y en la insertada por  la  gestora en  los  medios  de comunicación, siempre se  condicionaba  a que la cooperativa resultara adjudicataria del solar.

Así las cosas, desde el consejo rector de la cooperativa de viviendas, indican que Vox "se equivoca" si su intención es hacer ver a la opinión pública y a los socios cooperativistas que el proceso de adjudicación no ha estado regido por la ley y por la libre concurrencia de licitadores.

Lamentan verse inmiscuidos en un debate político del que, han expresado, deberían estar ajenos ya que defienden que siempre se haya actuado en base a la norma. Les sorprende además que Vox Rota diga que se pone a disposición de los posibles afectados cuando precisamente, sacar unas conclusiones "infundadas" es lo que ha creado estar en una polémica de la que entienden que nada tienen que ver. Por eso,  desde Nereida Residencial, S. Coop. Andaluza de Viviendas, han enviado un mensaje de tranquilidad a los socios de la cooperativa, a los  técnicos contratados, a la empresa constructora y, en general, a todos sus colaboradores, "que   pueden   estar   tranquilos y  que las   obras, ya   iniciadas, serán   concluidas, y adjudicadas las viviendas a los socios en los plazos convenidos".

De esta forma, quieren zanjar una supuesta polémica por irregularidades que, según la cooperativa y el gobierno local, no existen.