"Sus zapatos son los nuestros" han titulado desde la Comisión Social de Jueces y Juezas para la Democracia un comunicado que han querido hacer público en referencia a las dos marchas que pensionistas de Rota y Bilbao han protagonizado durante las pasadas semanas, cuando decidieron calzarse las botas para llegar andando hasta Madrid pidiendo unas pensiones dignas. Desde Rota, 722 kilómetros. Desde Bilbao, algo más de 400.

Con las dos marchas concluidas, algunos de los pensionistas de Rota y Bilbao dejaron el pasado 15 de octubre sus zapatillas a las puertas del Congreso de los Diputados como gesto simbólico de la lucha que han abanderado. Hoy, la Comisión Social de Jueces y Juezas para la Democracia hacen referencia a que esos zapatos también "son los nuestros" y de esta forma, muestran su apoyo a las reivindicaciones.

Ante la gesta de hombres y mujeres de avanzada edad que no han dudado en abanderar la lucha por un sistema de pensiones público de calidad, esta organización ha querido sumarse al apoyo manifestando que la realidad denunciada por los pensionistas es preocupante, no sólo para ellos, sino para las generaciones venideras. La pensión media en España en 2019 es de 993,11 euros. Las mujeres son las más perjudicadas en la precariedad de las pensiones, su pensión media es de 790,56 euros, frente a los 1.210,29 euros de los hombres. La cuantía de las pensiones mínimas de jubilación y  viudedad es de 677,40 euros mensuales. La mayoría de pensiones de viudedad, las cobran las mujeres.

Tales datos se han de relacionar con el preocupante aumento de la desigualdad y de la pobreza que informes nacionales e internacionales están  poniendo de manifiesto en relación con nuestro país, hechos que amen de conllevar una vulneración de la normativa anteriormente referida, a corto y medio plazo puede ser un riesgo evidente para la propia estabilidad democrática, apuntan preocupados.

Por eso, ante la preocupante situación de las pensiones, desde Juezas y Jueces para la Democracia, como asociación comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y el Estado Social y Democrático de Derecho, quieren manifestar su "firme apoyo y reconocimiento a las reivindicaciones realizadas para conseguir un sistema digno de pensiones. La lucha de las mujeres y hombres pensionistas es un ejemplo para todos", han dicho, pidiendo al Parlamento y al Gobierno, sea del signo que sea, que cumplan con los mandatos constitucionales e internacionales que le incumben, atiendan las justas  reivindicaciones de los pensionistas y garanticen un sistema de pensiones dignas y suficientes para quienes han pasado su vida trabajando.

Esta misma asociación recuerda que las reformas del sistema de Seguridad Social llevadas a cabo por la Ley 27/11, de 1 agosto y la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, han ocasionado un grave deterioro del sistema público de pensiones que garantiza la Constitución (art.41 CE), sometiéndolas a un régimen de revalorización que entraña una innegable pérdida de su poder adquisitivo. El art.50 CE contiene un mandato preciso dirigido al Estado "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

La Seguridad Social es un Derecho Humano reconocido en multitud de Tratados y Convenios Internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.22), hasta el Convenio 102 de la OIT, pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (art.9) o la Carta Social Europea (art.12). De dichos Convenios y Tratados se deriva la obligación de los estados de elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad Social.