A las diez de la mañana de hoy lunes, 2 de marzo, ha comenzado el juicio  oral por el caso de los convenios urbanísticos que por tercera vez sienta en el banquillo a los exalcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos) y Eva Corrales (PP), aunque esta última lo hace por su condición aquel entonces de delegada de Planeamiento del Ayuntamiento de Rota.

Este juicio fue el que el pasado 26 de noviembre de 2019 se suspendió porque las defensas de los acusados  alegaron que coincidía con otros señalamientos prioritarios.

Pasados tres meses, se inicia la vista oral en la Audiencia Provincial de Cádiz en la  que los exregidores roteños y  el constructor Felipe Castellano, entre otros acusados, tendrán que dar cuenta de la firma de tres convenios urbanísticos que según el fiscal, en realidad, no eran más que adjudicaciones de obras a dedo de las que se beneficiaba el constructor a cambio de que este comprara diverso material  de construcción y equipos de protección a empresas de Lorenzo Sánchez. Se estima que fue un 'modus operandi' que duró desde 2007 a 2011 y por el que ingresó medio millón de euros.

En la primera sesión de este juicio, que se prolongará hasta abril, se han planteado las cuestiones previas por parte de las defensa y mañana martes a primera hora, se resolverán por parte del Tribunal. A lo largo de  este juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, pasarán aparte de los acusados, una larga lista de testigos.

Otros acusados

Junto a los dos exalcaldes de Rota y el constructor, también está acusado en esta causa el ex concejal del PP, Ismael Puyana, relacionado con empresas del exalcalde que se beneficiaba de estos convenios supuestamente irregulares, el secretario municipal y un técnico municipal, ambos por firmar informes favorables. Además, están acusadas las esposas de Lorenzo Sánchez e Ismael Puyana, que figuraban en las empresas del exalcalde,  y el supuesto testaferro del exregidor roteño, también relacionado con las empresas del que entonces era líder del partido independiente Roteños Unidos.

La Fiscalía pide en su escrito de acusación  para Lorenzo Sánchez Alonso una pena de 4 años de cárcel por un supuesto delito de cohecho pasivo, multa de 1 millón de euros,  y 22 años de inhabilitación especial para cargo público (12 por un presunto delito continuado de prevaricación y 10 años por cohecho pasivo). Se le interesa además, decomiso de 532.851 euros  que fueron recibidos por Lorenzo Sánchez en concepto de dádiva.  Hay que recordar que por el juicio del "caso uniformes", el ex regidor tiene ya una condena de 1 año y medio de cárcel.

Pena similar se pide para el empresario Felipe Castellano. Por un delito continuado de cohecho activo se solicitan 4 años de prisión, 1 millón de euros de multa y 5 años de  inhabilitación especial para cargo público. Además, Felipe Castellano deberá indemnizar  al Ayuntamiento de Rota en la cantidad de 1.655.279,35 euros.

Para el resto de acusados, las penas son: al ex concejal del PP, Ismael Puyana, a su mujer, a la esposa de Lorenzo Sánchez y al supuesto hombre de paja del ex alcalde, el fiscal solicita  como responsables en concepto de cómplices en un delito continuado de cohecho pasivo, 1 año y 6 meses de cárcel, multa de 532.851 euros  e inhabilitación especial para cargo público  de 5 años.

Para la que fuera delegada de Planeamiento, Eva Corrales, se pide  como responsable de delito continuado de prevaricación en concepto de  autora, la inhabilitación especial para cargo público de 12 años. Hay que recordar que hasta ahora de los dos procedimientos judiciales, ella ha sido la peor parada ya que ha llegado a pisar la cárcel durante cuatro meses por el conocido como "caso horas extras". En verano consiguió el tercer grado que la mantiene en libertad, pero ahora se sienta de nuevo en el banquillo aunque sin petición de cárcel, solo de inhabilitación para cargo público.

Para los otros dos acusados, el secretario municipal y el técnico municipal que emitieron informes favorables encubriendo las adjudicaciones a dedo de los convenios urbanísticos, la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación  como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación.

Los dos ex dirigentes políticos están actualmente apartados de la política. Eva Corrales dimitió en 2015 cuando se ratificó por el Tribunal Supremo su pena de cuatro años de cárcel por el "caso Horas Extras", y Lorenzo Sánchez Alonso fue expulsado por el pleno municipal en enero de 2017 a raíz de su condena por el "caso Uniformes" donde tuvo pena de año y medio de cárcel y 13 años  de inhabilitación para cargo público.

Con este juicio, la pareja política de Corrales y Sánchez Alonso que se prolongó desde 2003 a 2015, se sienta por tercera vez ante un juez para dar explicaciones de su gestión al frente del Ayuntamiento de Rota. Lo han hecho por el "caso Horas Extras", por el "caso Uniformes", lo hacen ahora por este de "convenios urbanísticos" y lo tendrán que hacer una cuarta vez por el relacionado con la construcción del parking público "La Merced", una pieza separada del caso que ha comenzado a juzgarse esta mañana en Cádiz.