Hoy 4 de marzo, la comunidad educativa al completo estaba llamada a huelga contra el nuevo decreto de escolarización de la Junta de Andalucía que los sindicatos que defienden la escuela pública, entienden que es un ataque contra esta a favor de la concertada. 

En Rota, la comunidad educativa, compuesta por profesores, alumnos, personal de administración, etc., ha hecho un seguimiento algo dispar pero en general, prima la normalidad.

En los centros de Infantil y Primaria en el profesorado, se ha notado relativamente poco en términos generales, siendo según los datos facilitados a este medio, en torno al 30% de media la ausencia de profesorado en las aulas en la jornada de hoy. Ha habido colegios donde el impacto ha sido menor con solo un 20% del profesorado en huelga como Azorín y Maestro Eduardo Lobillo, algunos donde el porcentaje rondaría más o menos el 30% como es el caso de Luis Ponce o San José de Calasanz, y solo uno, el Pedro Antonio de Alarcón,  en el que se ha llegado al 50% de profesores ausentes, pero en términos generales, el seguimiento ha sido relativo y en la mayoría de los casos se está funcionando con cierta normalidad una vez que se han cubierto las bajas con el personal disponible.

En cuanto al alumnado, hay centros en los que está prácticamente el 100% de escolares en clases y en la mayoría se podría cuantificar con el 70-80% en las aulas. Donde más se ha notado es en aquel centro en el que los profesores ya habían adelantado a sus alumnos que irían a huelga y coincide con ser los de mayor edad.  Se da un caso curioso en el que hay tres clases de Infantil de un centro educativo que está al completo de alumnado pero sin profesores y esa situación es la que está desestabilizando algo más la jornada, pero en general, cierta normalidad en todos los colegios.

Caso diferente se da en los tres institutos de la localidad donde el seguimiento sí deja mayores diferencias principalmente, dependiendo del curso y edad del alumno. En el caso del Arroyo Hondo, casi todos los alumnos de ciclos formativos están en huelga, y el resto de cursos en una media de entre el 60 y 70% de ausencias; en el caso del  IES Castillo de Luna, en los cursos de 3º y 4º han faltado el 90%  del alumando, mientras que en bachillerato se ha notado de forma desigual aunque en líneas generales, el 70% ha decidido  no ir a clases. Una cifra que después ha aumentado ya que al ver que había profesores en huelga y teniendo posibilidad de salir del centro en el recreo con autorización previa,  hay alumnos que han decidido no volver aumentando el porcentaje. En el IES Astaroth hay alguna diferencia por cursos, pero en general, asistencia notable en las aulas.

En cuanto al profesorado de los IES, aunque no se puede cuantificar del todo, ya que hay profesores que no tienen clases a primera hora, más o menos se puede decir que poco impacto también. Quizás en el Astaroth se ha notado más con un 34% de profesores en huelga, frente al 22,8% del Castillo de Luna o el escaso 15% del IES Arroyo Hondo.

En definitiva, y dado que en Rota tampoco había convocada ninguna concentración o movilización con motivo de esta huelga en la comunidad educativa, convocada por ANPE, CCOO, CSIF, UGT, SAT, USE o Ustea, la normalidad ha sido la tónica más común. En parte, también, porque la canalización de la información sobre la huelga no ha sido tan directa como otros años, incluso ha habido estudiantes que hasta ayer no les llegó por parte del Sindicato de Estudiantes la convocatoria de huelga, muchos padres por otro lado, no estaban informados al respecto.

Motivos de la huelga

La convocatoria de huelga educativa para este 4 de marzo solicita  la retirada y derogación del decreto de escolarización de la Junta de Andalucía que según los manifestantes, favorece la escuela concertada en detrimento de la escuela pública.

Según CODAPA (Confederación de AMPAs de Andalucía), los motivos de la huelga son los siguientes:

"Apuesta por la concertada en detrimento de la pública. Entre las novedades del nuevo decreto se encuentra que cualquier familia pueda elegir un centro privado sostenido con fondos públicos. Esta medida supone una clara apuesta por el modelo de educación concertada y deteriora el futuro de los centros de educación pública.

Abre la puerta a la supresión de unidades públicas. El movimiento asociativo de AMPA lleva años denunciando los recortes que sufre la escuela pública en todas las provincias andaluzas, con el continuo cierre de unidades. Un desmantelamiento que la administración justifica amparándose en el descenso de la natalidad aunque, lamentablemente, esta bajada solo afecta a los centros públicos, mientras que los concertados se mantienen intocables. Esta nueva norma abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas, al incluir siempre un centro privado-concertado en cada zona de escolarización.

No prioriza la calidad de la pública. En lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad en un contexto de descenso de la natalidad , el gobierno andaluz prioriza la aprobación de un decreto que favorece a la educación concertada y a sus patronales.

No modifica las zonas de escolarización de los centros públicos como hacen pensar algunos titulares cuando hablan de “blindar la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos”. Los centros públicos son los únicos capaces de garantizar una educación de calidad e integral en condiciones de igualdad, respetando la diversidad, y favoreciendo la inclusión.

Una medida puramente ideológica. La normativa parte de un problema que no existe. El propio consejero admitió “que el 93% de las familias escolariza a sus hijos en el centro que desea”. En realidad el dato es inexacto. El 95% de las familias puede escoger en primera opción el colegio que quiere. Por lo tanto, el decreto no obedece a un problema de partida, sino que se trata de una medida ideológica.

Oculta la falta de inversión en infraestructuras para la educación pública.

Desmantelamiento de la Escuela Rural. Esta política tiene un efecto directo: el desmantelamiento del modelo de escuela rural, sostenido exclusivamente con fondos públicos, ya que la escuela pública asume en exclusiva la escolarización del alumnado del medio rural, de vital importancia para contrarrestar su despoblación.

La libertad de elección, un argumento falaz. La “libertad de elección de centro” y la aplicación de criterios de “demanda social” tienen una motivación clara: las administraciones públicas destinan cada año más de 6.000 millones de euros a los centros privados acogidos al concierto. Casi uno de cada cinco euros que se invierten en educación van a parar a un centro privado.

Más desigualdad. Una medida como esta crea desigualdades educativas, segregando al alumnado según el nivel socioeconómico de la familia.

La cara oculta de los conciertos. Los conciertos educativos tienen consecuencias negativas en las condiciones laborales del profesorado. Además no atienden a zonas rurales y su coste requiere aportaciones extras por parte de las familias.

No pone en valor los centros públicos. La nueva normativa no pone en valor la educación en centros públicos, la formación y profesionalidad del profesorado, los recursos dedicados a la inclusión, la innovación y su apuesta decidida por la educación en valores.

La discapacidad, ninguneada. Otro retroceso del decreto es que no tiene en cuenta en la baremación la discapacidad o trastorno del desarrollo ni del alumnado ni de sus progenitores si no supera el 33%.

Una norma sin consenso. La aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se han rechazado las medidas que introduce este decreto.