El pasado lunes volvieron a concentrarse los pensionistas con una novedad respecto a convocatorias anteriores, y es que este colectivo ha iniciado en esta ocasión una campaña de recogida de firmas en la que se solicita una auditoría a la Seguridad Social a nivel nacional.

La plataforma roteña en defensa de los pensionistas mantiene que "durante decenios, la Seguridad Social tuvo importantes superávits de cotizaciones sociales que, en lugar de constituir reservas, fueron utilizados por los gobiernos de turno para financiar políticas públicas ajenas a la Seguridad Social. Desatendiendo así el respeto al patrimonio de la Seguridad Social que como señala la ley (art. 103 de la Ley General de la Seguridad Social) es un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado. Los recursos de la caja única de la Seguridad Social no son de ningún gobierno, ni de ningún partido, pertenece a los trabajadores cotizantes", dice la organización local.

Según la propia plataforma, "en documentos de comparecientes en comisiones del Parlamento se afirma que "si esta utilización de las cotizaciones sociales para fines adicionales al de pago de pensiones, se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un Fondo de reserva de 519.104 millones de euros". Es decir, habría recursos más que suficientes para atender las necesidades actuales. El sistema es sostenible, y por tanto, no están justificadas las reformas de pensiones realizadas ni las que anuncian el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o la OCDE". Por este motivo, confían en que es "urgente que una auditoría oficial determine el importe de esos saqueos, para reponer la sostenibilidad del sistema cuestionada por los efectos de la política de los gobiernos".

El Estado, finaliza el comunicado de la plataforma, "debe restituirlo para fortalecer así a la Seguridad Social ante los nuevos retos, pues, como se ha demostrado en la anterior crisis sus instituciones y prestaciones han sido el soporte sólido de millones de familias obreras". Los pensionistas aseguran que seguirán luchando por lo que consideran que las pensiones son un derecho recogido en La Constitución y, no pararán hasta conseguir lo que consideran es justo.