Antecedentes históricos. Aunque la razón de aparecer en este negro sobre blanco digital pertenece a las postrimerías de la segunda década de este siglo XXI, al gobierno socialista de Sánchez y a los terribles tiempos de pandemia (COVID-19) coronavírica (SARS-CoV-2) que nos está tocando vivir, la de su existencia, en realidad, se remonta al inicio del ya antañón tercer cuarto del siglo pasado y los tiempos de la dictadura franquista. Así que ha transcurrido bastante tiempo y es mucho lo que ha llovido desde entonces. En concreto la intrahistoria de esta historia arranca en 1947 con la promulgación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, donde se establecía que España era un Reino sin Rey, de ahí que Francisco Franco, a la sazón jefe del Estado, se arrogara como regente de facto el derecho de conceder, rehabilitar y transmitir títulos nobiliarios a quien quisiese, mediante la quinta de sus Leyes Fundamentales. Aunque no fue hasta un año después cuando se promulgó el decreto que restablecía la legislación nobiliaria de la restauración, derogada por la Segunda República Española mediante el artículo 25 de la Constitución de la II República Española de 1931 que abolía dichos títulos. Era el principio de la historia.

Revisado a vuela tecla, fueron cerca de cuarenta los títulos nobiliarios concedidos entre 1947 y 1974, con la justificada justificación de reconocer determinados méritos y hazañas a personas afines, claro, pertenecientes a diferentes estamentos sociales: militares, políticos, empresarios, intelectuales, falangistas, científicos, artistas y hasta un religioso hubo. Vamos, que de (casi) todo hubo, como en la viña del Señor. Con dicha justificación le decía, y con la misma intencionada intención le digo ahora, que tienen siempre estos reconocimientos los otorgue quien los otorgue, que no es otra que la de recompensar por servicios prestados y satisfacer vanidades con la admisión en ese selecto club de la alta alcurnia española que es la aristocracia.

Nobleza de Franco. No le canso con la relación de todos ellos, pero le pongo negro sobre blanco, agrupados y en orden cronológico, algunos que seguro le sonará y ubicará socialmente por su reconocida actividad. En los comienzos del régimen. Duque de Calvo Sotelo (1948), concedido a título póstumo a favor del político José Calvo Sotelo. Duque de Primo de Rivera (1948), concedido a título póstumo a favor del político José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, creador de la Falange. Conde del Jarama (1950), a favor de Joaquín García-Morato. Marqués de Queipo de Llano (1950), a favor de Gonzalo Queipo de Llano. Conde de Arruga (1950), a favor de Hermenegildo Arruga Liró cirujano oftalmólogo y retinólogo. Marqués de Ramón y Cajal (1952), concedido a título póstumo a favor de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1906.

Antes de llegar a los amenes. Conde de la Cierva (1954), a favor de Juan de la Cierva y Codorníu inventor del autogiro aparato precursor del helicóptero. Conde de Fenosa (1955), a favor de Pedro Barrié de la Maza y uno de los pocos títulos con nombre de empresa. Condesa del Castillo de la Mota (1960), a favor de Pilar Primo de Rivera. Marqués de Kindelán (1961), a favor de Alfredo Kindelán militar y aviador considerado fundador del actual Ejército del Aire. Marqués de Torroja (1961), concedido a título póstumo a favor de Eduardo Torroja Miret ingeniero de caminos y abuelo de Ana Torroja, vocalista del desaparecido grupo musical Mecano.

Y ya en el tardofranquismo. Duque de Carrero Blanco (1973), concedido a título póstumo a Luis Carrero Blanco. Conde de Maeztu (1974), concedido a título póstumo a favor de Ramiro de Maeztu escritor que da nombre al instituto en el que estudió el actual presidente Sánchez. Príncipe de España (1969), a favor del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, posteriormente Rey de España (1975-2014). Hasta donde me consta, todos estos títulos concedidos, creados o rehabilitados por Franco se encuentran en activo y, casi todos, con titulares que suelen ser sus descendientes directos.

‘Ley de memoria democrática’. Antes de seguir permítanme un inciso. Salvando las distancias entre ambos reconocimientos, no confundir churras con merinas, pero ya que uno de los citados goza de la doble titulación, resaltar una diferencia de naturaleza temporal entre un título nobiliario español y el internacional Premio Nobel: el galardón sueco no se puede conceder a título póstumo. Gracias y sigo. En la actualidad, desde 1978, los títulos nobiliarios están reglamentados por el artículo 62, apartado f, de la Constitución Española, que regula la prerrogativa del rey a conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Y por supuesto no han dejado de producirse todo tipo de cambios sociales, cada uno de los cuales ha venido con su propio afán y en el que cada hombre (masculino genérico) ha puesto su particular empeño.

El afán, plasmado en la ‘Ley de memoria democrática’, aunque es este año cuando ha empezado a tomar carta de naturaleza, en realidad ya hizo sus primeros movimientos en 2018 y fue en el verano del año pasado cuando el grupo parlamentario socialista registraba una proposición de ley, cuyo artículo cinco instaba a crear un catálogo de títulos nobiliarios que simbolizara la “exaltación de la Guerra Civil española y la dictadura franquista” para proceder a su supresión. Malos tiempos para la lírica, que dijo el rapsoda. (Continuará).

CONTACTO: [email protected]

FUENTE: Enroque de ciencia