Izquierda Unida de Rota presentará en el pleno municipal que se celebrará el jueves, una moción con la que pretende conseguir que el alcalde, en nombre de la Corporación,  inste a la Junta de Andalucía a eliminar, o en todo caso, ampliar hasta diciembre de 2020, el periodo de pago voluntario del conocido como canon de mejora que todos los ciudadanos pagan en sus recibos del agua y que los ayuntamientos deben abonar semestralmente a la administración autonómica.

Dado que el Ayuntamiento de Rota, como otros, está haciendo un esfuerzo a la hora de flexibilizar el pago de este canon para aliviar el bolsillo de los contribuyentes, Izquierda Unida ve con buenos ojos que desde la Junta se haga también un esfuerzo y bien, o se anule el pago del canon semestral viendo la situación actual provocada por el coronavirus, o que al menos, se amplíe el periodo de pago voluntario de modo que la tesorería municipal no se vea aún más agravada por esta crisis sanitaria. Hay que tener en cuenta que la administración local es la más cercana al ciudadano y de la que dependen muchos servicios públicos que ahora se han tenido que reforzar.

El "Canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma” es un impuesto que recauda la Junta con el objeto de gravar la utilización de agua de uso urbano para posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral, fundamentalmente de depuración y saneamiento.

Los ciudadanos pagan al mes una cuota fija más una cuota variable establecida en función del consumo de agua que haga, y según Izquierda Unida, este es un canon autonómico que aunque tiene carácter finalista "tiene dudosa repercusión social, al menos hasta el momento, y de escaso impacto económico a corto plazo" por lo que con la coyuntura actual en plena crisis sanitaria por el coronavirus, este grupo cree que es "absolutamente desproporcionado" su cobro.

Por eso, en la moción que someterán a debate esperando el apoyo de la Corporación municipal, IU pide que se solicite a la Junta de Andalucía que dicte las normas legales necesarias para suspender la obligación de pago o ampliar el plazo de pago voluntario hasta finales de este año,  para permitir así evitar o atenuar los perjuicios económicos inmediatos que el actual calendario de autoliquidación impone a los ciudadanos.

Y es que aunque en su propuesta se reconocen algunas de las medidas que se han puesto en marcha tanto por el Gobierno central como por el autonómico, con ayudas y apoyo financiero a sectores productivos y autónomos, y otras disposiciones para afrontar la emergencia social provocada por el impacto negativo del coronavirus, creen que aún se puede hacer más para aliviar la tensión financiera que están soportando las tesorerías de los municipios y de las empresas públicas que gestionan los servicios públicos.