La Asociación Local de Ayuda al Toxicómano (ALAT) y la Federación ENLACE han querido poner sobre la mesa, con motivo del día de a Merced que se celebraba ayer 24 de septiembre, las carencias sanitarias que las personas reclusas sufren en los centros penitenciarios donde se encuentran cumpliendo sus condenas.

Como datos que apoyan esta petición, desde estas entidades destacan que las muertes en prisión han aumentado un 42,9% en 2018 y son las prisiones andaluzas las que más muertes registran por causa de las drogas. Si en 2017 fueron 28 los fallecidos registrados, la cifra en 2018 ha subido hasta 62, un dato realmente alarmante. Muchas de estas muertes se deben a sobredosis por consumo de drogas adulteradas y falta de programas de deshabituación así como suicidios relacionados con problemas de salud mental.

Según ALAT y ENLACE, las personas drogodependientes, procedentes de entornos de exclusión social, siguen siendo el perfil mayoritario en  las cárceles. Estas personas han cometido en su mayoría delitos no violentos contra el patrimonio (robos y hurtos) o contra la salud pública (menudeo de drogas), delitos cuya raíz está en la tremenda desigualdad y pobreza que existe en la región, con más de un 37% de la población en riesgo de exclusión social. En el caso de las mujeres presas, es muy habitual encontrar concurrencia de violencia de género y abuso de sustancias, lo cual hace aún más claro el vínculo entre problemáticas sociales estructurales que acaban teniendo consecuencias penales.  

ALAT, gracias a una subvención con cargo al IRPF comenzará en este mes de septiembre dos nuevos talleres en el Centro Penitenciario de Puerto III, uno de preparación de permisos y otro dirigido a enfermos de Patología Dual con lo que esperan mejorar en la medida de sus posibilidades las condiciones de un buen número de reclusos que puedan beneficiarse de ambos talleres.

ENLACE y ALAT quieren incidir en varias propuestas que creen que son necesarias como que la Consejería de Salud y Familias aumente sus esfuerzos para asumir las competencias en sanidad penitenciaria, como se ha hecho en País Vasco y Cataluña y como especifica la Ley 16/2003 de Cohesión y Sanidad del Sistema Nacional de Salud; que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ponga en marcha y financie mecanismos de Justicia Restaurativa, como la mediación penal, que sirve para reparar el daño causado a la víctima, responsabilizar a la persona infractora y pacificar la sociedad; que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación siga financiando programas para la reinserción de personas reclusas como herramienta eficaz para la cohesión social.