Celebrada por videoconferencia en la mañana de ayer la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), presidida por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, se ha aprobado por unanimidad el reparto por municipios de los fondos asignados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para los proyectos que se desarrollen en el ejercicio 2020-2021.

La provincia de Cádiz recibirá  17.474.104,36 euros, dirigidos a trabajadores desempleados agrarios para el Programa PFEA a partir del próximo otoño hasta el verano de 2021. De esta cantidad, Rota recibirá 16.622,87 euros por parte del Plan de Garantía de Rentas, y  71.451,34 euros por el Plan Generador de Empleo Estable, en total, 88.000 euros que servirán para poner en marcha proyectos de interés social que permitirán generar empleo. Con la partida recibida el año pasado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Rota decidió acometer la remodelación integral de la primera planta de la biblioteca "Rafael Alberti", usada como Casa de la Cultura y la Juventud, continuando con el proyecto anterior, también realizado con estos fondos, de remodelación de la biblioteca infantil en la planta baja. Habrá que esperar para conocer cuál es el proyecto que el Ayuntamiento de Rota presentará para que se acometa con esta cantidad que llega del Gobierno central.

En este reparto de fondos, el delegado del Gobierno en Cádiz ha mostrado su satisfacción porque estas cantidades se van a traducir en mejoras en los municipios gaditanos y en oportunidades laborales. “Tenemos que destacar el esfuerzo y el compromiso del Gobierno de España con el PFEA, favoreciendo la economía de las zonas que más lo necesitan”, ha dicho José Pacheco, que además ha añadido que “hay que poner de manifiesto el hecho de que, a pesar de la situación sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19,  este programa se pueda poner en marcha en fechas similares a las de años pasados gracias al esfuerzo de todos los actores implicados”.
 

En cuanto a los plazos, se prevé que a finales de este mes de junio se lleve a cabo la publicación en el BOE, dándose un mes a los municipios para que presenten sus proyectos. En este sentido, desde el Gobierno se ha apuntado que, debido a la situación especial generada por el Covid-19, habrá flexibilidad con los ayuntamientos a la hora de ejecutar los programas, tanto los nuevos como los del pasado año, paralizados en algunos casos por la crisis sanitaria.

 
Por otra parte, la Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA también ha aprobado por unanimidad elevar a la Junta de Andalucía, como autoridad sanitaria competente en la comunidad, la posible financiación por su parte de EPIs  para poder poner en marcha los proyectos tras el Covid-19 con seguridad y garantía.

 
Un 78,05% del total de estos fondos del PFEA destinados a la provincia de Cádiz corresponden al Plan de Garantías de Rentas, lo que se traduce en 13.638.538,45 euros. Se trata de ayudas que el SEPE otorga directamente a los municipios teniendo como criterio de reparto la variable de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.

 
El 21,95 % restante del total de fondos ya asignados para Cádiz, 3.835.565,91 euros, corresponden al Plan Generador de Empleo Estable. Por lo que respecta a su reparto, la aprobación de los proyectos presentados por los municipios estará vinculada al número de empleos estables que se contemplen y al hecho de que propicien la inserción laboral de los trabajadores en actividades emergentes del sector agrario. Estas ayudas están destinadas a proyectos de desarrollo agroforestal y medioambiental, así como a actividades económicas afectadas por la crisis.

 
Los criterios de reparto de fondos aplicados han sido los mismos que en las dos últimas ediciones, cuando se acordó una actualización de estas reglas, de manera que no solo se centre en indicadores históricos, sino también en los indicadores de mercado de trabajo. Así, se aprobó establecer el peso porcentual de cada indicador, con lo que el histórico representará el 90% y el de mercado el 10%.