Tal y como anunció hace una semana el parlamentario andaluz de Adelante Andalucía por Cádiz, José Ignacio García, en el día de ayer se elevó al pleno del Parlamento de Andalucía el conflicto de los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota, cuya plantilla ya ha cumplido tres años de enfrentamiento con la empresa concesionaria del servicio, Louis Berger Aircraft. 

Buscando que la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía se posicionase y buscara soluciones a lo que entienden que está siendo un problema de soberanía nacional donde una empresa americana en territorio español no estaría respetando los derechos laborales de los trabajadores,  pidió a la titular de la cartera, Rocío Blanco, que tomara medidas.

En sede parlamentaria, José Ignacio García dirigió una pregunta a la titular de Empleo para saber las medidas que el Ejecutivo andaluz piensa adoptar para hacer cumplir la legislación laboral española después de que la empresa hiciera hace tres años un ajuste de plantilla, alegando que sobraban 45 trabajadores, y que en este tiempo haya despedido a 32 y contratado a otros 57. “Las causas de esos despidos eran falsas y lo que se quería hacer era una modificación de las condiciones laborales por la puerta de atrás”, manifestó el parlamentario que aunque agradeció el apoyo expreso de la consejera a la plantilla, demandó soluciones.

“Hay que tomar medidas señora consejera”, porque “los trabajadores están pidiendo tres cosas: que la empresa se siente a negociar un nuevo convenio, que se readmitan a los despedidos y que se respete el derecho a huelga”. Para José Ignacio García, “lo que hay de fondo es una cuestión de soberanía” pero “este es un territorio andaluz, es territorio de España, -insistió- por lo que deben regir las leyes españolas. No podemos estar amparándonos en la bandera y en la soberanía en tantas ocasiones y cuando debemos usar la soberanía para defender los derechos de los trabajadores nos olvidamos de ella”.

En esta línea, el representante de Adelante Andalucía le preguntó sobre la prevalencia de “la regulación laboral española que defiende los derechos y las obligaciones de los trabajadores o el poder de una multinacional que está haciendo lo que quiere en territorio andaluz”. Finalmente, lamentó que ahora el gobierno de la Junta apele a la responsabilidad del Estado cuando “su propio partido en la provincia de Cádiz decía hasta hace unos meses, antes de las elecciones autonómicas, que era competencia andaluza y, ahora, que es competencia estatal. Lo cierto es que uno por otro, y la casa sin barrer mientras que estos trabajadores llevan tres años en conflicto, con 32 personas en la calle y asistiendo durante todo un año a la vulneración de su derecho a huelga, que está siendo atacado y reprimido mientras que sus gobiernos no ponen soluciones”, concluyó el parlamentario que invitó a miembros del comité de empresa de Louis Berger y a los concejales de IU y de Podemos Rota a estar en el Parlamento.