Tras la publicación que Rotaaldia.com hizo en el día de ayer sobre la última sentencia conocida en torno a la vaqueriza ubicada en la avenida de la Matea, el gobierno local ha salido hoy al paso con una nota de prensa explicativa en la que afirma que el desalojo de estas instalaciones "sigue su cauce" para que la explotación ganadera salga del suelo urbano en el que se ha quedado rodeada de viviendas habitadas.

El gobierno municipal  actual ha querido recordar que el cese de la actividad ganadera en este punto de la localidad  fue acordado en la Junta de Gobierno de 18 de marzo de 2015 cuando gobernaba PP y Roteños Unidos, y que desde que el PSOE entró a gobernar en junio de 2015, se han dado plazos al ganadero para que traslade la vaqueriza a un enclave en el que no cause  los problemas de salubridad pública que viene ocasionando.

En un relato cronológico de los hechos, desde el Ayuntamiento de Rota han querido  detallar el devenir de este conflicto, que se dirime en los tribunales desde que el ganadero quiso anular la resolución del cese de su actividad defendiendo sus instalaciones. Fue en septiembre de 2018 cuando el juzgado dicta sentencia en contra del ganadero y mantiene que la resolución de marzo de 2015 debe ser ejecutada, según el gobierno local, "máxime ante la voluntad del titular de la explotación de no haberse trasladado a otro emplazamiento habiendo dispuesto de más de tres años para hacerlo", algo que el ganadero no comparte entendiendo que sí ha puesto de su parte.

Aún así, en octubre de 2018, el Ayuntamiento de Rota inicia el expediente de ejecución subsidiaria, ordenando el traslado forzoso del ganado y cortando los suministros de luz y agua "conforme determina la normativa urbanística". Fue en este punto en el que el ganadero interpuso un nuevo recurso contencioso administrativo en el juzgado para paralizar la ejecución y cuya sentencia publicaba ayer este medio.

Aunque el alcalde de Rota, Javier Ruiz, trasladó ayer a Rotaaldia.com que habían pedido aclaración de la sentencia, hoy en una nota abunda en la sentencia no dice que no se pueda llevar a cabo el desalojo, solo que este no se puede hacer poniendo en peligro a las 500 vacas con las que cuenta la explotación, como ya avanzó este medio.

El alcalde quiere dejar claro, ante los comentarios suscitados, que el cese de la actividad de la vaqueriza es una resolución firme  que tiene que ser ejecutada. En este sentido la sentencia dice literalmente: “… se debe considerar que el cese de la explotación ganadera es una resolución firme que no se puede alterar por cuanto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13/03/2015 ha sido confirmado por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz de fecha 19/09/2018, como por la sentencia de la sección tercera del TSJ de Andalucía de fecha 22/074/2019”.

Según el gobierno local, la sentencia desmonta algunos de los argumentos que se había venido esgrimiendo por el titular de la explotación cuando dice que “… es cierto que la administración demandada ha otorgado un plazo suficiente para el cumplimiento de la resolución firme de cese de actividad sin que el recurrente (el ganadero) haya cumplido en plazo, ante lo cual jurídicamente hablando la ejecución subsidiaria estaría justificada”.

El Ayuntamiento de Rota insiste en que  el juez deja claro que hay que seguir con el desalojo de la vaqueriza pero le indica que debe adoptar otras medidas, y no las iniciadas en febrero que implicaban el sacrificio de 500 vacas. En este sentido, el gobierno local podría optar por ejecutar el desalojo con el precinto de la actividad con apercibimiento al ganadero que de no cumplirlo, podría estar incurriendo en un delito de desobediencia.

En base a esta última sentencia publicada ayer por Rotaaldia.com, el Ayuntamiento de Rota explica que seguirá las indicaciones judiciales como ha sido siempre su voluntad, cumpliendo los plazos impuestos. Por este motivo, una vez se levante la suspensión de los plazos administrativos decretados por el estado de alarma, se le requerirá al ganadero que desaloje la explotación y si no lo hiciera se acordará el precinto de la misma, no pudiendo realizar la actividad propia de la explotación que es la comercialización de la leche, sin perjuicio de la obligación del ganadero de mantener el ganado en las debidas condiciones, y todo ello con los apercibimientos legales que procedan.

Desde el gobierno creen que esta situación va a resultar más gravosa para el ganadero, que tendrá que seguir mantenido el ganado mientras lo traslada, sin obtener rendimientos de la explotación, pero manifiestan que "esta es la solución a la que nos vemos abocados tal como han devenido los acontecimientos. Esperemos que con estas medidas avaladas judicialmente, se pueda resolver el problema de salud pública que tantos vecinos vienen denunciando desde hace años".

El juez desestima que el Ayuntamiento tenga que pagar 40.000 euros en concepto de indemnización

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Rota indican que la autoridad judicial ha determinado que el Ayuntamiento actuó conforme a derecho cuando acordó el corte de los suministros de luz y agua, y que por tanto no procede abonarle ninguna indemnización al ganadero.  De hecho, por eso este medio publicaba que la sentencia estaba ganada parcialmente por el ganadero, ya que no se aceptaba la petición de indemnización.

La sentencia dice textualmente: “… En el presente caso se entiende que no existe relación de causalidad entre el funcionamiento anormal de los servicios públicos y el daño, por cuanto la resolución de 10 de octubre de 2017 es consecuencia de las resoluciones judiciales que acuerdan el cese de la actividad y que existió un requerimiento expreso que fue incumplido por el recurrente y por tanto la ejecución subsidiaria estaba justificada jurídicamente (...)  El requerimiento se realizó y el recurrente (ganadero) no cumplió en plazo ante lo cual la administración procedió a la ejecución por ello se entiende que los gastos causados por el recurrente para mantener la explotación no se puede imputar a la administración demandada”.

Según el alcalde, la Junta de Andalucía se desentiende del problema

Para concluir, el gobierno municipal también ha querido trasladar a la opinión pública la "dejación de funciones" que a su juicio estaría llevando a cabo la Junta de Andalucía a la que acusa de querer desentenderse del problema "que le toca de lleno, dejando abandonados a todos los vecinos que sufren los perjuicios de esa explotación". Para el gobierno local, como ya adelantó ayer el alcalde de Rota a Rotaaldia.com, "es inverosímil que no se cancele el código de explotación a una ganadería que todas las resoluciones judiciales dicen que es ilegal, y además que lo hagan cuando lo que está en juego es la salud pública de los ciudadanos, siendo la administración autonómica la responsable de preservar la salud de todos los andaluces".

Por ello, como ya se avanzó ayer en este medio, ante lo que consideran una situación de inactividad  por parte de la Junta, el Ayuntamiento ya ha entablado también una reclamación judicial para que se le ordene a la Junta de Andalucía a que actúe en defensa de los intereses generales de la ciudadanía.