El juicio oral sobre el conocido como "caso de los convenios urbanísticos" que se iniciaba el pasado 2 de marzo, y que se vio interrumpido por la crisis sanitaria del coronavirus, se reanudaba el pasado 20 de julio y ha entrado ya en su recta final. Es más que probable que este jueves 30 de julio quede visto para sentencia.

En estos días, han pasado por la Audiencia Provincial de Cádiz los últimos testigos y se han presentado pruebas que quedaban antes de dar por finalizado un proceso que dirimirá si finalmente, con la firma de tres convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento de Rota -siendo alcalde Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos)-, y la constructora de Felipe Castellano, se había incurrido en ilegalidades al considerarse por la acusación particular (el PSOE de Rota), y por el Ministerio Fiscal, que en el fondo se trataba de adjudicaciones de obras a dedo de las que se beneficiaban el citado constructor, a cambio de que este comprara diverso material  de construcción y equipos de protección a empresas de Lorenzo Sánchez Alonso. Se estima que fue un 'modus operandi' que duró desde 2007 a 2011 y por el que las empresas del entonces alcalde de Roteños Unidos,  ingresó medio millón de euros.

El fiscal retira la acusación a cuatro imputados: Ismael Puyana, su esposa, la mujer de Lorenzo Sánchez y el supuesto testaferro

De entre lo más destacado del juicio que se reanudó la pasada semana y aún continuará este miércoles y jueves, está el escrito final de acusación del fiscal que ha decidido retirar los cargos que había contra Ismael Puyana, el que fuera concejal del PP al que se le acusaba por estar relacionado con las empresas del ex alcalde, a su esposa, a la mujer de Lorenzo Sánchez, y al hombre al que en otros casos judiciales que también han pasado por los tribunales, se ha señalado como el supuesto testaferro de las empresas de Lorenzo Sánchez.

Los cuatro, para los que el Ministerio Fiscal pedía en principio  un año y medio de cárcel más una multa de 532.851 euros para cada uno por un delito continuado de cohecho pasivo e inhabilitación especial para cargo público  de 5 años, ha decidido finalmente, al no encontrar indicios de que conocieran la firma de los citados convenios que se investigan, que queden retirados de la causa. Esto es, que Ismael Puyana, su mujer, la mujer de Lorenzo Sánchez y el supuesto testaferro quedan libres y al margen de sospecha en este caso como ellos mismos han defendido desde el principio.

Por otro lado, el fiscal, en su escrito final de acusación aumenta  los cargos contra Lorenzo Sánchez y Eva Corrales (PP),  la que entonces fuera delegada de Planeamiento del Ayuntamiento de Rota, a los que suma el delito de falsedad documental que se uniría al de prevaricación y  cohecho que ya tenían. En el caso de Felipe Castellano, como empresa constructora beneficiaria de esas supuestas irregularidades a la hora de adjudicar los convenios urbanísticos, el fiscal le mantiene la misma acusación por un delito continuado de cohecho activo solicitando 4 años de prisión, 1 millón de euros de multa y 5 años de  inhabilitación especial para cargo público.

El resto de acusados, el secretario municipal y el técnico de Urbanismo,  a los que se les acusa de emitir informes favorables encubriendo las adjudicaciones a dedo de los convenios urbanísticos, la Fiscalía sigue pidiendo 9 años de inhabilitación  como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación.  El mayor peso en este caso cae sobre los dos ex alcaldes de Rota.

Hay que recordar que los dos ex dirigentes políticos están actualmente apartados de la política. Eva Corrales (PP) dimitió en 2015 cuando se ratificó por el Tribunal Supremo su pena de cuatro años de cárcel por el "caso Horas Extras", y Lorenzo Sánchez Alonso fue expulsado por el pleno municipal en enero de 2017 a raíz de su condena por el "caso Uniformes" donde tuvo pena de año y medio de cárcel y 13 años  de inhabilitación para cargo público.

Con este juicio, la pareja política de Corrales y Sánchez Alonso que se prolongó desde 2003 a 2015, se ha sentado por tercera vez ante un juez para dar explicaciones de su gestión al frente del Ayuntamiento de Rota. Lo han hecho por el "caso Horas Extras", por el "caso Uniformes", por este de los "convenios urbanísticos", que quedará visto para sentencia a finales de esta semana,  y lo tendrán que hacer una cuarta vez por el relacionado con la construcción del parking público "La Merced", una pieza separada del caso que está a punto de terminar de juzgarse.